El proceso de la multa de Bruselas a España se ha iniciado como consecuencia de las reformas que se hicieron para “reforzar” las reglas fiscales en Europa. Si antes de la crisis el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento (PEC, el que rige la coordinación macroeconómica en la eurozona) era ya de por sí muy rígido, la solución para la crisis ha sido reforzar y dotar de mayor rigidez todavía al marco fiscal europeo. En 2009 se establece que España tiene que tener un déficit por debajo del 3% en 2013. En 2013 se incumple el objetivo y se establece que tiene que reducirse por debajo del 3% en 2016. En 2016 se amenaza con una multa y se establece que el déficit tiene que estar por debajo del 3% en 2018. Ahora la nueva senda es del 4,6% para 2016, 3,1% para 2017 y 2,8 para 2018. La Comisión Europea (CE) y el Gobierno quieren presentar esta decisión como  un logro para España, cuando en realidad representa un ajuste brutal que necesitará de mayores recortes --lo que por otro lado demuestra que los recortes aplicados desde 2011-2013 y la destrucción productiva y social que han producido eran completamente innecesarios--. Parece claro que no tiene ninguna lógica económica establecer unos objetivos que no pueden ser cumplidos --el límite del 3% se ha violado en más de 165 ocasiones--, y posteriormente amenazar con una multa por no cumplir esos objetivos incumplibles, y que además en todo caso haría más difícil el cumplimiento de esos objetivos.

La CE regala 2016 al Gobierno de Mariano Rajoy y consigna los recortes casi en su totalidad para 2017, donde tendremos que cumplir un déficit del 3,1%. Esa décima por encima del 3% parece ser la cristalización de una negociación entre el Ejecutivo en funciones de Rajoy y la CE: mientras el Gobierno puede vender “dos años más” para cumplir el objetivo de déficit y una multa cero, la CE puede vender que el PEC sigue vivo y no ha de ser reformado. En realidad nada de ello es cierto, primero porque no está asegurado el hecho de que no haya consecuencias económicas para España. Concretamente a pesar de que la multa en efecto haya sido anulada, la decisión sobre la congelación de fondos estructurales se ha pospuesto hasta comprobar que España acomete las reformas necesarias –recortes-- para reducir el déficit en 2017 al 3,1%. Mientras el Ejecutivo puede vender la multa cero, por otro lado la Comisión puede decir que el cumplimiento del PEC sigue estando vigilado por normas sancionadoras.

La irresponsabilidad en términos de ingresos públicos ha sido histórica, teniendo su cénit en la reforma fiscal de 2015

Al Gobierno le interesaba que no hubiese multa --que hubiera tenido poca incidencia económica, pero sí mucho coste político-- pero parece mucho menos preocupado por las consecuencias del duro ajuste que se pide desde Bruselas para 2017 que se tendrá que consignar en los presupuestos de 2017 y que, si hay gobierno, se empezarán a tramitar en septiembre. En realidad, lejos del triunfalismo del Gobierno, la situación de las cuentas públicas que nos deja la pasada legislatura es especialmente delicada. La irresponsabilidad en términos de ingresos públicos ha sido histórica, teniendo su cénit en la reforma fiscal aprobada por el gobierno en 2015. En efecto, esta reforma fiscal está teniendo, como anunció Podemos, consecuencias fiscales muy negativas, y muy superiores a las previstas por el Gobierno en un principio. Mientras la reforma del IRPF costó unos 8.000 millones de euros a las arcas públicas, la reforma del impuesto de sociedades está teniendo un impacto mucho peor que el anunciado por el Gobierno. Este impuesto tiene numerosos agujeros fiscales que hacen que las grandes empresas prácticamente no tributen.  Sin embargo existía una retención que ejercía de mínimo, por lo que su desaparición gracias a la última reforma fiscal ha producido un desplome de la recaudación (ha caído hasta un 50%). Es realmente preocupante que, con un crecimiento de más del 3% los ingresos tributarios estén cayendo (casi un 3% en variación homogénea de enero a mayo). Lo que ha prometido el Gobierno a Bruselas es revertir esta medida, aceptando las críticas generalizadas que se han hecho a su irresponsable reforma fiscal.

A medida que se agote el Fondo de Reserva, el Gobierno intentará aplicar una nueva reforma

A esta situación se une el desplome de ingresos de la Seguridad Social como consecuencia de la precarización del empleo en este país. La bajada de salarios y la falta de empleo han incrementado el déficit de la Seguridad Social que, a pesar de estar creciendo a tasas similares a las del 2007, tiene un déficit del entorno del 1%. A medida que se agote el Fondo de Reserva, el Gobierno, apelando al déficit en el sistema de la Seguridad Social que sus políticas han generado, defenderá e intentará aplicar una reforma, la tercera desde 2010, que necesariamente irá en la dirección de privatizar parte del sistema de pensiones público. Todo este análisis demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy, lejos de arreglar el problema estructural que tiene España en términos de ingresos públicos, lo ha profundizado dejando un cuadro macroeconómico cogido por alfileres. 

La delicada situación de las cuentas públicas tiene su reflejo en el incremento de la supervisión de Bruselas, que ha pedido informes trimestrales para controlar el cumplimiento del PEC. España podía haber salido del procedimiento de déficit estructural en 2015 con el crecimiento inercial de la economía si el Gobierno no hubiera aplicado su reforma fiscal electoral (anunciando además sucesivas rebajas fiscales en campaña). Esta peligrosa situación implica que si España no cumple en 2016 la cifra del 4,6% de déficit, se aplicaría el artículo 126.11 que incluye mecanismos de sanciones mayores y más automáticos, y lo que es peor, España perdería gran autonomía a la hora de aplicar políticas económicas (y las sanciones serían inevitables, así como la imposibilidad de acceder a los fondos del BEI, y la congelación de fondos estructurales). Es un paso anterior a la pérdida total de soberanía que implica el famoso “programa”. Hay numerosas contingencias –como las autopistas de peaje, un agujero de 5.000 millones-- que pueden hacer saltar el objetivo. El problema no es que no haya gobierno, sino que el que está en funciones ha jugado con las cuentas públicas como estrategia electoral, lo cual nos ha puesto al borde del abismo.

Es necesaria una profunda reforma del marco fiscal en el que se desenvuelve el proceso de construcción europeo

En cualquier caso este análisis desvela varias cuestiones cruciales a la hora de afrontar responsablemente la situación económica de España y la UE. En primer lugar, es necesaria una profunda reforma del marco fiscal en el que se desenvuelve el proceso de construcción europeo. Un marco fiscal regido por el PEC que presta demasiada atención a los déficits de las cuentas públicas y demasiada poca atención a los déficits sociales que sufren países como España cristalizados en elevadas tasas de desempleo, desigualdad y pobreza. En segundo lugar, se hace perentoria una reforma fiscal progresiva que permita solucionar los problemas estructurales de ingresos públicos que sufre España. En tercer lugar, se hace más que necesario una reforma laboral que permita corregir el déficit coyuntural –debido al desempleo y bajos salarios-- de la Seguridad Social que han causado las dos últimas reformas laborales. En cuarto lugar, es necesaria una política de inversión pública que permita recuperar la degradación de los servicios públicos generada en la última legislatura y al mismo tiempo permita impulsar oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos (como la transición energética). 

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Segundo González es diputado de Unidos Podemos.

Iván H. Ayala es asesor económico del grupo parlamentario Unidos Podemos.