Supongamos que usted es un mal estudiante de ESO al que le han quedado todas para septiembre. Le han dado las notas hoy y mañana es su cumpleaños, donde espera un cuantioso regalo. ¿Cuándo se lo diría a sus progenitores? Mariano Rajoy lo tiene claro: esperaría al día siguiente.

Y esto es, en otro orden de magnitud, lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Tras ganar las elecciones del 26 de junio, nos ha obsequiado con un panorama desolador: una deuda pública creciente, una sanción de la Comisión Europea, nuevos ajustes a la vista y un nuevo sablazo al Fondo de Reserva de las Pensiones. A Rajoy le han quedado todas para septiembre, eso sí, con el regalo de haber vuelto a ganar las elecciones generales en el bolsillo.

El problema de haber escamoteado estos datos a la opinión pública no debe medirse en los términos cortoplacistas a los que el Gobierno nos tiene acostumbrados. El problema es que ocultar estas realidades significa perder un tiempo precioso en encontrar soluciones. En efecto, España deberá acometer una reducción del déficit público considerable entre lo que queda de 2016 y el año 2017, a sabiendas ya de que el déficit público del primer semestre anda disparado por la inacción y los recortes de impuestos, que ahora se quieren revertir parcialmente. El ajuste no será menor, ya que el objetivo es bajar del 5,1% de déficit público en 2015 al 2,8% en 2017. Un ajuste fiscal de más de 20.000 millones de euros, equivalente al producido entre 2011 y 2013. Lo haremos además bajo la atenta supervisión de las instituciones europeas, que ya han institucionalizado nuestra inacción en materia de déficit público a través de la correspondiente apertura del procedimiento sancionador.

Por si esto fuera poco, el fondo de reserva de la Seguridad Social, víctima de las bajas cotizaciones que recibe debido a la precariedad del empleo generado en la llamada recuperación, está viendo sus cuantías reducidas a gran velocidad, estimándose que, de seguir a este ritmo, se agotará antes de terminar esta nueva legislatura. Se ha constatado ya que las personas que se incorporan al mercado de trabajo reciben salarios más bajos que las pensiones de los que salen del mismo. Una situación insostenible que llevará a que durante los próximos años las pensiones deban completarse con impuestos, que habrá que subir o que deberán detraerse de otros fines.

Para rematar, la deuda pública sigue creciendo y ya estamos claramente por encima del 100% del PIB. Esto en sí no debería suponer un problema, salvo en lo que corresponde al uso que se hace de esta deuda. Un país hace bien en endeudarse en momentos de recesión, y hace bien en endeudarse para generar inversiones que promuevan el crecimiento a largo plazo. Pero hace muy mal en endeudarse para pagar los servicios corrientes que se deberían pagar con impuestos, máxime en situaciones de crecimiento económico. Con el Banco Central Europeo presionando a la baja los tipos de interés, el coste de mantener esta deuda es sustancialmente menor al que determinaría el mercado por sí mismo. Si algún día –y llegará-- el BCE deja de ejercer esta presión, los tipos de nuestra deuda subirán y nos encontraremos con un nuevo problema fiscal.

La política económica del Gobierno es incomprensible. Acentuaron los recortes y la devaluación salarial durante los años de recesión y levantan el pie del ajuste en épocas de crecimiento, dibujando una política económica procíclica que terminaremos pagando tarde o temprano. El resultado a largo plazo de esta fatal combinación no parece muy halagüeño: España deberá someterse a nuevos ajustes, tendremos que pagar con nuevos impuestos las pensiones, y el riesgo de subida de los tipos de interés castigará todavía más nuestras cuentas públicas. A este escenario hay que sumarle la pendiente reestructuración del sector bancario, que sigue en cuidados intensivos con bajísimas rentabilidades y problemas de sobrecapacidad, y la ausencia casi total de medidas eficaces para atajar las debilidades institucionales de nuestra economía, presa todavía de una enorme brecha social que amenaza con enquistarse en importantes bolsas de pobreza y exclusión.

Deberíamos haber aprendido algo de la crisis. Deberíamos haber aprendido que la cohesión social es clave para garantizar el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, que las bajadas electoralistas de impuestos se terminan pagando en peores y menos dotados servicios públicos, que las inversiones que debemos realizar deben servir para avanzar en la transición de una economía sostenible basada en el conocimiento. Deberíamos haber aprendido que a veces la doble ración de pan para hoy es la garantía del hambre para mañana. Que devaluar los salarios es comprometer la pensiones futuras, que la reforma del sector financiero pasaba también por no concentrar su poder en unas pocas entidades. Deberíamos haber aprendido todo ello y muchas más cosas. Pero por las notas que hemos sacado este verano, parece que no hemos aprendido nada.

O ponemos remedio o a partir de septiembre nos encontraremos repitiendo uno de los peores cursos de la historia reciente de España. Todavía hay tiempo.