2015 no ha sido fácil para el TTIP. A medida que avanzaba el año, las negociaciones sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) fueron encontrando obstáculos importantes que han puesto en entredicho las posibilidades de que un tratado de la magnitud del inicialmente planteado pueda aprobarse en los plazos estimados en el principio de las negociaciones. Es evidente que la pretensión de finalizar la negociación del TTIP en 2015 para conseguir someter el texto a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo en abril o mayo de 2016 --y así asegurar su entrada en vigor en enero de 2017, coincidiendo con el fin de la presidencia de Obama-- es ya imposible, pero tampoco parece probable que 2016 allane el camino para conseguir cerrar las negociaciones del Tratado, al menos no de uno igualmente ambicioso.

Las dificultades con las que se ha venido enfrentando el TTIP son diversas y se mantienen in crescendo. Por un lado, el rechazo ciudadano sigue aumentando y, tras la demostración de fuerza que se escenificó con la presentación el 7 de octubre de la Iniciativa Ciudadana Europea auto-organizada contra el TTIP y el CETA [el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá] respaldada por 3.284.289 firmas recogidas en un año, las campañas Stop TTIP han incrementado las acciones en el conjunto de la UE. Este rechazo creciente está llevando a la Comisión a realizar un esfuerzo considerable en publicitar las virtudes que, según diversos informes, van a derivarse del Tratado. Esta publicidad, sin embargo, está encontrando una respuesta tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el universitario y político/sindical.

En concreto para el caso español, la Comisión ha publicado como textos clave para entender el TTIP un informe titulado El impacto en la economía española de la firma de la asociación transatlántica sobre comercio e inversión (TTIP) con EE.UU., financiado por la CEOE, y el documento titulado TTIP: una gran oportunidad para las pymes españolas. En la misma línea que otros informes anteriores encargados por la Comisión Europea, el realizado por el centro de estudios CEPR por ejemplo, y utilizando el mismo método, el primer documento pronostica un efecto del TTIP que podría llegar a suponer una elevación del PIB de más de 36.000 millones de euros o la creación de más de 334.000 puestos de trabajo. No obstante, y como han afirmado otros expertos, el informe español financiado por la patronal y por la Cámara de Comercio, y adoptado como “oficial” por la Comisión, adolece de las mismas carencias que los informes de ámbito europeo. Entre otras razones, distintos académicos han indicado que el modelo utilizado realiza predicciones excesivamente optimistas que descansan en la asunción de que tanto la UE como EE.UU. son capaces de eliminar las normas o regulaciones que obstaculizan el comercio sin oposición política, lo cual no es en absoluto probable. Además, ni los estudios de ámbito europeo ni el español computan los potenciales efectos negativos que tendría una desregulación como la que se propone. También pasa por alto que las distintas herramientas incluidas en el Tratado para conseguir la cooperación reguladora probablemente causarían un descenso de los estándares laborales, sociales y medioambientales. En sentido contrario, otros estudios han pronosticado graves consecuencias en el ámbito económico y, desde luego, son numerosos los y las autoras que señalan el posible impacto del TTIP en el ámbito socio-laboral.

El impacto del TTIP en las pymes es otro de los ejes a través del cual la Comisión intenta generar un apoyo ciudadano. Más allá de los datos concretos del reducido porcentaje del comercio con EE.UU. que llevan a cabo las pymes, sobre lo que se remite por ejemplo al informe del Instituto Veblen o a diversos artículos aparecidos recientemente sobre la cuestión, es importante señalar las imprecisiones que contiene el folleto publicado por la Comisión. En efecto, el cuadernillo publicitario vierte afirmaciones como las siguientes: “El TTIP reducirá o, en la mayoría de los casos, suprimirá los aranceles que se aplican actualmente entre la UE y los EE.UU.”, o “El TTIP también proporcionará acceso al mercado estadounidense en ámbitos que hasta ahora estaban prácticamente cerrados para las empresas de la UE”, o incluso “El TTIP ampliará la lista de denominaciones geográficas protegidas”. Pero la realidad es que ninguna de estas afirmaciones puede considerarse asegurada en este estado de las negociaciones. Así, es evidente que la reducción total de aranceles en algunos sectores parece harto improbable, al igual que es totalmente incierto que EE.UU. acceda a abrir el acceso de manera significativa a su mercado de contratación pública o que finalmente sea posible esa ampliación de la lista de denominaciones geográficas protegidas. No cabe duda de que tales pretensiones han sido puestas sobre la mesa de una manera u otra por la Comisión Europea, pero esto no implica la aquiescencia de la contraparte.

Más allá de esta dinámica interna para ganarse el apoyo de la ciudadanía, pero sin duda con esta presión como telón de fondo, durante 2015 se han abierto otros escenarios complicados para la Comisión Europea. Tal vez el más peliagudo de todos ha sido el mantenimiento o no del ISDS (sistema de resolución de controversias inversor-Estado). Con vistas a contentar a la opinión pública y a salvar la (lograda in extremis) Gran Coalición en el Parlamento Europeo, la Comisión ha propuesto una modificación del mecanismo de resolución de controversias, que pasa a llamarse ICS (Investment Court System). La nueva propuesta ha recibido también numerosas críticas, fundamentadas en que se han mantenido invariables los objetivos y los resultados posibles del mecanismo de arbitraje: el ICS sigue orientándose al establecimiento de una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales. Además, la propuesta de la Comisión plantea dos problemas fundamentales: por un lado, la UE ha manifestado su voluntad de no modificar el sistema de arbitraje planteado en el CETA, por lo que a través de Canadá sigue abierta la puerta a la utilización del sistema “tradicional”. Por añadidura, la primera reacción de Estados Unidos ante la publicación, informal, de la propuesta ha sido el rechazo claro a este nuevo sistema, aunque no ha habido todavía un pronunciamiento oficial, todo parece indicar que la contraparte americana mantendrá el contenido de sus acuerdos de inversión, mucho más exigentes, como punto de partida y rechazará el ICS.

En medio de esta incertidumbre, 2015 acababa con otro escenario sin resolver puesto que la aprobación del TPP [Acuerdo de Asociación Transpacífico] también se ha complicado. Diversas fuentes estadounidenses señalan que las críticas a las que la Administración Obama debe hacer frente respecto a este tratado impiden que pueda implicar todo su capital político en el TTIP, por lo que el rechazo de un tratado puede implicar posponer el otro incluso más allá de 2016. Pero posiblemente la cuestión que podría suponer un retraso mucho más considerable o incluso un posible abandono del TTIP es su consideración como tratado mixto, es decir, como un tratado que por afectar a las competencias de los Estados miembros debe ser aprobado tanto en el ámbito de la UE como en el plano nacional, abriéndose la puerta a 28 procesos de ratificación. Curiosamente, en los últimos meses de 2015 la Comisión parecía inclinarse por esta posibilidad, aun antes de que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado el respecto, lo que significaría sin duda un importante paso para que la ciudadanía europea pudiera pronunciarse sobre el TTIP e implicaría evidentemente un retraso, más que justificado, de su posible aprobación.

Se abre un año en el que las negociaciones del TTIP van a mantenerse como el eje fundamental de la política de comercio de la UE con el mandato explícito de pisar el acelerador, y llegar a la mitad de las negociaciones en verano de 2016, pero con multitud de interrogantes de difícil resolución. La dicotomía que se plantea de manera clara, es la siguiente: ¿van a preferir los negociadores un tratado con contenido reducido pero cuyas negociaciones pueden finalizar en el plazo que políticamente les conviene? ¿Van a optar en cambio por mantener las expectativas y retrasar el momento de la adopción del TTIP?

Dos citas están ya en el calendario. La primera es la visita de Obama a Merkel en abril de 2016 para avanzar en las negociaciones; la segunda, de fecha incierta pero planteada sin duda para este año, es la aprobación del CETA, cuestión de máxima importancia sobre la que debería informarse convenientemente a la ciudadanía.

Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.

Este artículo, con el título El TTIP y sus interrogantes: 2016 como año decisivo, que no concluyente, ha sido publicado en Euractiv.es el 4 de enero.