Dice un viejo chiste que en plena noche un borracho busca sus llaves perdidas bajo la farola no porque crea encontrarlas ahí, sino porque al menos cuenta con luz para intentarlo. La corrupción, lo crean o no, funciona de forma muy similar: sólo aparece en la agenda pública si la sociedad que la sufre --o se beneficia de ella-- tiene el más mínimo interés en poner el foco y levantar alfombras. A pesar de los tópicos sobre el vil extranjero, Italia hizo un esfuerzo por la limpieza a principios de los 90: el macrosumario de Mani Pulite, a cargo de un sector valiente de la judicatura con el apoyo de los medios, hizo volar el régimen de la I República por los aires. La Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano se disolvieron y Bettino Craxi acabó sus días en Hammamet protegido por su compañero de la Internacional Socialista Ben Alí.

Pero Spain is different, y como en la Esparta de Licurgo, Leónidas y compañía el verdadero delito no es robar, sino que a uno lo pillen con las manos en la masa. Mientras sea capaz de disimular le irá bien y a la larga todos muertos --y amnistiados--. Mientras que en Italia la evidencia de una red masiva de comisiones por contratos públicos y financiación ilegal --el llamado Tangentopoli-- llevó a una catarsis colectiva --si lo que vino después fue mejor o peor es otro debate-- en España no ha tenido ninguna consecuencia práctica sobre la arquitectura del sistema. Hay indicios sólidos de la existencia de una única red estatal de sistema de adjudicaciones de obras y contratos: las mismas constructoras cotizadas en el IBEX, el mismo modus operandi de fundaciones y empresas vinculadas a los partidos recibiendo donaciones en dinero negro; una coincidencia temporal sorprendente en los cuadernos de contabilidad entre donaciones y adjudicaciones de obra, y hasta una tarifa tipo, el 3% del valor. Un savoir faire exportado con éxito a África --demandas, sobrecostes y abandono de contratos en Argelia--, Centroamérica --sobrecostes millonarios en el Canal de Panamá--  y el Desierto Arábigo --sorpresa, más sobrecostes de 6.000 millones en el AVE La Meca-Medina, incluidas las comisiones por su mediación, ingresadas en Suiza, como corresponde, según informó Interviú-- a miembros del entorno de la Corona. Siempre los mismos nombres: FCC, Ferrovial, OHL...

Hay constructoras como FCC y Ferrovial, por ejemplo, que hacen bingo: aparecen en el caso de los sobrecostes del AVE Madrid-Barcelona, en la trama Púnica, en Gürtel-Bárcenas, en el caso de los ERE andaluces y el caso Palau-Convergència. Constituyen el auténtico nexo en común entre todos los grandes sumarios de corrupción del Estado, con el que unos investigadores que se dedicaran a seguir al dinero, como en The Wire, armarían un gran caso. Pero Luis Bárcenas es fuerte y no habla, el sindicalista andaluz Juan Lanzas y el prócer Fèlix Millet guardan el mismo silencio ibérico prudente, y Jordi Pujol advierte de los riesgos que conlleva para todo el árbol hacer caer una rama. La judicatura, por cierto, tampoco desobedece mucho: los mayores riesgos para las instituciones vienen de un juez de instrucción mallorquín empeñado en la igualdad ante la ley. Cuanto más arriba, menos problemas para el poder: milagrosamente el juez interino de la Audiencia Nacional Ruz no estimó relación alguna entre las anotaciones en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones de obra coincidentes en el tiempo.

Ante todo este cuadro, en los tres territorios más poblados del Estado --Andalucía, la Comunidad de Madrid y Catalunya-- los tres partidos protagonistas en los grandes sumarios de corrupción y con los casos abiertos --PSOE, PP y Convergència-- siguen cómodamente instalados en el poder. Los líderes políticos en el momento del esplendor de esas grandes tramas --Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Artur Mas-- están aún más o menos en activo, y algunos como José Antonio Griñán y Manuel Chaves se retiraron --forzadamente-- hace apenas unos meses. Ninguno de ellos ha sido aún ni siquiera juzgado por estos casos, la mayoría de ellos ni tan siquiera imputado. Múltiples ministros, consejeros y diputados relacionados con tales sumarios siguen en política activa como si nada y más o menos jaleados por la prensa. Pero nada de esto es demasiado relevante si se dispone de un muñeco vudú para exorcizar los problemas y reírse como terapia: a la progresía española siempre le queda el recurrente ¿Cuándo se jodió Valencia?

El País Valenciano, al que no sin cierta razón se compara con Italia --aunque Valencia está hermanada con Bolonia y no con Nápoles como algunos creen--, es el cuarto territorio más poblado del Estado, con cinco millones de habitantes. Pero a diferencia de los tres territorios más poblados, el partido responsable de sus grandes casos de corrupción, el PP, ha sido desalojado del Gobierno autonómico y de casi todos los grandes ayuntamientos. Hay muchos sumarios abiertos en relación con las dos largas décadas de Gobierno del PP que dibujan un mapa preocupante de hasta qué punto la corrupción se extendió en las Administraciones autonómica, municipal y provincial valencianas. Lo que se tiende a explicar menos son las causas por las que todo esto ha salido a la luz. Aun así, los números hablan por sí solos. Este estudio de José Garcia del Institute Français de Géopolitique, distribuye en un mapa las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de municipios afectados por casos de corrupción, en color más oscuro.

Lo que sí es bien cierto es que mientras la oposición madrileña firmaba el Pacto de Estado por Caja Madrid, incluidas tarjetas black, créditos en condiciones ventajosas y un ominoso pacto de silencio, la oposición valenciana se dedicó a denunciar, investigar y querellarse en casos en los que la Fiscalía no parecía demasiado operativa. La reciente Operación Taula tiene mucho que ver con la denuncia, la documentación y el seguimiento operado por Esquerra Unida del País Valencià a lo largo de varios años al respecto. Las diferentes piezas valencianas de Gürtel no serían posibles sin las querellas del PSPV-PSOE, que se endeudó para hacerlas posibles; así mismo con la rama valenciana del caso Nóos. Los casos Cooperación, EMARSA, Brugal o Taroncher no serían posibles sin la persecución de Compromís, incluidas amenazas de muerte y otras de carácter machista a sus diputadas, tal y como aparece en las escuchas. En contraste, la acusación popular contra Bankia en Madrid sólo fue posible por crowdfunding --UPyD aparte--. En Catalunya o Andalucía ni eso.

No existe tampoco un Marcos Benavent en otras latitudes ibéricas. Su rocambolesca figura es propia de un biopic digno de ser filmado por Paolo Sorrentino: la historia del pijo reconvertido en hippy, exyonqui del dinero y otras cosas; un hombre de éxito temeroso de sus compañeros hasta el extremo de grabar sus andanzas como protección. Aunque tiene mucho de sobreactuación en el marco de una estrategia de defensa, cabe remarcar que es el único gran caso de arrepentido en los últimos años, marcados por el hermetismo. A diferencia de Jaume Matas, que aparte de reparar el daño con sus bienes apunta que al final hacía lo que todos, Benavent parece entender que los tiempos han cambiado y que los jueces --y la sociedad valenciana-- desean comprar el discurso según el cual la época de la burbuja fue una locura que no es deseable que regrese; una sociedad deseosa de que se sepa toda la verdad, de que “salga mierda a punta pala”, en sus propias palabras. No está claro que el conjunto de la sociedad española, imbuida de la lógica de la “recuperación económica”, comparta mayoritariamente este discurso.

Es natural que el país donde se fabricó el primer papel europeo y se imprimió el primer libro de la Península Ibérica dé mucha importancia a los libros y a los relatos. Si, además, debe su momento fundacional a un código de leyes --los mismos Furs que hace unos días Joan Baldoví de Compromís regalara a Felipe VI y que antaño todos los reyes de Valencia habían de jurar para ser coronados--, es natural que entienda el poder performativo y no sólo descriptivo del lenguaje. El nom fa la cosa (el nombre hace la cosa) decía Joan Fuster, el intelectual y ensayista que en los años 60 del siglo XX hubo casi que inventarse en un libro --Nosaltres els Valencians-- un país nuevo para suplir los vacíos de la postguerra, de las decenas de miles de desaparecidos del genocidio franquista. Hacen falta historias para llenar los vacíos, explicarse los silencios.

Por eso no es casual que un hijo de republicanos valencianos, antifranquista él mismo y después retornado, Rafael Chirbes, haya sido el mejor cronista --con un reconocimiento social casi póstumo en su tierra, habiendo sido profeta en el extranjero-- del hilo argumental que une las fosas del Cementerio General de València con Marina d’Or Ciudad de Vacaciones Dígame. Donde unos quisieron ver una moraleja sobre la corrupción en casa ajena, Chirbes explicó no sólo a España sino al mundo, con precisión de viejo marxista, la postguerra, la Transición y la democracia de estreno en términos de acumulación, de desposesión, del olvido y el papel amnésico de la burbuja financiera. El espejo deformado de su Crematorio sólo deja de una pieza al constructor Rubén Bertomeu: consciente de sus actos, de sus limitaciones y contradicciones, de cómo todo su entorno vive de y alrededor del único capaz de mancharse las manos. Todos le desprecian o critican, pero prefieren mirar hacia otro lado y no reconocer su corresponsabilidad, cuánto de su bienestar proviene de las decisiones del constructor; mirarse al espejo y comprobar cuánto de Rubén Bertomeu hay en cada uno de ellos. El mensaje es desalentador: está en la arquitectura del sistema mismo.

Aunque no puede decirse que en el País Valenciano se haya comprendido excesivamente bien la obra de Rafael Chirbes, sí puede decirse que hasta cierto punto los nuevos gobiernos, la --ciertamente raquítica pero persistente-- sociedad civil y un sector de los medios han hecho una apuesta clara por limpiar la basura de las décadas precedentes y revertir algunas de sus políticas, entendiendo que la corrupción ha tenido una relación directa con el sistema productivo e institucional. Así se contempla en la agenda legislativa del llamado Pacte del Botànic --suscrito entre PSPV--PSOE, Compromís y Podemos-- unida a cierta voluntad de ruptura con el pasado e inicio de nuevas políticas, ciertamente más presentes en algunas administraciones --incluso en algunos departamentos-- que otros. Ello lleva a abrir debates sobre transparencia, horarios comerciales, urbanismo, modelo escolar, radiotelevisión pública o el papel de las diputaciones provinciales, aunque sea tímidamente y de forma insuficiente. Algo es algo.

Paradójicamente, la adaptación televisiva de Crematorio tomó otros derroteros. Aparte de la estética kitsch y barroca, mostraba a un villano desalmado aunque de gran personalidad, capaz de hacer infeliz a su familia y a su entorno, sin un discurso claro sobre sí mismo y sus motivaciones y cuyos crímenes eran castigados al final, para gusto del espectador. Un mensaje mucho más digerible para el público español y que dejaba a un villano claro que evitaba que el espectador medio pudiera pensar que al final el problema son siempre los otros. Eso representa la Valencia contemporánea para España, y seguramente las charlotadas de Alfonso Rus sean un buen ejemplo del tipo de villano que el público espera como chivo expiatorio mientras la nueva política / de siempre aprueba recalificaciones urbanísticas en su zona para atraer inversiones de millonarios de países emergentes.

La próxima vez que lean, vean u oigan burlarse de la corrupción valenciana en su medio favorito o en una conversación de bar, miren a su alrededor y pregúntense si en su ciudad, comunidad o país --como prefieran-- no hay nada de eso, si no hay algo de Rubén Bertomeu en su entorno; si realmente no hay llaveros de corrupción por el suelo o simplemente no tienen a un Rafael Chirbes de turno a quien se le haya ocurrido encender las farolas para poder buscar. Introspección o caricatura. Lo dejo a su arbitrio.