Una lectura simple indica que el deporte español obtuvo en Río 2016 los mismos resultados que en Londres 2012 con casi un 40% menos de recursos públicos: las mismas 17 medallas con un recorte de 32,5 millones de euros anuales que redujo, entre 2011 y 2015, de 84,7 a 52,2 la aportación de las arcas públicas a las federaciones, según recogen las memorias del Consejo Superior de Deportes.

En realidad sería una menos, ya que la haltera Lidia Valentín ascendió en julio de 2016 al primer cajón del podio de Londres tras la descalificación por dopaje de las tres primeras clasificadas en la categoría de 75 kilos; también una menos que en Pekín 2008, en este caso sin condecoraciones a posteriori, y tres por debajo de Atenas 2004, Juegos en los que el lanzador de peso Manolo Martínez tardó nueve años en recibir el bronce por descalificación del campeón.

El registro, en cualquier caso, mejora los resultados de Sydney (11), iguala los de Atlanta y se queda por debajo de las 22 de Barcelona 92, cuando el olimpismo español dio un salto cualitativo por la combinación de varios factores entre los que destacan el aumento de la inversión pública y la llegada del programa ADO. En total, los olímpicos españoles han logrado 123 medallas en los siete juegos disputados desde 1992 frente a las 24 que obtuvieron en doce de los anteriores, 26 si se añaden el oro de Amezola y Villota en cesta-punta por parejas y la plata de Pedro Pidal el tiro en París 1900.

Pero, ¿son las medallas olímpicas indicativas del nivel deportivo de un país? Javier Hernández, expresidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, miembro durante cuatro años de la junta directiva de la estatal e integrante otros tantos de la de gobierno, tiene claro que no. “Se trata de individualidades. Están Mireia Belmonte (natación), Ruth Beitia (salto de altura) y Carolina Martín (badminton), pero ¿dónde están las segundas de sus especialidades?”, se pregunta, mientras llama la atención sobre aspectos como la eliminación, generalizada y habitual, de los representantes españoles en los deportes principales de los Juegos, caso del atletismo, la natación o el remo, competiciones en las que caen a las primeras de cambio. En gimnasia, otro de los puntales de la competición, es reseñable que ningún equipo, ni el masculino ni el femenino, clasificara para la cita de Río de Janeiro, la primera vez que esto sucede desde los Juegos de Moscú en 1980.

Una brecha: o la alta competición o nada

En el deporte español se está abriendo una brecha en cuyo origen, y pese a la generalización de la práctica por ocio, de la que da fe la creciente participación --especialmente femenina-- en las carreras populares y solidarias, se encuentran el escaso apoyo económico en la etapa escolar y en la base. “De ahí es de donde salen los campeones”, explica Hernández, que pone como ejemplo iniciativas como la francesa de profesionalizar a los entrenadores en esos ámbitos. Ese declive hace que esté “desapareciendo el deportista de club. La gente hace alta competición o nada”, anota.

Mientras crece la afición a algunos de los deportes más mediáticos y profesionalizados --las federaciones de fútbol, baloncesto y ciclismo pasaron entre 2005 y 2015, según los datos del CSD, de 681.481 fichas a 909.761, de 307.618 a 355.845 y de 41.611 a 75.855-- cae notablemente en otros históricamente potentes como el atletismo --de 110.618 a 70.911--e, incluso y pese al arrastre de deportistas como Rafael Nadal, en el tenis. En este caso, el descenso supera las 14.000 fichas --de 99.309 a 85.181-- mientras el pádel se cuadruplica al pasar de 13.698 a 56.263.

El número de fichas ha tenido altibajos. El balance de la década es positivo al haber crecido de 3.138.201 a 3.501.757, aunque en los últimos cuatro años, desde 2011, se han perdido 46.361. Ahí parece clave el efecto de los recortes. Las ayudas de la Administración a las federaciones --incluidas algunas no olímpicas como el automovilismo, además de las de invierno-- pasaron con el Gobierno del PP, y pese a la afición al deporte de su presidente, de 73,2 millones a 42,6 entre 2011. En ese periodo, las entidades se pusieron las pilas y elevaron su generación de recursos propios de 197,4 a 231,5. Ese resultado económico logró enjugar también el recorte en las becas ADO, que en ese cuatrienio pasaron de 11,5 millones a 9,5, entrenadores incluidos.

El tajo de los fondos públicos resulta llamativo en los casos de algunas federaciones cuyos deportistas obtuvieron medallas en Río de Janeiro, como la de atletismo, en la que ayudas y subvenciones cayeron de 6,1 a 3,4 millones en cuatro años, baloncesto (de 3,3 a 1,9), natación (de 4,4 a 3,4), piragüismo (de 3,2 a 2,4) o tenis (de 2,02 a 888.469 euros). Y también resultaron notables en alguna como el ciclismo  (de 3,1 a 1,7 millones), que, a pesar de ello, sumó medalla --Carlos Coloma en bicicleta de montaña---y diploma --Jonathan Castroviejo en la contrarreloj individual--.

“¿Queremos que España desarrolle una política deportiva o que haya una élite con triunfos? En España falta una política deportiva”, anota Hernández. Esa es la decisión clave en un país cuyo cuadro clínico apunta al sillón-ball: se disfruta de los éxitos televisados de sus profesionales mientras la práctica deportiva comienza a declinar ya desde edades tempranas.

¿Base potente o élite subvencionada?

En España solo hay, oficialmente, dos deportes profesionales: el fútbol, ausente en Río tras el bochorno de Londres, y el baloncesto, en el que la generación dorada de Pau Gasol se subió por tercera vez consecutiva al podio. Tenistas como Nadal no son oficialmente profesionales, aunque sus resultados en el circuito le permiten vivir de manera holgada. El resto de los deportistas que destacan, entre ellos medallistas pioneros como Carolina Marín, viven de las becas ADO, de algunos patrocinios privados y, en el caso de algunos atletas --especialmente fondistas y mediofondistas--, de su participación en pruebas y meetings.

Sin embargo, las ayudas ADO no son, ni mucho menos, el factor clave de los resultados del deporte español. Aunque sí pueden resultar un indicador de su evolución y una certificación de esa brecha: alcanzan a 402 de los 3.893 deportistas de alto nivel censados en España --al 10,32%, tras caerse de la lista 19 de los becados en cuatro años-- y su cuantía de 6,82 millones arroja una media de 16.891 euros, que baja a 13.237 en el caso de los 143 entrenadores incluidos en el programa. Las becas para prepararse en centros de alto rendimiento, cuyos destinatarios son en ocasiones forzados a federarse en las comunidades que los gestionan, alcanzan a 832, que suponen  el 21,3% del total. Poco más de uno de cada diez y apenas uno de cada cinco, respectivamente, con el siguiente desglose en el primer caso: 240 becas por diplomas que se llevan 3,45 millones del presupuesto; 118 por medallas que reciben 2,89; otras 43 por resultados que suman 403.500 euros y dos extraordinarias que suponen 29.500 euros.

La combinación de esa difícil autonomía económica de los deportistas con la creciente exigencia en sus rendimientos guarda relación con otro de los factores distorsionadores del deporte profesional: el dopaje. Compatibilizar una formación profesional de cierto nivel con la práctica de deportes de alta competición resulta entre complicado e imposible cuando el grueso de la manutención del año siguiente depende de los resultados. O estudias o compites. Y eso, con la amenaza de una posible pérdida de su posición, incrementa el riesgo de que los profesionales recurran a las trampas. Las sanciones preolímpicas a una potencia como Rusia son, más que un botón, una larga cremallera de muestra de esa realidad. “¿Esas 17 medallas serán dentro de unos años 25? ¿O 14?” se pregunta Hernández, consciente de que expone una duda tan políticamente incorrecta como real en la vida.