Cada vez que salen los datos de pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida, nos llevamos las manos a la cabeza, espantados por sus resultados. Los datos nos caen como un jarro de agua fría. En 2015, el 22,1% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza, seis puntos más que la media europea. Dos de cada cinco jóvenes es pobre y también lo es uno de cada tres menores (el 65% viven en hogares en los que los adultos tienen bajo nivel educativo). El riesgo de pobreza y exclusión social en España (Tasa AROPE), que además de la pobreza incluye baja intensidad del empleo y carencia material, afecta al 29% de la población, más de 13 millones de personas, 3 millones más que antes del inicio de la crisis. La pobreza se cronifica y estanca, permanece impermeable a la incipiente mejora macroeconómica. 

Cada una de estas cifras nos plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que haya tanta pobreza en España? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Cómo lo hemos permitido?

Lo primero que tenemos que tener claro es que el crecimiento de la pobreza no es nuevo. Ya en los noventa, la tasa se mantuvo alrededor del 20%, aun en el período de bonanza económica. Mientras “España iba bien”, uno de cada cinco españoles seguía sin participar de la riqueza que parecía llegar a todos. 

La crisis ha sido un potente catalizador que ha operado sobre una situación que ya era grave. Durante este periodo la pobreza ha aumentado en España, más que en ningún otro país de Europa, excepto Grecia, pero es que además inició este ascenso desde un punto ya alto. Factores subyacentes detonaron con la explosión de la crisis económica, y sus efectos han sido devastadores. No hay en realidad un antes y un después de la crisis: se trata de un mismo proceso. 

Uno de estos factores subyacentes ha sido una débil estructura productiva y un mercado laboral con problemas orgánicos: fuertemente segmentado, con puestos de trabajo de baja calidad, que se destruyen con gran facilidad en épocas de crisis. Los datos de mayo de 2016 muestran que la duración media de los contratos es inferior a dos meses. Se han firmado 2.337.309 contratos, y se han destruido 2.280.389 ¿Puede una recuperación con empleos precarios reducir la pobreza? Con una población activa poco formada y con dificultades para adaptarse a las nuevas demandas, y con un esfuerzo e inversión en investigación y desarrollo (privado y público) muy inferior al de otras economías de nuestro mismo nivel, la recuperación real parece aún lejana.

El aumento de la desigualdad, al igual que la pobreza, desde inicios de los noventa quebró la tendencia histórica de reducción e inició un continuado aumento. La desigualdad potencia el impacto de la pobreza, trae consecuencias nocivas al bienestar de las personas y, muy especialmente, a la cohesión social. El efecto del aumento de la desigualdad va a complejizar las consecuencias económicas y sociales de la crisis, va a afectar a la composición social y el equilibrio regional, de formas aún difíciles de prever. 

El Estado de Bienestar en esos años también perdió, progresivamente, la capacidad real de integración de la población desfavorecida. Las bajadas de impuestos en época de bonanza descapitalizaron al Estado que, cuando llegó la crisis, no dispuso de recursos suficientes para poner en marcha medidas de apoyo a los sectores más vulnerables. Las políticas en educación, vivienda, garantía de ingresos, empleo, protección a la infancia, quedaron pendientes. El período de riqueza fue una oportunidad perdida para reforzar la protección social, así como para sincronizar los logros económicos y sociales.

Durante los años de la crisis, las políticas de austeridad han profundizado en la situación de desigualdad y pobreza. De manera directa, por el recorte de prestaciones y servicios básicos, y otra indirecta, relacionada con la caída de la producción y el empleo como consecuencia del recorte del gasto público. Estas decisiones se adoptaron teniendo en cuenta únicamente la reducción del déficit público, sin ponderar los efectos que tendría en la población, y en la vulneración de sus derechos.

¿Y qué esperar ahora? Si se sigue haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, poco podemos esperar. Volveremos a presenciar lo que ya hemos visto en décadas pasadas. Porque la evidencia muestra que la probabilidad de heredar la situación económica se hace más intensa en los momentos de mayor inestabilidad económica: la pobreza presente genera pobreza futura, como señala el Informe de Foessa al respecto. 

La reducción de la pobreza es compleja y no hay recetas simples. La débil recuperación económica no va a significar la reducción drástica de la pobreza, porque la crisis ha sido larga, y ha dejado huellas profundas en quienes han soportado el peso de la misma, aquellos que ya estaban en situación vulnerable antes del comienzo, o que durante los años de bonanza entraban y salían de la pobreza. 

¿Qué hacer para no repetir la historia? Algo distinto a lo que se ha venido haciendo. Dar un impulso protector al Estado, para no volver a dejar atrás a quienes han cargado con las peores consecuencias de la crisis, de ésta y de las anteriores:

- Reforzar un sistema de rentas mínimas adecuadas en todo el Estado, que asegure unos ingresos mínimos para los más de setecientos mil hogares sin ingresos. 

- Poner en marcha políticas activas para el empleo; generar empleo de calidad, quizás el mayor reto al que nos enfrentamos.

- Aumento de la protección a la infancia y la juventud, a través de la ampliación de la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos. 

- La inversión en educación debería ser una prioridad no sólo para el presente, sino para prevenir la pobreza en el futuro. Necesitamos una educación equitativa, que compense las situaciones de desigualdad, y que impulse la escolarización temprana, la calidad de las infraestructuras en los centros y conectividad en las aulas, la prevención del abandono escolar temprano y personal especializado en detección y tratamiento de menores en situación de vulnerabilidad. 

- Desarrollar una política de vivienda y urbanismo que se convierta en herramienta contra la reproducción y transmisión de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión. Poner en marcha una ley de segunda oportunidad para hacer frente al problema de la vivienda. 

- Desarrollar un sistema de prestaciones universales destinadas a los hogares con hijos y a la infancia, que ponga freno a la reproducción de la discriminación social y que aporten un elemento de estabilidad y continuidad. 

Ninguna de estas propuestas es gratis. Hace falta un esfuerzo presupuestario y fiscal que, en vista de la previsión de nuevas exigencias para el cumplimiento del déficit fiscal, no será fácil de lograr. Y ahí es donde está nuestro papel como ciudadanía: exigir estas medidas, entender que cada vez que se anuncian bajadas de impuestos, se debilita nuestra capacidad de reducir de manera efectiva la pobreza.  

La pobreza no nos ha caído del cielo. Es consecuencia de nuestro modelo de desarrollo social y económico, que genera exclusión y desigualdad. No tenemos recetas para solucionar la pobreza. Sólo situando el problema de la pobreza en el centro de la agenda, como un asunto de Estado que comprometa a todas las fuerzas políticas, estaremos caminando en la senda de la solución. No hay trucos mágicos plasmados en tres medidas. Los cambios sociales profundos requieren procesos lentos, inteligencia, y voluntad política real. Nos espera un largo camino para reducir la pobreza en España.  No lo hagamos esperar más.

Gabriela Jorquera  (EAPN Madrid) 

Jonás Candalija (EAPN España)

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)