El problema

Hace exactamente cuatro años, el 20 de abril de 2012, el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el Real DecretoLey 16/2012. Con la crisis económica como excusa, esta normativa impuso una modificación radical de nuestro sistema sanitario, por la vía de urgencia y eludiendo todo debate parlamentario. A partir de ese momento, se niega el derecho a la asistencia por el Sistema Nacional de Salud a quienes no coticen o reciban prestaciones periódicas de la Seguridad Social en España. Algo que contradice la propia lógica del sistema sanitario público, que no se financia por las cotizaciones laborales, sino a través de impuestos directos e indirectos que paga toda la población, con independencia de su situación administrativa.

Además, la reforma sanitaria redujo sustancialmente la cartera básica de servicios asistenciales -que comprende todas las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y el transporte sanitario urgente, cubiertos completamente por la financiación pública- y profundizó en el sistema de copagos (con el consiguiente incremento del gasto sanitario para las familias, algo inasumible en el caso de los sectores más empobrecidos de la población). Estos cambios de fondo suponen un retroceso desde un modelo de Sistema Nacional de Salud con vocación de cobertura universal a otro ya superado, basado en el concepto de “seguro” y provocan de un día para otro la exclusión sanitaria de centenares de miles de personas.

Los devastadores efectos de esta exclusión han sido ampliamente documentados desde diversas organizaciones de la sociedad civil. La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER – publicó un informe basado en más de 1.500 casos de vulneraciones del derecho a la salud recogidos entre enero de 2014 y julio de 2015. Desde agosto de 2015 hasta marzo de 2016, la Red ha seguido recopilando evidencias, con un total de 541 nuevos casos cuyo análisis desgranamos a continuación.

Los parches autonómicos

Tras la publicación del RDL 16/2012 varias administraciones autonómicas, incluyendo algunas gobernadas por el mismo partido que promovió este decreto, se opusieron a aplicar la nueva normativa y establecieron mecanismos que permitían seguir atendiendo a la población excluida. A día de hoy, 14 de las 17 comunidades autónomas cuentan con algún tipo de medidas “paliativas” de la norma, lo que evidencia una amplia oposición política y territorial a la exclusión sanitaria.

A pesar del carácter sin duda positivo de estos avances, el hecho cierto es que las comunidades autónomas carecen de competencia para revertir la profunda modificación de nuestro sistema sanitario que supuso la reforma de 2012 y que continúa siendo la raíz del problema. Es decir, no pueden devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el gobierno del Partido Popular a más de 800.000 personas. Además, las múltiples y distintas normas autonómicas quiebran la igualdad de las personas ante la ley, porque hacen depender las posibilidades de conseguir atención sanitaria del lugar de residencia. Y suponen, en algunos casos, el peligroso establecimiento de sistemas de acceso paralelos “para personas vulnerables y excluidas” en lugar de un único sistema común. Por otro lado, tampoco las normas autonómicas son perfectas: dejan sin acceso a determinados colectivos (ej. personas ascendientes reagrupadas) y su efectividad ha sido muy dispar en función de la voluntad política de cada gobierno regional a la hora de aplicarlas. La consecuencia más dramática sigue siendo la falta de atención adecuada, incluso de personas con graves problemas de salud como demuestran los 6 casos de cáncer, 13 de enfermedades cardiovasculares, 12 de diabetes, 14 de hipertensión, 6 de salud mental grave o 2 de VIH documentados por REDER.

Los incumplimientos

Cuatro años después de la aprobación de la reforma sanitaria, se siguen produciendo situaciones que incumplen incluso las excepciones que establece el propio RDL 16/2012. Así lo reflejan los 36 casos de menores a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria y la propia asistencia o se les ha pretendido cobrar por recibirla; las 47 incidencias en urgencias por similares motivos o los 28 casos de mujeres embarazadas a quienes se les ha impedido el acceso a tratamiento y seguimiento de su embarazo.

Las barreras

Una tercera parte de las incidencias recogidas vienen provocadas por los requisitos administrativos que la mayoría de las normativas autonómicas exigen a quienes buscan acceder a la asistencia sanitaria y que en muchas ocasiones terminan por convertirse en auténticas barreras. La dificultad de muchas personas para poder acreditar su empadronamiento es uno de los casos más recurrentes. Otro claro ejemplo es la exigencia del llamado “certificado de no exportación del derecho a la asistencia sanitaria” que se requiere a las personas nacionales de la UE –y que afecta especialmente a las procedentes de Bulgaria y Rumanía– así como de países con convenios bilaterales con España (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Este documento es muy complicado de conseguir, sea por su coste o por la imposibilidad de tramitarlo a través de los consulados.

 La grandes olvidadas

El último informe de REDER constataba el laberinto jurídico en el que se encontraban las personas en situación regular que habían llegado a España como consecuencia de un proceso de reagrupación familiar. Son personas ancianas, con hijos o hijas residiendo legalmente en el país, a las que el INSS les deniega la tarjeta sanitaria en virtud de la reforma de 2012. Estas personas, cuyos escasos recursos y débil estado de salud les impiden suscribir seguros privados, se quedan absolutamente al margen del sistema sanitario, sin acceso a servicios que les son imprescindibles. En este momento, al menos 20 personas de avanzada edad siguen sin poder acceder de forma normalizada a la atención sanitaria pública, con el consiguiente sufrimiento y riesgo vital que ello conlleva. 

La falta de información

El baile normativo de los últimos años, con reformas y contrarreformas en torno a las condiciones de acceso al sistemasanitario que, para mayor complejidad, varían en función de la comunidad en la que se resida, ha generado confusiónentre el personal administrativo de los centros sanitarios en torno a qué regulación es la aplicable.

A esto hay que añadirle el desconocimiento, miedo y desconfianza que se ha instaurado en la población en situación irregular, que la ha disuadido de acudir a los propios centros de salud. Toda nueva normativa debería ir acompañada de una campaña informativa, dirigida tanto a las personas beneficiarias de la misma como a aquellas responsables de implementarla. Por desgracia no ha ocurrido así con la mayoría de las regulaciones autonómicas, como prueba el hecho de que el 46% de las incidencias recogidas lo son por falta de información adecuada.

REDER reclama una legislación nacional que restituya de forma efectiva el acceso universal a la salud

El actual mapa autonómico refleja una clara oposición social, política y territorial a la reforma sanitaria de 2012 y a las injustas consecuencias que de ésta se derivaron. A pesar de ello, las medidas impulsadas por diversas comunidades autónomas en los últimos meses – que se suman a aquellas otras que ya estaban en vigor – han demostrado tener una eficacia limitada como consecuencia de vacíos legales y de falta de medidas adecuadas para su puesta en práctica. Pero sobre todo, como consecuencia de las limitaciones competenciales que impiden atajar la raíz del problema. La conclusión es que el fin definitivo de la exclusión sanitaria sólo es posible a través de una reforma legislativa de carácter estatal.

Por consiguiente, las organizaciones miembro de REDER exigimos al próximo Gobierno que impulse la reforma del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones asegurando:

-La eliminación de las figuras de asegurado/a y beneficiario/a y reconociendo el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentren en el territorio español, independientemente de su situación administrativa.

-La incorporación de cláusulas de flexibilidad que garanticen la atención en todo momento, evitando que la falta de prueba de un requisito (ej. empadronamiento, certificado de no exportación del derecho, etc.) pueda acabar siendo una barrera insalvable.

-La inclusión de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan garantizar la efectividad de la norma.

A los gobiernos autonómicos, REDER les recuerda que el compromiso con la restitución de la universalidad en el acceso a la salud debe ir acompañado de la voluntad política necesaria para hacerla efectiva. Por ello, les pedimos que pongan en marcha los mecanismos necesarios (ej. campañas informativas a todos los niveles) para una correcta y plena aplicación de las nuevas normativas. Asimismo, y a fin de subsanar las carencias de estas disposiciones, que mantienen excluidas a ciertas personas y colectivos, REDER llama a las administraciones autonómicas a colaborar activamente con las organizaciones sociales que confrontan diariamente estas realidades.

---------------------------------------

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Actualmente forman parte de REDER más de 300 miembros (personas a título individual, organizaciones sociales y asociaciones profesionales).