El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó en las redes sociales nada más firmarse el ya conocido como Tratado de la Vergüenza que “el acuerdo UE- Turquía cumple con toda las leyes europeas e internacionales. Cada migrante en Europa será tratado individualmente, con total respeto y dignidad”. Resulta cuando menos sorprendente la capacidad de trasladar el cinismo que practica estos días la Unión Europea al formato de los 140 caracteres.

Este es un acuerdo que viola todos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, incluida la Convención de Ginebra, un texto que se escribió para dar cobertura legal a los refugiados y refugiadas creados por los horrores del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero parece que lo que valía para las europeas y europeos hace cincuenta años ya no es válido cuando son personas de otros continentes las que llegan a Europa. Por eso se firma este acuerdo, para revestir de legitimidad ante la mirada del público una serie de actuaciones que rompen completamente con la legalidad internacional vigente y así conseguir que, por 6.000 millones de euros, Turquía sea el sicario de la Unión Europea y evite que nuestros gobiernos se manchen las manos de sangre pero cumplan su objetivo de evitar cumplir con su obligación, que es dar protección a quienes lo necesitan.

Como parte de esta campaña de lavado de cara, durante la semana previa a las negociaciones hubo toda una serie de declaraciones enfatizando su oposición al acuerdo por las expulsiones colectivas. Ahora éstas han desaparecido del acuerdo y, por tanto, parece que ya está en línea con los derechos fundamentales, pero nada más lejos de la realidad.

Este acuerdo incumple, además de la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales, y el derecho internacional marítimo. Con este acuerdo se elude el compromiso existente con el rescate en el mar y las obligaciones con personas perseguidas, pero deciden alcanzar este acuerdo millonario por el tacticismo que les lleva a poner la agenda europea en manos de la extrema derecha.

En la práctica, el acuerdo conlleva la devolución a Turquía de todas las personas interceptadas en el mar e incluso, en la práctica, de las que lleguen a las islas griegas, ya que las demandas de asilo se resolverán de manera exprés (pues un proceso que hoy dura meses o años se resolverá en un máximo de cuatro días)  y, tras eso, la mayoría de las personas serán devueltas a Turquía.

Ahí radica el problema, en considerar Turquía un país seguro cuando, según organizaciones como Amnistía Internacional, el Gobierno turco está introduciendo a cientos de demandantes de asilo en autobuses para llevarlos a centros de detención donde son recluidos en régimen de aislamiento, habiendo recibido también denuncias de que pasan ahí días encadenados y son sujetos a palizas y tortura hasta que, más tarde, se les devuelve al país del que habían huido. Hablamos de personas que se han jugado la vida y gastado todos sus ahorros tratando de llegar a Europa para luego ser torturados y devueltos a Siria o Irak.

Esta no es la Europa de la libertad, igualdad y fraternidad que nos vendieron en los ochenta, sino un entramado burocrático que promueve la insolidaridad

Además de esto, el acuerdo supone continuar mirando hacia otro lado ante las constantes violaciones de derechos humanos por parte de Turquía, que es además miembro de la OTAN y tiene un elevadísimo gasto militar que el Gobierno de Erdogan planea duplicar. En Turquía, como vemos cada día, se viola la libertad de expresión y se cierran medios críticos, se masacra al pueblo kurdo, y las fuerzas de seguridad del Estado no sólo asaltan las sedes del HDP, la oposición de izquierdas y prokurda, sino que atacan, torturan e incluso asesinan a activistas sociales, como hicieron con las tres feministas Sêvê Demir, Pakize Nayir y Fatma Uyar. Sin olvidar que Turquía ocupa militarmente desde 1974 la mitad norte de la República de Chipre, un Estado Miembro de la Unión Europea.

Por todo esto nos preocupa la suerte que vayan a correr las personas que sean deportadas a Turquía, porque además el acuerdo no incluye nada sobre cuál será su destino. No sabemos si serán encerradas en centros de detención, devueltas a sus países de origen o a un tercer país, o puestas en campos de refugiados. Pero eso no importa a los dirigentes europeos, ellos pagan a Turquía por el trabajo sucio pero no les preocupa el futuro de las personas.

Y por ello también hemos empezado a estudiar los cauces legales adecuados para llevar ante la justicia a los responsables de la firma de este acuerdo ilegal, incluido el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pues no sólo viola los principios del derecho internacional, sino que va contra todo valor democrático. Estamos en un momento en el que por primera vez se están retirando banderas de la Unión Europea en distintos municipios y el discurso crítico con esta institución aumenta de manera exponencial.

Esta no es la Europa de la libertad, igualdad y fraternidad que nos vendieron en los ochenta, sino un entramado burocrático que promueve la insolidaridad, que pone sus intereses por encima de los derechos de personas que huyen de situaciones de guerra, violencia, hambre, y explotación, en las que nuestros gobiernos y empresas multinacionales tienen mucho que ver.

Nuestra respuesta tiene que ser la de alzar la voz y no quedarnos callados y calladas ante las violaciones de derechos humanos, ante las políticas violentas y autoritarias del Gobierno de Turquía y ante la insolidaridad criminal de la Unión Europea. Sólo así cambiarán las tornas y podremos empezar a desmontar la Europa Fortaleza.

Marina Albiol. Eurodiputada de IU y portavoz de la delegación de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo.