El pasado viernes 4 de febrero Brasil despertó conmocionado: el expresidente Lula y su familia habían sido conducidos coercitivamente por la policía al Aeropuerto de Congonhas, en São Paulo. Una operación policial milimétricamente calculada por el juez y los fiscales del caso, todos ellos del Estado de Curitiba, y la Policía Federal para hacerle un goloso regalo a los medios de comunicación, que pudieron retransmitir en directo la supuesta detención de Lula, con la intención de dar el golpe final a la biografía del líder político mas popular del país. Con ello, no nos engañemos, en primer lugar se intenta frustrar la tentativa de Lula de volver a la presidencia en 2018 esgrimiendo la lucha contra la corrupción y de la restauración del orden. Pero si así fuera no se perseguiría solo a los políticos del Partido dos Trabalhadores (PT, el partido que Lula preside), puesto que  los casos de corrupción no están solo en la Petrobrás, sino en el Metro de São Paulo, en la compañía eléctrica Furnas, en los pagos bajo cuerda a los diputados del Partido Social Democrático Brasileño en el Estado de Minas, en la compra de votos para la elección de Cardoso y en un sinnúmero de etcéteras. Ningún partido del arco parlamentario brasileño se escapa. Todos ellos tienen algún escándalo, encubierto o no, de caja B. Todos saben que en Brasil la corrupción política es transversal y afecta a la mayoría de las instituciones de la República. 

Por otro lado, las pruebas contra Lula son muy frágiles, no se ha probado la culpabilidad del presidente. Todo hasta el momento no pasa de fabulaciones, no está en absoluto probado que Lula se haya enriquecido de manera ilícita. Lo único cierto es que mientras su partido viene siendo perseguido por la justicia de Curitiba, el principal partido de la oposición tiene un fuerte escudo protector en la prensa y disfruta de una extraña complacencia por parte del poder judicial. 

Lo ocurrido el viernes parece milimétricamente calculado. Durante esa misma semana ya se había preparado el primer golpe con la filtración a la prensa de  informaciones que supuestamente  comprometen al Gobierno. Pero nadie imaginaba que se llegaría tan lejos, con un montaje que durante todo el día expuso al expresidente a un espectáculo mediático en el que Lula asumía la calidad de detenido. 

En efecto, pese a que en ningún momento Lula se había negado a declarar ante el juez del caso, éste prefirió vulnerar el más básico principio penal, el de la presunción de inocencia, ejecutando una medida judicial especialísima, usada solo en casos en que el investigado se niega a comparecer. Después del espectáculo, el presunto inocente ya es presunto culpable, sin contemplaciones. Los daños morales son irreversibles. Además, para colmo, se le toma declaración en un aeropuerto y no en las instalaciones de la PF de São Paulo, en un típico acto de truculencia policial que nos recuerda a otros tiempos. Más de un centenar de policías participaron en la operación de captura de Lula, que tuvo lugar un viernes a las 6 de la mañana. En esos momentos, mientras éste y su familia aún dormían en su residencia, los helicópteros de las televisiones ya los sobrevolaban, emitiendo en directo a todo el país. Ha sido a todas luces una vulneración del derecho del investigado. Esa medida extrema no tenía ningún respaldo legal. Se trata de una medida de excepción y no hace falta ser un gran jurista para darse cuenta de que algo huele mal.

Los problemas del PT se agudizaron tras las últimas  elecciones  presidenciales en las que Dilma Rousseff venció a su oponente Aécio Neves por un estrecho margen. La oposición no aceptó el resultado, seguramente tan sólo porque no creían posible sufrir otra derrota electoral, la tercera, frente a Lula. No pudieron digerir que el exobrero metalúrgico aupara a Dilma al poder en una situación de crisis económica. Desde ese día se viene desarrollando una operación judicial que, imitando a Mani pulite de Italia, no ha dejado a Dilma gobernar el país ni un solo día desde hace mas de un año, cuando tomó posesión de la Jefatura del Estado. Los escándalos de corrupción se han combinado con la crisis económica para convertirse en la pólvora incendiaria que, alentada por los medios, ha llevado a Brasil a una crisis política parecida a la sufrida los días que  precedieron al golpe militar de 1964. La llamada “Operación Lava jato” (de investigación sobre la corrupción en la Petrobras) parece haber sido diseñada para criminalizar al PT, al tiempo que la corrupción de otros partidos se pasa por alto. Las filtraciones selectivas a la prensa de las llamadas “delaciones premiadas” (en que el detenido voluntariamente colabora con la justicia a cambio de beneficios penales) de los acusados han socavado la credibilidad del partido del Gobierno. Dichas delaciones deben ser obtenidas por decisión voluntaria del preso; sin embargo, el abuso de la prisión provisional ilimitada permite que nos cuestionemos hasta qué punto la colaboración con la justicia a cambio de beneficios no esté viciada por el uso arbitrario de la detención provisional. En la mencionada operación "Lava jato", la técnica es usada con una frecuencia sorprendente con afrenta a la dignidad del detenido. Las filtraciones a la prensa casi semanales de los escándalos de corrupción en este procedimiento debilitan al Gobierno y buscan manipular a la opinión pública al dar argumentos a la oposición para intentar el impeachment contra la presidenta de la republica.

La operación "Lava jato" no tiene, y nunca ha tenido, como objetivo la lucha contra la corrupción. Aunque se haga entender a la opinión publica lo contrario, su objetivo oculto es la caída del Gobierno y la criminalización del PT. Si no fuera así, el propio Aécio Neves y otros políticos de la oposición estarían en las mismas condiciones que los políticos del PT investigados por los tribunales. Sin embargo, aunque Neves ha sido citado por varios testigos como beneficiario de sobornos, jamás ha sido llamado a declarar. Sería impensable que un nieto de expresidente --su abuelo Tancredo Neves fue presidente electo-- fuera tratado por el poder judicial del mismo modo que el antiguo sindicalista.

Tras los acontecimientos del viernes, el PT y Lula han decidido ir al contraataque. El expresidente ha denunciado públicamente  ese acto arbitrario contra él y su familia y, lo que es aún más importante, ha retado al mayor medio de comunicación de Brasil: el Grupo Globo. El mismo grupo económico que hace 50 años no dudó en apoyar el golpe militar. El desafío de Lula sólo tiene precedente en la historia reciente de Brasil en la figura del exgobernador del Estado de Río de Janeiro (donde tienen su sede las empresas del Grupo Globo) Leonel Brizola, que tuvo el coraje de apoyar al presidente João Goulart, depuesto por la dictadura, por ello fue objeto de persecución por las organizaciones de comunicación Globo. Aun así Brizola venció muchas batallas contra el poder mediático. Solo la historia juzgará el legado político de Lula, pero su biografía es incomparablemente más limpia que la de sus hostigadores, que representan  la época más oscura de la historia del país. Por ello el expresidente merece el beneficio de la duda y como mínimo el derecho a la defensa, sin atropellos judiciales, como cualquiera ciudadano brasileño.

Los próximos días serán decisivos para el futuro político de Lula, que quiere mostrar su fuerza y sabe que ésta reside en la calle. Habrá una manifestación nacional el 13 de febrero de apoyo a Lula y otra simultánea de rechazo y el impeachment contra Dilma. Veremos la respuesta de la calle. Es la saga de un político de raza que lucha contra los poderes fácticos. Es también  parte del propio mito de Lula. De momento lo único cierto es que el político brasileño más carismático parece jugarse su supervivencia política y la posibilidad de volver en 2018 con 72 años de edad. Mientras que el conjunto de Brasil lo que se juega es mantener viva la mayor democracia de América Latina y conseguir desterrar por fin la posibilidad de un golpe institucional alentado por los fantasmas del pasado. 

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Zainer Pimentel es abogado brasileño