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Las conversaciones entre el ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifraude catalana, que empezó a publicar el 21 de junio de 2016 el diario Público, y en las que Jorge Fernández Díaz conminaba en 2014 a su interlocutor, Daniel de Alfonso, a buscar o fabricar escándalos con los que acosar e incriminar a dirigentes del Gobierno catalán, va mucho más allá del conocido abuso de poder que marcó la batalla sin cuartel librada por el Gobierno central y sus medios afines contra el Ejecutivo catalán.
Lo que se escucha en esa conversación grabada es un ejercicio de guerra sucia e impunidad: el uso de las fuerzas de seguridad y de las alcantarillas del Estado (del Estado público y del Estado privado/concertado) con fines partidistas para investigar, espiar y acusar, removiendo tierra y cielo si hiciera falta, a unos adversarios políticos elegidos por los ciudadanos en las urnas.
Siendo este hecho del todo inaceptable en democracia, y suficiente por tanto para que el ministro en funciones y candidato del PP por Barcelona dimitiera hoy mismo de su cargo, las cintas de Interior muestran un lado muy inquietante y mucho más novedoso: el responsable del aparato de seguridad del Estado considera normal, ya que ni siquiera se inmuta cuando lo oye, el insólito hecho de que participe en esa caza de brujas gubernamental el jefe de seguridad de un holding mediático privado: Planeta.
En la primera grabación, De Alfonso afirma que el responsable de la seguridad de Planeta, Antonio López López, es “un hombre de la policía”, y añade que le ha pedido investigar (según leemos más abajo “para que no aparezca la UDEF” y no se queme el ministerio), si el padre de Oriol Junqueras se enriqueció con unos terrenos en Puigcerdá.
Todos conocemos el fervor privatizador del Partido Popular, pero externalizar la guerra sucia y la persecución política a un grupo mediático multinacional supera todo lo conocido. Las implicaciones de este hecho concreto son gravísimas, y deberían ser aclaradas a la mayor brevedad por la familia Lara, así como investigadas de oficio por la Fiscalía General del Estado y objeto de comisiones de investigación parlamentaria, tanto en Barcelona como en Madrid.
¿El jefe de seguridad de Planeta trabaja para la Policía Nacional? ¿Son compatibles ambas actividades? ¿Puede un jefe de seguridad de una empresa privada investigar y bucear en la vida privada de cargos electos? ¿Es esta una actividad frecuente en España? ¿Cuál es la relación entre el primer grupo editorial y de comunicación y las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Tiene el editor de La Razón, A3 y La Sexta otros jefes policiales en nómina?
Estas cuestiones abren otras cuyas respuestas el público tiene derecho a conocer: ¿Qué empresas españolas tienen en plantilla a agentes y jefes policiales más o menos encubiertos? ¿Qué tipo de investigaciones paralelas les piden o les han pedido realizar las fuerzas del Estado? ¿Sirven las empresas privadas para simular, como en este caso, que no es el Gobierno quien investiga a sus enemigos? ¿Vivimos en un país vigilado por una trama pública y privada de espionaje, control y acoso de adversarios políticos dirigida por gobernantes, empresarios y mandos policiales? Si esto es así, y todo indica que lo es, ¿qué capacidad de extorsión mantienen las grandes empresas de este país y organizaciones religiosas como el Opus Dei sobre los Gobiernos electos?
Una pregunta más: si conoció el presidente del Gobierno la cacería emprendida por su amigo y ministro, según asegura éste en la segunda toma de las grabaciones, ¿no debería la oposición exigir la dimisión inmediata del presidente? Lo mínimo que cabe pedir a Rajoy es que explique a los ciudadanos su visión del asunto antes de que estos ejerzan su derecho al voto el domingo.
Los ciudadanos tenemos derecho a conocer el verdadero alcance de este caso de una forma rápida y precisa. Especialmente, por el momento político que vivimos. La impresión que dejan las cintas de Interior es que el bloque bipartidista y su brazo financiero y mediático surgido con la Constitución de 1978 ha acabado creando una inmensa maraña de intereses comunes y cruzados, que poco o nada tienen que ver con la defensa del interés general, destinada a atacar a sus rivales con medios ilícitos y a perpetuarse en el poder a cualquier precio.
La sospecha lógica que cualquier ciudadano siente tras saber que el jefe de Seguridad de Planeta trabaja para la policía e investiga para el Gobierno de turno es que los poderes fácticos que han sostenido durante 35 años el bipartidismo imperfecto han formado un Estado visible, cuyas instituciones están visiblemente corrompidas, y se han atrevido a ir tan lejos como para crear un Estado paralelo e invisible, lleno de secretos y favores, destinados a tapar los agujeros del Estado visible.
De confirmarse esta dramática impresión, cobraría un sentido nuevo la expresión Régimen del 78, que tanto incomoda a quienes prefieren usar la palabra régimen solo para referirse al franquismo.
Lo que se juega este domingo en las elecciones este régimen corrupto, apuntalado a duras penas por sus medios afines, y lo que nos jugamos todos los ciudadanos, no es solo la pervivencia en el poder de este sistema de poder que no enseña su rostro, sino sobre todo su impunidad, su obligación de rendir cuentas.
La conversación del ministro revela, como ninguna otra conocida hasta ahora, el verdadero peligro, el pelaje real de este Régimen capaz de fabricar falacias en cascada para destruir a quienes osan hacerles frente, con la doble intención de disimular sus propias miserias y frenar todo cambio real que suponga tener que levantar las alfombras para hacer balance e inventario.
Fernández Díaz, que ha dado durante estos años numerosas muestras de incompetencia, arbitrariedad y fanatismo religioso, no debería seguir un minuto más al frente de las fuerzas de seguridad. Este hombre es un peligro para la democracia, además de un perfecto mequetrefe: que un titular de Interior se deje grabar conversaciones privadas en su despacho es el colmo de la negligencia. Pero siempre le agradeceremos su torpeza: ahora sabemos con qué tipo de sistema parademocrático nos jugamos los cuartos los ciudadanos, ahora entendemos de forma cabal lo difícil que será cambiar este país y recuperar esta democracia vejada y maltratada por quienes se declaran sus más leales y acérrimos defensores.
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Miguel Mora
es director de CTXT. Fue corresponsal de El País en Lisboa, Roma y París. En 2011 fue galardonado con el premio Francisco Cerecedo y con el Livio Zanetti al mejor corresponsal extranjero en Italia. En 2010, obtuvo el premio del Parlamento Europeo al mejor reportaje sobre la integración de las minorías. Es autor de los libros 'La voz de los flamencos' (Siruela 2008) y 'El mejor año de nuestras vidas' (Ediciones B).
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