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A escasos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Río, el Comité Olímpico Internacional ha tenido que decidir si excluye de la competición a una de sus grandes potencias, Rusia, envuelta en el que posiblemente sea el escándalo de dopaje más grande de la historia. La decisión final del COI --no excluir a la delegación y limitar el veto a aquellos que hayan dado positivo en el pasado (solo a los rusos, en Río habrá deportistas que se doparon en el pasado, pero de otros países)-- ha sido interpretada como un intento de conciliar las demandas de un castigo ante las evidencias de un dopaje organizado por las propias instituciones y la amenaza de ruptura y futuro boicot en el olimpismo.

La precipitación con la que se toma tal decisión contrasta con los más de tres años desde que el tabloide británico Daily Mail publicara la primera investigación al respecto (julio de 2013). Las grabaciones y testimonios de deportistas afectados por la trama, revelados en diciembre de 2014 por la televisión pública alemana ARD, no tuvieron respuesta hasta casi un año después. En noviembre de 2015, un informe independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó todas las denuncias y sospechas. “Es peor de lo que pensaba”, llegó a confesar su autor, Richard Pound.

La segunda parte del informe, en enero de este año, acabó de dibujar un escenario inasumible: las autoridades deportivas rusas habían burlado el control antidopaje con un laboratorio ‘B’ para cocinar tests limpios y desechar positivos con la colaboración de agentes de la policía secreta del país. La agencia antidopaje rusa y su federación de atletismo fueron suspendidas y sus atletas quedaron excluidos de toda cita deportiva.

Todo ello unido a la muerte en extrañas circunstancias del antiguo director del antidopaje ruso, Nikita Kamaev, días después de intercambiar una serie de correos electrónicos con un investigador danés. Pretendía contar en un libro informaciones comprometedoras, según él, no solo para el deporte ruso. Un nuevo informe encargado por la AMA y presentado este mes de julio, apenas unos días antes de la decisión final del COI, extendía a otras disciplinas aparte del atletismo el encubrimiento de dopaje en Rusia.

Sin embargo, a lo largo de toda esta carrera de investigaciones que desnudaban la credibilidad del gigante euroasiático, sucesivas revelaciones periodísticas desvelaban mucho más que un sistema de dopaje organizado en Rusia. A través de la filtración de una base de datos con resultados de valores sanguíneos obtenidos en tests antidopaje, y con el cotejo de científicos expertos, la ARD y el periódico Sunday Times concluían que durante más de una década (2001-2012) un tercio de todas las medallas repartidas en Mundiales y JJOO habían sido obtenidas por deportistas dopados en algún momento de su carrera. Dopados, aunque en su mayoría nunca sancionados.

El propio Parlamento británico llegó a abrir una comisión en la que se hizo público un estudio sobre la prevalencia del dopaje ocultado hasta entonces por la IAAF: entre un 29% y un 34% de deportistas admitían usar sustancias prohibidas frente al 1-2% de casos positivos oficiales. El escándalo llegó a cercar a una de las atletas referencia durante esos años, la británica Paula Radcliffe, que instó a los deportistas británicos a no hacer públicos los datos de su pasaporte biológico.

La sospecha de un entramado de corrupción para encubrir el dopaje se extendía a un nivel superior al denunciado en Rusia. La imputación, dentro de una causa judicial paralela desarrollada en Francia, del presidente saliente de la IAAF, Lamine Diack y de parte de su cúpula directiva, por aceptar sobornos a cambio de ocultar positivos corroboró la gravedad de las acusaciones que minaban aún más la ya de por sí golpeada credibilidad del atletismo.

Todo el sistema está bajo sospecha. Las denuncias no solo revelan un dopaje mayor al reconocido, sino una trama de extorsión contra los atletas para tapar las trampas y la corrupción en las propias instituciones que aparentaban velar por la legalidad de la competición.

¿Qué pasó con esas denuncias, con esa base de datos con resultados de atletas tramposos que nunca habían sido sancionados? La AMA, en esa segunda parte del informe Pound dio carpetazo al asunto de los positivos fantasma, despojando de toda credibilidad al método empleado por los científicos que sustentaban la investigación. Justo en la misma línea que había hecho meses antes el presidente entrante de la IAAF, Sebastian Coe, elegido tras la marcha de Diack.

Coe, presente en la entrega de dicho informe, fue señalado por la propia AMA como el dirigente encargado de poner orden en el atletismo mundial. No importó que hubiera defendido a Diack --al que llegó a calificar de “líder espiritual”-- y que formara parte de la ejecutiva de la IAAF descabezada por la justicia francesa. Tampoco que se filtraran correos electrónicos de su mano derecha, Nick Davies, en los que se manifestaba el conocimiento de todo este encubrimiento y las artimañas para administrar de cara a la opinión pública el escándalo. O que tuviera que dar cuenta ante el parlamento de su país por haber cobrado de Nike mientras la IAAF, de cuya directiva formaba parte, llevaba a Eugene (Oregon, EEUU) los Mundiales de Atletismo de 2021. A las puertas de la sede de Nike.

Precisamente, en medio de esta efervescencia informativa, otra investigación de la BBC acusó a Alberto Salazar de suministrar sustancias dopantes a varios de sus atletas. Salazar es responsable del Nike Oregon Project, donde entrena un grupo de fondistas de élites entre los que se encuentra el británico Mo Farah. Preguntada al respecto, la IAAF no quiso ni confirmar ni desmentir que estuviera investigando el asunto “para no arriesgar la eficacia” de esta. Nada más se supo del asunto.

La IAAF sí que amenazó la participación de otro gigante del atletismo, Kenia, cuya federación también se vio salpicada por la trama de sobornos para tapar positivos. También por la existencia de una trama que suministraba sustancias dopantes a atletas extranjeros que entrenaban en el país africano. Y también del cobro de medio millón de dólares por parte de Nike a unos directivos. La firma sostiene que el objetivo de ese dinero era apoyar proyectos deportivos en el país, pero la investigación policial ve en el pago un intento de conservar el patrocinio a los atletas ante la amenaza de un competidor chino. La indignación en Kenia fue tal que sus atletas llegaron a ocupar la sede de la federación. A pesar de todo, la IAAF dio luz verde en mayo a la participación en los Juegos.

Los escándalos durante todo este tiempo se han ido acumulando, pero toda ramificación de la trama, todo indicio de irregularidad que no fuera el dopaje de estado en Rusia, ha quedado en un segundo plano. Que después de todo lo revelado los problemas de dopaje en el atletismo y en el deporte hayan sido reducidos a la causa rusa alimenta las sospechas de quienes, sin restar veracidad a las acusaciones, ven más afán de saldar cuentas pendientes de geopolítica que preocupación por la limpieza de las competiciones.

Máxime cuando en ningún momento se ha llegado a plantear la regeneración de un sistema que ha dado demasiadas señales de estar profundamente corrupto, ni se ha querido instalar un debate amplio sobre las medidas que se deben tomar si se quiere acabar, o minimizar al máximo, la lacra del dopaje. No ha existido debate ni insistencia de ningún tipo por reforzar la independencia y la financiación de las agencias antidoping, dependientes de los propios organismos deportivos cuya limpieza tienen que vigilar. Tampoco acerca de una mayor transparencia o financiación de sus actividades.

Durante todo este tiempo no se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de mejorar la exigencia en las autorizaciones médicas, los TUE, sobre los que la propia federación británica de atletismo (UK Athletics) ha urgido actuar --¿sabían que existe la posibilidad de competir dopado sin preocuparse por dar positivo? Pues sí, estando enfermo, o declarar estarlo--. En un manifiesto el pasado mes de enero, esta federación llegó a pedir un nuevo registro de récords mundiales, entendiendo que la gran mayoría, si no todos, podrían haber sido logrados gracias al dopaje.

Todos los escándalos mencionados anteriormente, todos los nombres propios, tienen un denominador común: el patrocinio de Nike. ¿No es necesario también abrir un debate que implique, no ya la participación de las grandes firmas que se arriman al deporte y añaden con su dinero un plus de presión y de importancia a los resultados, sino también la asunción de responsabilidades?

Si existe una persona cuya situación sirve para ilustrar el paradójico interés de las autoridades deportivas por acabar con tramas de este tipo, esa es Yuliya Stepanova. Fue su testimonio y al de su marido Vitaly Stepanov, antiguo trabajador de la agencia antidopaje rusa, el hilo para destapar lo que su país ocultaba. Tras la denuncia decidió salir de Rusia junto con su familia por el miedo a represalias. Su intención era competir en Río como independiente.  La decisión final del COI se lo impedirá, pues la considera una dopada más.

El castigo a Rusia consiste en excluir a todo deportista que haya dado positivo en el pasado, una sanción retroactiva que no aplica al resto de otros países, diferenciando por tanto entre dopados malos --los rusos, sin derecho a perdón-- y dopados que merecen una segunda oportunidad --el resto--. Paradójicamente, si atendemos a las denuncias de dopaje organizado, extorsión y amenazas, en lugar de reconocerles como víctimas, reciben la mayor parte del castigo.

Ni siquiera ha cabido una excepción para Stepanova, que en lugar de poder competir ha recibido una invitación para el palco. “No testificamos para conseguir invitaciones de espectador”, respondió la pareja, que recurrió la decisión al Tribunal de Arbitraje Deportivo y espera su resolución final. ¿Es posible creer en que existe un interés real por ajustar cuentas con el dopaje cuando se abandona de esta manera a las personas que arriesgan su propia integridad y carrera por denunciarlo?

Su veto parece más una compensación a Rusia tras la exclusión de todo su equipo atlético, una pequeña alegría para Putin, que no verá a Isinbayeba en la inauguración de Maracaná el viernes 5 de agosto, pero tampoco a Stepanova bajo la bandera olímpica. O, sencillamente, una advertencia para aquellos que tienen agallas para enfrentarse al sistema, pues suponen, más que una oportunidad para limpiarlo, una amenaza para el negocio.