La tortura fue sistemática en el País Vasco entre los años 80 y 90 y se prolongó en menor medida en el tiempo. La incomunicación de los detenidos la favoreció de forma clara. Un informe propiciado por el Gobierno vasco ha identificado que 4.009 detenidos (17% mujeres y 83% hombres) fueron torturados en dependencias policiales entre los años 1960 y 2013. Respecto a la autoría, 1.561 corresponden a la Policía Nacional, 1.589 a la Guardia Civil y 310 a la Ertzaintza. Además, 4 acusaciones son contra la Policía Municipal, 9 contra funcionarios de prisiones y 39 acusan a otros.

Miren Azkarate tenía 18 años cuando la detuvo la Guardia Civil. Cuatro días con un antifaz en los ojos, desnuda, sin comer y rodeada de guardias civiles que le gritaban. Uno de ellos le obligó a masturbarle. Le practicaron la bolsa hasta casi ahogarla. Sin apenas respiración oyó que decían “se nos ha ido de la mano, llamad a una ambulancia” y creyó morir. Lo deseaba. En los calabozos le colocaron una pistola en la mano. Se la subió a la sien, apuntó y disparó. El cargador estaba vacío.

Es uno de los testimonios escuchado tras el avance de las conclusiones de la investigación Tortura en el País Vasco entre 1960-2013, presentado recientemente en San Sebastián dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (UPV) Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes. 

Todas las víctimas que aparecen en el estudio han denunciado pública y/o judicialmente lo ocurrido. El número no es definitivo y ya se está incrementando. Cada vez son más las personas que abandonan los muros de silencio, el obligado calla y olvida, para prestar su testimonio en el estudio dirigido por el forense y profesor de Medicina Legal Francisco Etxeberria y propiciado por la Secretaria General  para la Paz y la Convivencia del Gobierno de Euskadi. Los resultados finales se presentarán a finales de este año. “Son verdad”, sostuvo Etxeberria tras escuchar los testimonios de tres mujeres. “Son todos muy similares”.

Que la tortura fue sistemática como método de obtener información ya lo venía diciendo el profesor Etxeberria. Pero nunca hasta ahora se había mostrado de manera tan irrefutable. Los resultados de la investigación están avalados por un equipo de investigación de varias decenas de profesionales y se han aplicado protocolos internacionales como el de Estambul. 

La información generada se ha contemplado en tres ámbitos de interés para garantizar los elementos de convicción suficientes para acreditar los hechos: la prueba testifical, la documental y la pericial, y más de 22.000 documentos analizados.

Más de 900 testimonios recogidos en audio y vídeo que relatan los contenidos más oscuros en los que las lágrimas y el dolor se entremezclan con la indignación por la falta de reconocimiento  del daño sufrido.  

Durante años, la consiga de la dirección de ETA a sus militantes de denunciar torturas propició el escepticismo. Daba igual que un detenido mostrara la cara desfigurada, varias costillas rotas o denunciara haber sido violado.  Todo respondía a la maniobra terrorista y caso cerrado. Y, con la connivencia judicial porque si la policía actuaba, los jueces “no estuvieron a la altura”, apunta el  prestigioso forense guipuzcoano.

La investigación intenta desvelar la incidencia real de la tortura en Euskadi en esos 50 años con el fin de fijar conclusiones respecto al reconocimiento, la reparación de las víctimas e incluso prevenir que se repita.

Los resultados siguen sin ser aceptados por algunos sectores que insisten en las maniobras orquestales de ETA como justificación para la incredulidad.   

El hallazgo más importante de este estudio y que constituye el objeto principal de investigación es el referente al grado de credibilidad de los testimonios: fue medido de manera combinada por psicólogos, psiquiatras, médicos y forenses. La base de la evaluación de credibilidad ha sido la exploración psicológica / psiquiátrica, no tanto en cuanto a búsqueda de secuelas (exploración clínica, test psicométricos) sino al examen de consistencia de las diferentes áreas de exploración, tal y como indica el Protocolo de Estambul que debe hacerse, según se explica en el informe.  

Un 16% de las personas examinadas aún sufre las secuelas: síntomas moderados (13%) o graves (3%) de tristeza o depresión.  

La credibilidad global de las evaluaciones tras combinar los factores psicológicos y médicos fue: 11% máxima consistencia, 46% muy consistentes, 41% consistente y  2% inconsistente para tortura (consistente con tratos inhumanos o degradantes o con uso excesivo de la fuerza durante el arresto). 

“Nuestro análisis está en consonancia con la observación hecha por el  Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional de que las denuncias de tortura no pueden considerarse como meras fabulaciones, sino que son creíbles en vista de las circunstancias personales”, se señala en el trabajo.

Son numerosas las instituciones y observadores nacionales e internacionales que han llamado la atención respecto a la existencia de torturas con base a sentencias judiciales que han existido o a través del firme convencimiento del fondo de verdad de las denuncias públicas que se han producido evaluadas con criterios profesionales. 

Durante el tiempo que recorre la investigación, ha habido 9 fallos judiciales condenatorios a agentes de la Policía Nacional y 21  a miembros de la Guardia Civil, condenando a 50 funcionarios (1 mujer y 49 hombres) por delitos contra 32 detenidos (4 mujeres y 28 hombres) entre los años 1979 y 1992, y ninguno contra la  Ertzaintza.

La década de los 80 sobresale por el elevado número de denuncias y por las primeras condenas judiciales ratificadas por el Tribunal Supremo. “Posteriormente se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura para tratar de dificultar la prueba forense que los acreditase”, se subraya en el trabajo.

La evolución histórica de estas denuncias permite constatar un descenso progresivo de las mismas a partir del año 2004. No se registró ningún caso en 2015 y 2016.

Nada queda fuera de la investigación y así en lo que respecta a los métodos de tortura, hay una diferencia significativa entre los distintos cuerpos policiales. La bolsa es el sistema elegido por la Guardia Civil. El plantón (el detenido permanece de pie, sin beber ni comer, ni moverse durante horas)  y la extenuación física se muestran como una técnica generalizada en los tres cuerpos policiales en contraposición a los electrodos y la bañera que dicen haber sufrido un número importante de detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

Además, hay que añadir la importancia que tienen en la esfera psíquica los gritos, insultos y amenazas. “Con todo, estos no son los únicos ni los más graves métodos de tortura alegados por los detenidos”, se resalta.  

Porque además de esta barbarie, se han reconocido casos de violaciones, por ejemplo. Una joven arrestada en Bilbao en marzo de 2011 en una redada de la Guardia Civil por su presunta relación con ETA, denunció haber sido violada vaginal y analmente con un palo, además de sufrir otros tremendos abusos y amenazas, durante su incomunicación en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró hace dos años “creíble y consistente” su relato.

En las últimas décadas, diferentes organismos internacionales han condenado a España por incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y su prevención. Así, en sus resoluciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha hecho en cuatro casos en Euskadi (correspondientes a los años 2002, 2003 y 2011), tres en Navarra (en 2009 y 2011) y uno en Catalunya (1992).

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha reconocido torturas en varios casos de denuncias que los tribunales españoles ignoraron.  Entre ellos, el del periodista Martxelo Otamendi.  El Comité  recuerda en su informe que lleva dos décadas llamando la atención de las autoridades españolas para que pongan fin a la tortura y a los malos tratos sin obtener respuesta.   

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha realizado dos dictámenes condenatorios por torturas acontecidas en 1992. 

La incorporación de medidas correctoras para la prevención de la tortura ha sido reclamada constantemente durante todo este tiempo por organizaciones de Derechos Humanos y entidades públicas sin que se haya producido una suficiente intervención administrativa que garantice de manera efectiva los derechos de las personas detenidas, se resalta en la investigación dirigida por Francisco Etxeberria.

El forense recalca en su trabajo que en  1997 y con el fin de hacer efectivas las recomendaciones hechas por las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas y Consejo de Europa, y lograr que la acción de los médicos forenses en España se adapte a técnicas y procedimientos internacionalmente reconocidos, se estableció un protocolo para el examen médico forense a los detenidos para que la información médica fuera más clara y concisa como elemento de prueba fundamental ante los tribunales.

“Lamentablemente, no se ha cumplido, salvo excepciones, lo que ha dificultado el ejercicio de prueba pericial esencial para investigar los casos alegados por los detenidos”. 

En 2003, el Gobierno Vasco estableció un Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación que implicaba de forma directa a la Administración de Justicia, Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco e Instituto Vasco de Medicina Legal y que permite controlar la gestión de los detenidos al incorporar  la videograbación. “La tortura es lo que queda dentro”, dijo una de las mujeres que prestó su testimonio. 

Etxeberria pide el reconocimiento de las víctimas. “A las víctimas de los abusos policiales les falta el reconocimiento institucional, el social, ya lo tienen en la calle, en el pueblo. Algunos critican el punto número 6 del Plan de Paz, pero a mí me parece bien que exista este plan creado por el Gobierno vasco. Se refiere a las torturas y reconoce que han existido. Lo que pasa es que hay que medir. Y lo que estamos haciendo es precisamente medirlo entre el año 1960  y la actualidad”.