¿Tiene sentido un nuevo impuesto para financiar las pensiones?
La Seguridad Social sólo será viable en el futuro si los ingresos crecen más rápido que los gastos. Y esto depende del crecimiento de la productividad del factor trabajo y del empleo
Javier Santacruz Cano 1/06/2016
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A las puertas de una nueva campaña electoral, los partidos políticos han presentado sus respectivos programas y sus promesas en materia económica. En este sentido, es extraordinariamente relevante el discurso que cada uno de ellos está esgrimiendo en materia de pensiones. No en vano, solamente los pensionistas representan en torno a 9 millones de votantes y se trata de un colectivo cuyo sufragio es muy sensible al mensaje que dan los diferentes partidos: desde aquellos que prometen ayudas abundantes hasta otros que aseguran subidas de las pensiones.
Cuando se habla de pensiones, normalmente el lector lo asocia automáticamente con el colectivo de pensionistas cuando realmente a los que más afectan es a los trabajadores que están actualmente en activo y a aquellos que están entrando en el mercado laboral en estos momentos. Siempre es bueno recordar que las cotizaciones a la Seguridad Social que paga un trabajador actual no son para financiar su pensión sino para financiar la de sus padres que hoy son pensionistas. Es decir: la pensión de un trabajador actual no la pagará él sino su hijo. Por eso, al sistema español de pensiones se le pone el apellido “de reparto”.
Este punto es clave para entender, en primer lugar, por qué es un asunto que debería preocupar (y mucho) a los trabajadores hoy en activo (y no tanto a los jubilados) y, en segundo lugar, para plantearse el grave problema estructural que tiene el actual sistema público de pensiones tanto en términos de sostenibilidad (que las pensiones se puedan pagar siempre y a largo plazo) como de suficiencia (¿cuánto dinero es la pensión en función de las necesidades del pensionista?).
Es evidente que existe un problema serio de viabilidad de las pensiones públicas, ya que el dinero destinado para pagarlas cada vez es menor (los ingresos por cotizaciones) y los gastos son cada vez mayores (la población es cada vez más longeva y se pasa más años cobrando). Por lo pronto, los “parches” que se han ido poniendo en los últimos 25 años no han resuelto el problema de sostenibilidad a largo plazo.
Así, en 2015 se ha alcanzado el mayor déficit de la Seguridad Social en décadas ¡en época de crecimiento económico superior al 3% anual! Nada más y nada menos que en el entorno de 15.000 millones de euros y dejando prácticamente sin margen de maniobra al Fondo de Reserva de la Seguridad Social: aquella hucha que se creó para guardar los superávits de la caja de la Seguridad Social para cubrir las necesidades en épocas de crisis económica.
Ante esta situación, cabe una única solución: recortar gastos y subir ingresos. Puesto que la mayor parte de las actuaciones se han hecho por la vía de los gastos (dejar de indexar la pensión a la inflación o bajar las bases reguladoras para determinar la cuantía de la pensión en función del último salario percibido), varios partidos se han planteado ir por la vía de los ingresos hasta el punto de crear un nuevo impuesto ad hoc para financiar las pensiones, a ser posible como recargo fiscal para las grandes fortunas. Pero, ¿de verdad es una buena idea?
Más allá de que pueda ser una buena o mala idea económica, se trata de un planteamiento que no llega al fondo del asunto. Coge el “rábano” por las hojas. Para entendernos: se queda en la vía “fácil” de intentar solucionar los problemas a golpe de impuestos. De entrada, es evidente que siempre que se ha intentado solucionar un problema a base de crear un nuevo impuesto, éste no lo ha solucionado.
Incluso, puede empeorar más la situación por los incentivos perversos que crea.
Los impuestos ordinarios no pueden financiar los gastos de la Seguridad Social ni tampoco se puede pagar gasto del resto de las Administraciones Públicas con cotizaciones sociales
Por si fuera poco y al mismo tiempo, este plan de crear un nuevo impuesto ignora la independencia presupuestaria de la caja de la Seguridad Social. Es decir, los impuestos ordinarios no pueden bajo ningún concepto financiar los gastos de la Seguridad Social ni tampoco se puede pagar gasto del resto de las Administraciones Públicas con cotizaciones sociales. Por tanto, antes de poner ningún impuesto para financiar pensiones, España tendría que pedir a la Comisión Europea una reforma del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (la normativa contable vigente en este momento) para que un impuesto de naturaleza ordinaria pueda financiar un gasto propio de la caja de la Seguridad Social.
En este sentido, si el nuevo Gobierno quisiera hacer algo de este tipo evitando la reforma de la normativa contable, no le quedaría más remedio que subir las cotizaciones a la Seguridad Social, actualmente fijadas en el 29,9% del salario bruto como cotización patronal y el 6,35% como cotización a cargo del trabajador. Si suben las cotizaciones, se penaliza el empleo y, por tanto, se crea un riesgo alto de destrucción de puestos de trabajo. Pero a la vez, convertiría España en el país con las cotizaciones sociales más altas del mundo. Ahí es nada para una población asalariada muy castigada por la carga fiscal directa sobre el trabajo.
En resumen: creando un nuevo impuesto se pueden llegar a crear dos problemas más grandes y no solucionar el que realmente hay que es la viabilidad de las pensiones en el futuro. La coletilla de “recargo a las grandes fortunas” no es más que un eslogan político carente de valor práctico ya que los que llaman “ricos” no pagan impuestos en España. Se trataría de una nueva subida fiscal a la clase media y trabajadora.
En vez de coger el “rábano por las hojas”, vayamos a las raíces del problema. La Seguridad Social sólo será viable en el futuro si los ingresos crecen más rápido que los gastos. Y, ¿de qué depende la subida de los ingresos? Fundamentalmente de dos cosas: por un lado, el crecimiento de la productividad del factor trabajo y, por otro lado, del crecimiento del empleo.
Sólo de esa forma, los trabajadores de hoy van a tener garantizadas sus pensiones de mañana. Mientras tanto y en el corto plazo, sí se pueden tomar medidas como quitar el gasto en pensiones de viudedad y orfandad (aproximadamente 23.000 millones de euros en pensiones que en realidad son no contributivas) de la caja de la Seguridad Social y llevarlo a los Presupuestos Generales del Estado para que se financien vía impuestos ordinarios. Pero me temo que ningún partido lo va a plantear y menos la necesidad de que en España haya más gente trabajando y que esa gente sea cada vez más productiva para que puedan tener mejores salarios.
A las puertas de una nueva campaña electoral, los partidos políticos han presentado sus respectivos programas y sus promesas en materia económica. En este sentido, es extraordinariamente relevante el discurso que cada uno de ellos está esgrimiendo en materia de pensiones. No en vano, solamente los...
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Javier Santacruz Cano
Es economista y socio de China Capital.
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