El sector energético español vuelve a los malos humos. Y en cantidades industriales: cerró el año 2015 con un repunte de las emisiones de gases de efecto invernadero de más del 20 % para acercarse a un volumen equivalente a los 75 millones de toneladas de CO2 y revertir la tendencia que comenzó a seguir los dos años anteriores. ¿A qué se debe ese cambio? Básicamente, al aumento de la quema de carbón, origen de dos terceras partes de esas emisiones al superar los 50 millones de toneladas, como consecuencia del desplome de la generación eólica y de la hidráulica. Y precisamente, cuando las energías renovables estaban cerca de dar el sorpasso a las basadas en la quema de combustibles fósiles y a la nuclear.

Las renovables habían cubierto más del 42 % de la demanda eléctrica española en los dos ejercicios anteriores, según los datos de REE (Red Eléctrica Española), la empresa que gestiona el sistema de distribución. Sin embargo, el avance de resultados de 2015 revela cómo la producción de la energía eólica, pese a haber sido el principal proveedor del sistema entre febrero y mayo, cayó algo más de cinco puntos mientras el retroceso de la hidráulica superaba el 28 %.

Ese descenso de la producción hidroeléctrica se debe, principalmente, al cuadro cercano a la sequía que se da en varias cuencas españolas. El boletín de otoño de la Copac (Comisión Permanente de Adversidades Climáticas, del Ministerio de Medio Ambiente), el del cierre del año hidrológico, describe varios efectos del cambio climático: lluvias escasas y habitualmente inferiores a la media normal que se combinan con episodios de precipitaciones de mucha intensidad, reservas embalsadas por debajo de la media del lustro y ligeramente superiores a las de la década –que incluye varios años de sequía– y, como consecuencia, situaciones de alerta o emergencia tanto en la vertiente mediterránea –Júcar y Segura– como en la atlántica –Miño, Tajo, Guadiana y Guadalquivir– y la cantábrica.

“Por el lado de la generación, lo más destacado ha sido el descenso de las renovables como resultado de la baja producción hidráulica, principalmente”, indica el avance de REE, que destaca cómo “el producible hidráulico registró un valor muy bajo al situarse en 18.430 gigavatios hora [millones de kilovatios suministrados en 60 minutos], un 33 % inferior al valor medio histórico y un 43,1 % menor que el de 2014. Las reservas hidroeléctricas del conjunto de los embalses finalizaron el 2015 con un nivel de llenado próximo al 48 % de su capacidad total, frente al 64 % del año anterior”. Hizo menos viento y llovió menos.

Más carbón y menos agua y viento cuando crece la demanda
Por el contrario, anota, “crecen el carbón y ciclo combinado que compensan el descenso de la hidráulica y eólica”. Las centrales de carbón pasaron de cubrir el 16,5% de la demanda en 2014 a asumir el 20,3% en 2015, con lo que desplazan a la eólica –cae del 20,3 % al 19,1 %– del segundo al tercer puesto del ranking y se sitúa a menos de un punto y medio de la nuclear. Por bloques, las renovables cubrieron un 37,4 % de la demanda, en su primer retroceso de la década, mientras las plantas que queman carbón, gas y fuel y las de cogeneración alcanzaban un 40,9% al que se suma el 21,7% de la nuclear.

Por otro lado, esa demanda de energía eléctrica creció el año pasado tras cuatro de descenso, en lo que REE califica como “el aspecto más significativo del balance del sistema eléctrico español en 2015”. Alcanzó los 248.181 gigavatios hora, lo que supone un 1,9 % por encima de los datos de 2014. “Corregidos los efectos de la laboralidad y la temperatura, el crecimiento de la demanda atribuible principalmente a la actividad económica se situó en el 1,5 %, crecimiento que contrasta con caída del 0,1 % experimentado en 2014”, señala REE.

Es decir, que, en pleno debate sobre las causas y consecuencias del cambio climático, el aumento de la demanda eléctrica coincide con un desplome de la producción de las renovables, un sector que, además de verse perjudicado por la evolución de la meteorología, no está recibiendo precisamente respaldo desde el Gobierno, que hace unos meses formalizó sus trabas al autoconsumo de energía con el impuesto al sol por la vía del decreto, ni tampoco desde los tribunales: el Constitucional acaba de avalar, apelando a las exigencias europeas sobre el déficit público y con la postura discordante de tres de sus magistrados, el recorte de las primas a la producción de energía eólica, fotovoltaica y de cogeneración que el ejecutivo de Rajoy aprobó en 2013.

Sin embargo, la quema de carbón para producir energía, señalada por los expertos como uno de los vectores que favorecen el cambio climático, tiene partidarios poderosos: el Gobierno central, las empresas eléctricas propietarias de las centrales térmicas y de ciclo combinado y varias comunidades autónomas como Castilla y León, Asturias o Aragón, donde el cierre de las instalaciones generaría un cataclismo laboral de consecuencias tan intensas como previsibles. Es aquí donde el sector eléctrico, además de aumentar sus malos humos, echa chispas.

El 1 de enero entraba en vigor la obligación para las centrales térmicas de respetar los Valores Límite de Emisión que imponen dos directivas europeas y que, hasta ahora, estas instalaciones habían ido saltándose con la pértiga de las exenciones que les reconocían las administraciones. Concretamente, 17 de las 19 plantas que queman carbón se han acogido al Plan Nacional Transitorio, que les permite seguir rebasando esas exigencias ambientales hasta julio de 2020 –algunas superan los topes de azufre y óxido de nitrógeno en más del 50%–, o a la Excepción por Vida Útil Limitada, que reduce su actividad a 17.500 horas anuales pero la prolonga hasta 2023.

¿Sector estratégico u obsoleto?
Las empresas y las administraciones sostienen que las térmicas suponen un sector estratégico que, al utilizar un combustible de producción autóctona, permite eludir los riesgos de desabastecimiento. Sin embargo, Greenpeace mantiene en su informe Las trampas del carbón que “aun prescindiendo absolutamente del carbón para producir energía, la seguridad de suministro no se vería afectada”.

“La mayoría de esas centrales tienen más de 30 años, son ineficientes, contaminantes y costosas. A pesar de ello, los sucesivos gobiernos han ido prorrogando el funcionamiento de las mismas en base a argumentos que no se sostienen en pleno siglo XXI: la seguridad en el suministro eléctrico”, indica la organización ecologista, que recuerda el elevado volumen de subvenciones que recibe la extracción de carbón en España –22.000 millones de euros desde 1992–, una actividad que se verá notablemente reducida por el cierre de 16 minas en 2018. Y que, desde el 1 de enero, se encuentra ante otro problema: para las empresas que lo queman ha finalizado la obligatoriedad de adquirir mineral español, más caro –pese a las subvenciones– y menos eficiente.

Esa situación, cuya prórroga está pendiente de la autorización de Bruselas --aunque todo apunta a que el “pago por capacidad” va a ser rechazado-- pone en peligro la continuidad de alrededor de 5.000 empleos en las cuencas mineras de Aragón, Asturias y León. [El pago por capacidad es un sistema de ayudas con el que el Gobierno central da dinero a las empresas que consumen carbón nacional para que mejoren los sistemas de sus centrales térmicas, en la parte ambiental, para poder seguir consumiéndolo. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ya dijo hace unos meses que consideraba que era un sistema encubierto de ayudas y que además no tenía sentido ambiental.] Los gobiernos de esas tres comunidades, y también el central, buscan alternativas para reducir el impacto social que amenazan con provocar, de manera conjunta, el declive de la minería autóctona y la obsolescencia de las centrales térmicas.