La nueva política ensaya su modelo de democracia en el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau. Por primera vez, los ciudadanos han podido participar con sus propuestas en la elaboración del Plan de Actuación Municipal, el documento estratégico que marcará las líneas maestras del gobierno local hasta 2019. Aunque los resultados de este proceso participativo no son vinculantes, porque necesitan la aprobación del Pleno Municipal, el proyecto simboliza una de las promesas electorales de Barcelona en Comú: profundizar en la democracia, más allá de la cita con las urnas cada cuatro años.

“En un momento político como el actual no podíamos hacer un plan municipal sin contar con la gente”, explica en su despacho la concejal de Participación y Distritos, Gala Pin, que antes de entrar en política destacó por su activismo social dentro del movimiento vecinal del barrio de la Barceloneta y en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

El proceso participativo, que ha durado algo más de dos meses, ha combinado casi 400 debates presenciales celebrados en distintos puntos de la ciudad con la participación online a través de la página web Decidim.barcelona, donde los vecinos han aportado sus ideas.

Las cifras de participación --alta según la valoración del ayuntamiento, reducida en opinión de las asociaciones de vecinos-- hablan de alrededor de 10.300 propuestas presentadas, que han reunido unos 156.000 apoyos, y más de 200.000 visitas a la web. Para tener una idea del alcance, hay que tener en cuenta que Barcelona tiene unos 1,16 millones de electores.

El antecedente más cercano de proceso participativo fue la consulta sobre la reforma de la avenida Diagonal, organizada en 2010 y que acabó por dinamitar el gobierno socialista de Jordi Hereu. En aquella ocasión, participaron 150.000 vecinos, y el 80% de los votos fueron para la opción de no modificar la avenida. Todo lo contrario a lo defendido por el ayuntamiento. Este fracaso provocó la destitución del primer teniente de alcalde, Carles Martí, y los socialistas perdieron el año siguiente las elecciones municipales, un hecho que no había ocurrido desde la Transición.  

Independientemente del éxito o fracaso, hay un nuevo enfoque en la elaboración de las políticas públicas, que apuesta por la implicación de los ciudadanos más allá del voto el día de las elecciones. En opinión del catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Joan Subirats, esto refleja que la democracia representativa “no acaba de ser capaz de recoger la complejidad de las relaciones entre las instituciones y la sociedad”.  En su opinión, las formas de participación más directa, como las consultas y procesos participativos, pueden compensar el desajuste temporal que se produce entre las citas electorales y las decisiones políticas que se tienen que tomar cada vez con más frecuencia.

La llamada a la participación del consistorio ha sido bien valorada por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), aunque sin perder el punto de vista crítico. “Había expectativas poco fundamentadas”, señala su vicepresidente, Joan Maria Soler, quien considera que todavía hace falta tiempo para que más gente “sienta como propia la ciudad” y salga de su individualismo.

Para la FAVB, la participación individual ha eclipsado las aportaciones colectivas realizadas por las asociaciones de vecinos, aunque algunas de sus ideas ya habían sido incorporadas al documento base realizado por el ayuntamiento. Otra de sus críticas es que temas que ya estaban muy consensuados por el movimiento vecinal se han vuelto a debatir desde cero, obviando todo el trabajo previo. Es la consecuencia de un proceso de participación en el que, por otro lado, han tomado la palabra personas que habitualmente no se implican en estas asociaciones.

“Ha habido bastante diversidad de perfiles en la participación”, explica la asesora en democracia activa del Ayuntamiento de Barcelona Laia Forné, que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a la participación el ámbito municipal y también en temas de vivienda. 

Esta vez ha trabajado en un proceso experimental que tenía como retos la falta de antecedentes, la necesidad de usar una plataforma nueva y el ámbito de actuación: toda una ciudad. Pasada la primera fase del proyecto --la recogida de propuestas--, su balance es positivo, aunque admite que les ha faltado tiempo y que ha sido complejo poner en marcha toda la maquinaria de un ayuntamiento que “no está preparado para la participación, es un trabajo añadido al que se desarrolla diariamente”.

La idea es que esta iniciativa sea “un paso adelante hacia la coproducción de políticas públicas”, en palabras de la concejal Gala Pin, quien considera que de esta manera se conseguirán mejores políticas gracias a la “inteligencia colectiva” y profundizar en la democracia.

“No tengo ninguna duda de que en una ciudad como Barcelona, con el nivel formativo de sus habitantes, no basta con que se vote cada cuatro años”, dice el catedrático Subirats, quien señala que cuanto más compleja es una sociedad, más necesarios son los canales de participación.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémicas. La propuesta de un usuario, con el seudónimo de Bluf, de expropiar y derribar la parroquia de Santa María de Gracia para ampliar el patio de la escuela colindante causó la alarma de los feligreses de la iglesia, que pensaban que era una idea del ayuntamiento.

“De cara a otro año quizá habrá que explicar mejor que no hay filtros en la plataforma porque confiamos en la inteligencia colectiva y la mayoría de propuestas son con sentido común”, admite Pin, quien lamenta que la atención se quede en la anécdota cuando ha habido muy pocas ideas “descabelladas” en la web de Decidim.barcelona.

Controversias aparte, la democracia participativa tiene también riesgos. El catedrático de Ciencias Políticas de la UAB Quim Brugué alerta de que no puede dar lugar a una relación clientelar que debilitaría la política. “Los debates tienen que ir más allá de un problema en la acera de casa, hay que buscar soluciones a problemas globales”, corrobora Pin.

Uno de los retos es conseguir que la gente “no exprese sólo sus prioridades personales, su parcela, sino que se centre en el modelo de ciudad”, destaca Brugué. La participación en el ámbito local puede parecer más sencilla de llevar a cabo porque los temas son más próximos para los vecinos, pero a la vez existe el peligro de que el “debate no sea sereno”.

En opinión de este politólogo, que fue director general de Participación Ciudadana de la Generalitat entre 2003 y 2008, la democracia representativa no puede desaparecer porque la participación sin representantes “puede ser muy sesgada y elitista”, ya que toman parte del debate aquellos que pueden por disponibilidad de tiempo o nivel de formación, por ejemplo. “La medida que más favorece la democracia es la cohesión social”, concluye.

De hecho, una de las decisiones del Ayuntamiento ha sido impulsar las voces de aquellos colectivos poco dados a implicarse en política. Así, se han celebrado debates con personas sin hogar o que viven en asentamientos urbanos del barrio del Poblenou. 

El coste total del proceso participativo no se sabrá hasta finales de junio, pero ya hay algunos datos claros. La puesta en marcha de la página web representó una inversión de 58.000 euros. El presupuesto máximo para la dinamización de los debates presenciales es de 500.000 euros, pero las empresas cobrarán dependiendo de las actividades que animaron, así que el ayuntamiento calcula que la cifra total será menor. En todo caso, bastante menos de los 3,7 millones de euros que costó la consulta sobre la reforma de la Diagonal.

A partir de ahora, se empezarán a cocinar los resultados, agrupando las propuestas parecidas y analizando su viabilidad. A través de la página web se dará respuesta a todas ellas, explicando dónde se han incluido o por qué no ha sido posible hacerlo. A principios de mayo, se prevé que ya estén listas las propuestas del Plan de Actuación Municipal y los Programas de Actuación de los Distritos, que tendrán que ser aprobadas por el Pleno.

El gobierno de Barcelona en Comú, con 11 de los 41 concejales del ayuntamiento, está en minoría y necesitará acuerdos con otros grupos políticos para poder sacarlos adelante. Además, los planes de actuación tendrán que estar en consonancia con las previsiones económicas del Plan de Inversiones Municipal. De momento, el gobierno de Colau cuenta con el apoyo de ERC y PSC para la aprobación de los próximos presupuestos, pero para que las cuentas salgan necesitan el voto de un concejal más. La CUP ha anunciado que no les apoyarán, aunque las negociaciones siguen. Queda también la baza de Ciudadanos, que todavía no ha revelado su posición. 

Falta ver qué quedará de las propuestas ciudadanas en los planes que finalmente se aprueben aprobando, cuántas de ellas se incluirán en el documento base que prepara el ayuntamiento y cuántas lograrán el consenso del resto de fuerzas políticas, pero el cambio de rumbo en la forma de gestionar la ciudad es claro y la idea es seguir promoviendo procesos participativos.