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Hace seis meses, tras el 20D, CTXT publicó un par de editoriales pidiendo a las fuerzas de izquierda un pacto a la portuguesa. La suma de PSOE más Podemos y Unidad Popular, con el apoyo de algún partido nacionalista, dijimos entonces, ofrecía una ocasión histórica para desalojar al PP del poder y tratar de empezar a cambiar Europa desde la izquierda. La idea no prosperó, y tras la repetición electoral del 26 de junio, las cosas han cambiado a peor: la derecha ha sacado más votos que la izquierda, y todo el mundo parece resignado a que Mariano Rajoy sea de nuevo el presidente del Gobierno. Es decir, el problema original sigue ahí, la emergencia democrática sigue siendo la misma. El Partido Popular es uno de los partidos más corruptos de Europa, y que sea la lista más votada no significa que los demás partidos, y la gran masa de electores y abstencionistas que no votaron al PP deban resignarse a que siga en el poder. ¿Dónde está escrito?

Algunos dirán que es anacrónico pedir ahora que PSOE, Podemos y Ciudadanos se alíen para permitir la formación de un gobierno que ayude a restaurar las instituciones democráticas y que ponga en marcha un programa de emergencia social que ataje los urgentes problemas de la pobreza infantil, el desempleo juvenil y el paro de larga duración; un gobierno que imponga un estricto respeto a las investigaciones judiciales sobre las tramas de corrupción política y económica.

Eso debió pensarse antes, dirán algunos. Eso sigue siendo imposible, alegarán otros. Pero no: ni es una opción imposible ni es una opción desplazada o fuera del marco temporal. Quizás, incluso, debería ser más factible ahora que lo fue el 20D, puesto que los tres partidos concernidos saben ya exactamente cuál es la voluntad de los ciudadanos, y cómo la transversalidad es la única salida posible, la única capaz de satisfacer, al menos, la voluntad de cambio expresada, reiterada y muy claramente, por trece millones y medio de votantes.

PSOE, Podemos y Ciudadanos reúnen 51 escaños más que el Partido Popular y casi cinco millones más de votos. En sus manos está, pese a todos los enfrentamientos de los últimos seis meses, la posibilidad de dar un paso hacia el imprescindible saneamiento democrático del país y de avanzar en un proyecto económico y social que tenga más en cuenta a las capas menos favorecidas de la población. En sus manos está todavía la posibilidad de dar una respuesta más razonada, justa, decente a las necesidades de una ciudadanía que sigue haciendo frente  a una crisis sin precedentes y que tendrá que afrontar nuevos desafíos económicos y políticos en poco tiempo, no solo en el marco español sino también europeo.

Antes de dar por cerrada esa posibilidad, los responsables de los tres partidos deberían analizar la realidad de este país y el profundo deterioro institucional que sufre. La situación económica y social sigue siendo la misma que antes del 20D, si no peor a la vista de la bajada del crecimiento que, según la Comisión Europea, provocará el Brexit. Esta misma semana, Unicef ha recordado que el 34% de los niños españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social. La cifra llega a un agobiante 60% si ese niño es hijo de inmigrantes. ¿A qué hay que esperar para acometer un plan urgente de protección infantil? PSOE, Podemos y Ciudadanos comparten en sus programas el mismo diagnóstico y la misma voluntad de afrontar ese problema como un asunto que exige un combate inmediato.

Otra razón poderosa para frenar la continuidad del PP en el poder es la desafección que ha producido en muchos ciudadanos una corrupción sistemática, estructural. A los casos conocidos por todos, se ha sumado el reciente escándalo generado por las conversaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha puesto de manifiesto un gravísimo problema: el Gobierno del Partido Popular ha utilizado las instituciones del Estado para perseguir a legítimos adversarios políticos. Las grabaciones difundidas por Público demuestran que Fernández Díaz, en colaboración con un magistrado que presidía la Oficina Anticorrupción catalana (y con la ayuda del jefe de seguridad de una empresa privada, Planeta, un dato que está ocultando la inmensa mayoría de los medios de comunicación), puso en marcha una máquina del fango policial, judicial y mediática para fabricar pruebas falsas contra dirigentes catalanes. Este asunto no puede darse por zanjado gracias al resultado electoral del Partido Popular. El apoyo del 33% del censo, es decir del 17,3% del conjunto de los ciudadanos, no equivale a recibir carta blanca para seguir abusando de las instituciones en beneficio propio. Se trata de una actuación muy grave que debe tener consecuencias, porque si no las tuviera, significaría que el deterioro institucional ha alcanzado niveles tan bajos que ya difícilmente tendrán arreglo.

Por mucho que se esfuercen los grandes medios de comunicación, Mariano Rajoy no es un candidato presidencial “normal”, bajo ninguna circunstancia. Rajoy ha sido, y es, responsable de un partido que ha sido acusado de haberse financiado durante décadas con mecanismos ilegales, y de haber utilizado ese dinero “negro” en varias campañas electorales dirigidas por él mismo. Se ha negado en redondo a afrontar la situación y pretende seguir manteniendo esa actitud, para humillación de los ciudadanos que son conscientes del riesgo que ello supone para la salud democrática del país. Si Rajoy logra sus propósitos, la experiencia demuestra que los casos de corrupción se enquistarán en la sociedad española y que, peor aún, terminarán por contagiar a capas de la sociedad que han permanecido incontaminadas hasta ahora.

¿Qué más necesitan PSOE, Podemos y Ciudadanos para dar un paso al frente? La situación de emergencia en la que se encuentra el país exige una respuesta común y pragmática. Nadie les pide que renuncien a sus posiciones, sino que den prioridad a aquellas de entre ellas que permitan avanzar a la sociedad en el ámbito social e institucional. De ellos depende, si no solucionar radicalmente el problema del paro, sí al menos modificar aspectos de las leyes laborales para permitir que los trabajadores tengan mejores instrumentos de defensa de sus intereses; y organizar en pocos meses programas que permitan acudir en ayuda de jóvenes y parados de larga duración. De ellos depende mejorar los niveles de educación y formación de niños y jóvenes; profundizar en los mecanismos de igualdad de género; mejorar la dotación de investigación y desarrollo. De su acuerdo podría depender un mayor protagonismo español en la Unión Europea y una mejor comprensión de los retos políticos a que se enfrenta Europa, incluidos la inmigración y los asilados. Y, si no solucionar el problema territorial, sí al menos darle cabida en debates parlamentarios y en una futura reforma constitucional.

¿Por qué tenemos que resignarnos a perder todo esto? ¿Por qué hay que resignarse a un nuevo Gobierno del PP? ¿Dónde está escrito que esa es la única consecuencia natural de las elecciones del 26J? En ninguna parte, salvo en los titulares de los medios públicos y concertados, y, quizás, desgraciadamente, en las mentes de los propios dirigentes del PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Si así fuera, mejor sería que dimitieran en bloque y permitieran que otros dirigentes políticos con más carácter y más comprensión del momento y de la realidad ocuparan sus puestos.