Aunque la impresión general es que España se encuentra a las puertas de un cambio histórico y que sólo los obstáculos colosales que impone Podemos impiden crear una coalición sólida que derribe los tramposos muros levantados por el PP, la realidad no es tan compleja como aparenta. Al menos, así se percibe en el partido que lidera Pablo Iglesias, especialmente después de que Pedro Sánchez diera luz verde a la participación de su partido en las primeras conversaciones serias que a partir del lunes iniciarán con Podemos, Unidad Popular y Compromís. El deseo de lograr un acuerdo es total en la fuerza emergente aunque reconocen que tiene su dificultad y un precio. Es lo que algunos llaman las “líneas rojas” y que en la dirección morada prefieren denominar “condiciones para gobernar”, esas barreras infranqueables que cualquier partido impone en una negociación para evitar hacerse el harakiri. Las que Podemos presentará al PSOE son tres.

La primera es la agenda social de emergencia, un punto que según fuentes del equipo negociador podemita no parece muy complicado de solventar a tenor de la propuesta socialista. Podemos exige que esté acompañada de una memoria económica que impida su incumplimiento o alguna rectificación bajo razonamientos exculpatorios de índole financiero comunitario. De este modo reclamarán al PSOE que desbroce la hoja de ruta que tiene previsto impulsar para crear un fondo económico con garantías. Es decir, quieren conocer la reforma fiscal que los socialistas plantean para los próximos cuatro años y así valorar la viabilidad recaudatoria que se destinará a una rehabilitación social considerada innegociable por la formación morada. En otras palabras, “no queremos promesas sobre grandes preceptos sino que lo pediremos bien desglosado por escrito. El curriculum de los socialistas nos sirve como herramienta preventiva”, aseguran. En Podemos entienden las críticas por su extremado celo hacia la política de Estado, siempre librando batallas contra las tormentas que produce la inestable economía global, pero son conscientes de que la agenda social será una de las decisiones que examinarán la profundidad del cambio en España. De ahí que la tercera fuerza parlamentaria exija a los socialistas un preciso certificado de medidas.

Pablo Iglesias ya ha dicho que el segundo punto innegociable es la gobernabilidad compartida. “Nada de pacto de investidura”, dicen. En su opinión, los tiempos en los que el partido más votado sellaba acuerdos de este tipo con nacionalistas vascos y catalanes para acercarse a una cómoda mayoría parlamentaria son historia. Ahora, la configuración del Congreso ha cambiado y la debilidad que supone tener 90 escaños sólo permite a los socialistas gobernar en coalición. “Es de sentido común”, dicen. De lo contrario, Sánchez se arriesga a tener una legislatura indigesta. “Todo lo que se ha escrito y hablado sobre el reparto de ministerios no forma parte de estos principios negociadores. No son la parte sustancial aunque debe existir una proporcionalidad en el reparto. Es de sentido común”, insisten desde la formación emergente.

El último escollo es el que más discrepancias ha levantado entre la segunda y la tercera fuerza del Parlamento. El referéndum propuesto por Podemos para calibrar el independentismo en Cataluña forma parte de una consulta de mayor calado: la reforma constitucional. La dirección podemita no alberga dudas de que cualquier proceso de cambio estructural que se acometa en España deberá ir acompañado de una modificación previa de la Carta Magna. La propuesta que Podemos planteará al PSOE es utilizar las llaves consultivas que suministran los artículos 1, 23 y 92 de la Constitución para abrir el candado del título 10 que el PP custodia en las dos cámaras legislativas. “Consiste en activar la vía de la soberanía popular para invertir el proceso de reforma sin saltarse la legalidad. Esto significa que el primer paso es consultar a la ciudadanía y, si lo aprueba, comenzar la proceso”, aseguran fuentes del partido de Pablo Iglesias. Unidad Popular y Compromis comparten esta delicada estrategia.

Según los estudios de opinión que maneja la formación emergente, “el apoyo a realizar una reforma se sitúa entre el 55% y el 60%”. El debate sobre la nueva configuración territorial de España, donde se afrontaría el encaje catalán tras el resultado del referéndum soberanista, “es imprescindible realizarlo cuanto antes”. El compromiso de Podemos con la consulta es tan indestructible que la dirección del partido lo valora como parte fundamental del posible acuerdo. “No hay otro camino para solucionarlo”, afirman. La prueba que fortifica su posición es que tras cinco meses de tensión e incertidumbres en Cataluña, con recursos agotadores, sacrificios políticos, rumores de intervención administrativa y proclamas incendiarias, el partido que lidera Iglesias fue el único de ámbito nacional que salió ileso de los comicios generales en aquel territorio. El resto naufragó sin paliativos.

Sobre la mesa de negociaciones no habrá, aseguran, ni una sola petición de excluir a Ciudadanos. Ni de Podemos ni tampoco de Unidad Popular ni Compromis. Las tres formaciones dan por supuesto que su entendimiento con el PSOE elimina automáticamente la opción de Albert Rivera. Por diferencias económicas abismales y planteamientos territoriales irreconciliables, “a los socialistas no les queda otra que elegir entre una de las dos opciones”, aclaran desde el equipo de Pablo Iglesias.