En los últimos años los escándalos y casos de corrupción se han multiplicado en España, salpicando a instituciones, partidos políticos, grandes empresas o administraciones públicas. 2016 comenzaba con las vistas previas del caso Noos, que involucra a la Casa Real –de la mano de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín– en una trama de delitos fiscales. Por otro lado, se esperan novedades en torno a la figura de Rodrigo Rato, con tres causas pendientes por numerosos casos de corrupción que se entrelazan en distintas tramas –'tarjetas black'– y que terminan en la gestión fraudulenta de su patrimonio personal.

También ha habido novedades en los últimos días en el caso Bárcenas, con el Partido Popular llamado a declarar en calidad de imputado. Más reciente aún es la detención de 24 personas relacionadas con este mismo partido en una operación anticorrupción en la Comunidad Valenciana. Se esperan noticias del caso Pujol, el 3% en Cataluña, la operación Púnica o los ERE de Andalucía… Suma y sigue.

Por todo ello, el debate público y político de las últimas elecciones tuvo como arma arrojadiza preferida (de ida y vuelta) la corrupción, con más o menos éxito: del “indecente” de Sánchez a Rajoy al forzado “pague, señor Monedero” de Sáenz de Santamaría a Iglesias. Los emergentes hicieron bandera de la lucha contra la corrupción, y pidieron el apoyo de una sociedad cada vez más crispada con la situación.

En este sentido, el último barómetro del CIS –diciembre de 2015– señala que el 38% de la población ve en la corrupción uno de los tres problemas principales actuales en España. Entre noviembre de 2014 y junio de 2015, este porcentaje rara vez bajó del 50%. Es decir, al menos la mitad de los españoles consideran la corrupción uno de los tres principales problemas del país. Lo más llamativo, sin embargo, es que solo el 5,4% de la población hacía esta consideración al comenzar la última legislatura del PP en 2011.

Es decir, la preocupación de los Españoles por la corrupción se ha multiplicado por ocho durante la legislatura de Mariano Rajoy, llegando a ser diez mayor durante algunos periodos. Cuatro años en los que el partido en el gobierno se ha visto inmerso en múltiples casos de corrupción: Púnica, Gürtel, Noos, Bárcenas, Pokémon, tarjetas black... Cinco de los seis tesoreros que ha tenido el PP están imputados, uniéndose así a los cerca de 500 acusados que tiene la formación. 

No sorprende, por lo tanto, que el último gobierno popular sea el ejecutivo peor valorado desde 1996. Según confirma la OCDE en su informe Society at a Glance 2015, existe una relación importante entre la corrupción y la desconfianza que generan los gobiernos. Así, mientras que en en 2014 la confianza en el gobierno en España era sólo del 21%, la percepción de la corrupción en el ejecutivo era del 84%. Ocurría lo mismo en Italia, con una relación 31%-89%. 

Como ejemplo intermedio, en Bélgica la confianza en el gobierno era del 47% y la percepción de corrupción en el mismo del 51%. En el extremo contrario, Noruega tenía una confianza gubernamental del 70% y una sensación de corrupción del ejecutivo del 30%.

La encuesta del Eurobarómetro sobre negocios y corrupción de la Comisión Europea, publicada en diciembre de 2015, también advierte sobre la preocupación que levantan la corrupción y el fraude en España, así como las diferencias que existen entre nuestro país y el ámbito europeo sobre este problema. El 55% de los encuestados en España señala que la corrupción es un problema para sus empresas a la hora de hacer negocios, frente al 40% de respuestas afirmativas en el total de la Unión Europea.

Si bien la percepción de la existencia de la corrupción ha disminuido mínimamente entre 2013 y 2015 –cerca de cuatro puntos en ambos casos–, el 93% de los españoles encuestados sigue afirmando que la corrupción está extendida en nuestro país. En el caso de la UE-28, el porcentaje medio es del 71%. 

El Eurobarómetro también señala que el 38% de los encuestados españoles considera las comisiones una practica extendida, frente al 20% de la media de la UE-28. Ocurre lo mismo con los favores en las instituciones públicas –57% frente a 39%– o con la financiación de partidos a cambio de contratos o leyes –35% frente a 30%–.

Índice de corrupción

Recientemente, la organización Transparency International ha publicado su Índice Global de Corrupción 2015, investigación que mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público a nivel mundial.

En este último trabajo, España ha empeorado su posición: ha pasado de una calificación de 60 puntos (sobre 100) en 2014 a 58 el año pasado. Los numerosos casos de corrupción de los últimos años han hecho que, desde 2012 (65 puntos), la caída en la medición sea de siete puntos negativos. Otros países europeos, como Grecia o Reino Unido, han mejorado sus calificaciones en los últimos tres años.

Dentro de la Unión Europea de los veintiocho, donde la media en la calificación es de 65 puntos y sólo hay un 14% de países que suspenden, España en 2015 ocupa el puesto 18, situándose entre Eslovenia y la República Checa.

Este Índice de Percepción de la Corrupción se elabora utilizando 12 fuentes de distintas instituciones –como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial o la Fundación Bertelsmann–, cuyos datos se homogeneizan para lograr un promedio estandarizado para cada zona del mundo.

‘Ranking’ de justicia

Anualmente, el World Justice Project –organización con sede en Washington y con financiación de fundaciones y grandes compañías norteamericanas– también publica su índice de Estado de Derecho o ranking de justicia (Rule of Law Index). Se trata de un indicador complejo, que tiene en cuenta factores –desagregados temáticamente– como la transparencia, la justicia social, los derechos fundamentales o la corrupción.

En la última publicación de la organización, de 2015, España ocupa el puesto 24 de 122 en este índice o indicador. En lo relativo a la corrupción (medida a través del factor ‘ausencia de corrupción’), España cuenta con una valoración de la ausencia de corrupción de 0,69 puntos (sobre 1). Está, además, situada en el puesto número 15 de los 22 países de la UE analizados en este ámbito, justo por delante de Polonia, República Checa y Eslovenia.