¿Cómo debería la Unión Europea reaccionar ante la decisión de los británicos de salir de la unión? Esta es la pregunta que está en el centro del debate político en Europa.

El punto de partida para intentar responder a esta pregunta está en el hecho de que la Unión Europea tiene hoy una imagen muy negativa, no solo en Reino Unido, sino también en otras partes de la UE, lo que lleva al desencanto sobre el proyecto europeo. Defenderé que este desencanto tiene que ver con la incapacidad de la Unión Europea de poner en marcha un mecanismo que proteja a los perdedores de la globalización. Peor aún, la UE ha reducido la capacidad de los gobiernos nacionales para tener el papel de protectores, mientras que se ha hecho poco para crear tal mecanismo a nivel de la UE.

El libre comercio crea una increíble dinámica de innovación y prosperidad material. Pero esa prosperidad no beneficia a todos. Muchos han mejorado gracias a la globalización. Pero muchos otros no. Algunos incluso han visto reducirse su estado de bienestar porque han perdido sus trabajos o porque han bajado sus sueldos.

Ya que la globalización crea bienestar material en los países que participan de ella, en principio es posible compensar a los perdedores. Este es un argumento que la mayoría de los economistas encuentran lo suficientemente fuerte para defender la globalización. Pero los obstáculos políticos contra la organización de la redistribución hacia los perdedores de la globalización son grandes. Este es un problema en la mayoría de países industrializados, pero se hace más intenso incluso en la UE.

Las instituciones europeas se han convertido en grandes promotores de la globalización. El mercado único y los acuerdos comerciales a los que ha llegado la Comisión Europea han abierto las puertas europeas a la globalización. No hay nada malo en esto de por sí. Excepto que hay un fracaso completo al organizar las compensaciones necesarias para los perdedores de la globalización. Las instituciones europeas no tienen poder sobre la política social, que ha quedado en mano de las autoridades nacionales. Pero, las manos de estas autoridades han sido engrilletadas por las mismas normas fiscales dictadas por las instituciones europeas.

Las normas fiscales europeas no solo hacen extremadamente difícil compensar a los perdedores de la globalización. Lo que es peor, han aumentado sus problemas.

No sería sorprendente que algunos le dieran la espalda a las instituciones europeas, que parecen frías y preparadas para castigar cuando millones viven con dificultades. 

No solo hay que culpar a las normas fiscales, sino también a las reformas estructurales que han impuesto las mismas instituciones por el rechazo a la Unión Europea de millones de personas. Los legisladores europeos han adoptado el discurso neoliberal. De acuerdo con este discursos los trabajadores deben ser flexibles (lease de otra forma: deberían estar contentos cuando sus salarios bajan, cuando se les puede despedir rápidamente y cuando reciben menos prestaciones por desempleo). Los legisladores neoliberales que dominan ahora la Unión Europea predican que la seguridad social es improductiva y debería recortarse. Estas políticas se llaman, eufemísticamente, reformas. Las instituciones europeas y los gobiernos nacionales las imponen a millones de personas, sobre todo a los perdedores de la globalización.

El problema de la Unión Europea hoy es que en vez de ayudar a aquellos que sufren por la globalización ha puesto en marcha políticas que dañan a esta gente todavía más. No sorprende que los perdedores se subleven. Si la UE continúa con la austeridad y las reformas estructurales, las revueltas se extenderán y tomarán forma de intentos para salir la Unión. Es el momento de que la Unión Europea se ponga del lado de los perdedores de la globalización, en vez de impulsar políticas que benefician mayoritariamente a los ganadores.  

Esto se puede hacer de dos maneras. La primera es dejar de imponer reformas estructurales a los Estados. La lógica de estas reformas estructurales ha sido promover el crecimiento económico y por lo tanto debería beneficiar a todos. La prueba empírica de que la relación entre las reformas estructurales y el crecimiento económico sea positiva es muy frágil. El reciente análisis econométrico de los países de la OCDE no consigue encontrar pruebas de que las reformas en el mercado laboral y en el mercado de productos estimule el crecimiento económico (De Grauew y Ji (2016), FMI (2015)). Estos estudios, en cualquier caso, concluyen que la inversión, privada y pública, tienen un aspecto positivo en el crecimiento económico. 

El último resultado del análisis econométrico señala el camino para el segundo de los cambios en las políticas económicas que los legisladores europeos deberían seguir. Tendrían que estimular la inversión pública. Esta ha sufrido daños colaterales severos por los programas de austeridad impuestos por las instituciones Europeas. 

Un estímulo a la inversión pública solo se puede conseguir cambiando el pacto fiscal que impone un equilibrio presupuestario estructural a los Estados  de la Eurozona. Este pacto tiene la desafortunada implicación de que la inversión solo se puede financiar con los ingresos actuales. Raramente se ha impuesto una norma más destructiva para el crecimiento económico. Cuando a los políticos se les dice que el coste de la inversión pública debe estar completamente cubierto por los contribuyentes (votantes) mientras que los beneficios recaen sobre los futuros contribuyentes (votantes), no es sorprendente que las iniciativas políticas para impulsar la inversión pública sean débiles. Esto es lo que pasa ahora. Gracias a esa norma pobremente concebida, la inversión pública en la Eurozona está en bajos históricos. 

Se dice a menudo que permitir el crecimiento de la deuda pública dejará a nuestros hijos con una deuda insoportable. Esta crítica confunde la deuda bruta y la neta. Una vez que se llevan a cabo inversiones públicas emitiendo bonos del Estado, nuestros hijos heredan tanto activos productivos como bonos del Estado. Hoy el coste de emitir bonos es cercano a cero en muchos países europeos. Si los gobiernos consiguen invertir en activos productivos que tengan un rendimiento mayor de cero, nuestros hijos heredarán activos que tengan un rendimiento mayor del coste de la compra. Como resultado su deuda neta se habrá reducido. No entenderán por qué no aumentamos la inversión pública cuando comprar era tan barato. 

Soy partidario de una mayor integración política en Europa. Pero el gran esquema para “más Europa” debería relegarse a un segundo plano. En cambio, los políticos europeos deberían cambiar las políticas económicas y mostrar, de este modo, que la Unión Europea puede producir bienestar también para los perdedores de la globalización.

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Paul de Grauwe es economista y profesor de economía política en la London School of Economics and Political Science.

Este artículo se publicó originalmente en el blog del autor.