La  Unión Europa y Estados Unidos negocian desde febrero del 2013 un nuevo tratado comercial, el TTIP. Este es mucho más que un acuerdo económico ya que plantea dos mecanismos insólitos hasta ahora en acuerdos de este calado. Por un lado, la existencia de un tribunal de arbitraje creado ad hoc para que las empresas demanden a los Estados en caso de que estos legislen en contra de sus beneficios presentes e incluso futuros. El objetivo del llamado ISDS, por sus siglas en inglés, es ofrecer garantías a los inversores. Las voces críticas con más autoridad denuncian que supone la cesión de soberanía a las grandes empresas y un ataque a los derechos humanos. Por otro lado, incluye además lo que se ha llamado convergencia reguladora, la creación de un organismo consultivo transatlántico. Su función sería analizar que las legislaciones de cualquiera de los firmantes no afecten al comercio y hacer “sugerencias” sobre el contenido de estas. A pesar de que  sus recomendaciones no serían vinculantes, los temores de que los intereses privados bloqueen y debiliten distintas regulaciones están muy presentes.

A estos mecanismos se suma el “reconocimiento mutuo” de regulaciones entre ambas partes.  Para Gabriel Siles-Brügge, de la Universidad de Manchester, cuanto más ambicioso sea el acuerdo en este aspecto, más posibilidades habrá de que normas como las climáticas o laborales se revisen a la baja.

¿Qué plantean sobre el TTIP en sus programas electorales las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales de este 20 de diciembre?

PSOE: a favor, aunque con reservas

El programa del PSOE apuesta por el TTIP siempre que se respeten algunos preceptos. “En todo caso, se preservará plenamente la capacidad de las autoridades nacionales de legislar sobre sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas por intereses privados”, dice el programa socialista sobre el tratado.

La declaración del partido de Pedro Sánchez  choca frontalmente con los mecanismos previamente citados. Varios estudios alertan del riesgo que entraña este acuerdo, no tanto para privatizar, como para volver a nacionalizar los servicios públicos. El libre acceso a los mercados y el trato favorable a los inversores extranjeros, gracias al ISDS, son los culpables.

El PSOE resalta en mayúsculas al inicio de su documento programático “la defensa de lo público”. La Comisión Europea ha reconocido que los servicios públicos como el agua ya están sobre la mesa en las negociaciones del TTIP.

Este tratado, según los socialistas, “deberá contribuir al crecimiento económico sostenible y a la creación de empleo de calidad”. Bruselas ha abandonado este argumento tras los diversos informes independientes que lo cuestionan. Además, Sigmar Gabriel, ministro socialista de Economía en Alemania, también duda de él. “No me creo todas esas estimaciones sobre el impacto económico. Dan una impresión irreal”.

Podemos: oposición frontal al TTIP y a los mecanismos secretos de arbitraje privado

En el apartado 322 de su programa de Democracia Internacional, Podemos se opone frontalmente a la ratificación de los tratados comerciales y habla no sólo del TTIP, sino también del TISA (un acuerdo transatlántico similar pero en materia de  servicios)  y del CETA (negociado con Canadá).

La formación morada va más allá. Propone como alternativa al TTIP un tratado que anteponga los derechos humanos al mero interés comercial y señala que “auditará y pondrá fin a todos los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que contengan mecanismos secretos de arbitraje privado entre inversores y Estados”.

Su programa incluye además el fomento de un “cambio en las políticas de comercio e inversión del Consejo Europeo y una actitud disuasoria para que los países de la UE no presionen a terceros para firmar nuevos tratados de comercio e inversión”.

Ciudadanos: del lado de los intereses empresariales, pero con líneas rojas

Ciudadanos, que define el TTIP como “una oportunidad para que las democracias liberales pueden tener una influencia decisiva en gobernanza global”, mantiene una postura muy próxima a los conservadores del Partido Popular Europeo y los intereses empresariales. El estudio que citan en su programa sobre cómo las exportaciones derivadas de la firma del tratado transatlántico  beneficiarán a España fue encargado por el Gobierno del PP al Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE.

Ciudadanos afirma en su programa que “mantendrá una posición favorable sobre el TTIP siempre que se respeten ciertas líneas rojas” como la transparencia o la no rebaja de principios fundamentales como los derechos humanos, la protección de los consumidores y de los derechos laborales, etcétera.

La formación de Albert Rivera aboga porque “la separación entre el arbitraje internacional y los sistemas judiciales nacionales debe ser clara”. Dicha máxima ni siquiera se está cumpliendo actualmente debido a las puertas giratorias entre el sector jurídico privado y la Abogacía del Estado. En 12 de las 20 demandas que España ha recibido en tribunales de arbitraje similares a los que propone el acuerdo con Estados Unidos, un abogado del Estado en excedencia asesoraba a los demandantes.

Por último, la formación propone que “el TTIP promueva el comercio y el desarrollo de bienes  verdes y sostenibles”. La última filtración sobre sostenibilidad ambiental en el tratado va en dirección contraria. Está vagamente redactada y ni siquiera es vinculante. "Las garantías planteadas para el desarrollo sostenible son prácticamente inexistentes en comparación con las protecciones previstas para los inversores (ISDS). La diferencia es bastante obscena," dijo Tim Grabiel, un reputado abogado ambientalista parisino, en The Guardian.

Partido Popular: apoyo incondicional al tratado como oportunidad de crear riqueza 

La postura de los populares es la más breve. “La Unión Europea debe liderar la creación de grandes acuerdos comerciales, como el TTIP, que están teniendo lugar”, se lee en su programa. Obvia que, según los documentos de negociación, quien encabeza este proceso es Estados Unido.

Justifican su apoyo al tratado “por la oportunidad de crear riqueza y nuevas oportunidades para las pymes con gran impacto en el comercio, la energía, la seguridad y el transporte”. El acuerdo no contempla ningún capítulo específico para las pequeñas empresas.

Unidad Popular: rechazo al TTIP y construcción de una alternativa

Unidad Popular propone “un gobierno que rechace el TTIP y promueva la Tasa sobre las Transacciones Financieras, medidas concretas contra los paraísos fiscales y el Tribunal Penal Internacional”. Como alternativa plantea crear otra organización política y económica “que supere el abatimiento provocado por el tsunami neoliberal que desde hace ya demasiado tiempo soporta la ciudadanía”.

UPyD: sin alusiones

A pesar de que el programa de Unión, Progreso y Democracia existe un apartado para política internacional, cooperación y defensa; el de Andrés Herzog es el único partido que no incluye ninguna alusión al TTIP.