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El aparato del Partido Socialista encabezado por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y otros dirigentes territoriales, consiguió el sábado finalmente su objetivo; huir de su militancia, cerrarle la puerta de un congreso en plena cara y dejar el control de la organización en manos de una gestora gris. Pero sobre todo consiguió abandonar la reunión del Comité Federal sin haber tenido que votar, uno a uno, la posición del grupo parlamentario socialista en una nueva investidura de Mariano Rajoy.

Se trata de una finta tontamente infantil, porque es evidente que la guerra interna desatada, al margen de odios y enfrentamientos personales, solo tenía un objetivo: impedir un eventual gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Podemos y grupos soberanistas catalanes, y, consecuentemente, permitir la formación de un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Así que no pasarán muchos días sin que el Comité Federal encuentre la manera de ordenar un cambio de voto en el grupo parlamentario socialista: quizás elaborará una pequeña lista de requisitos que debe cumplir el PP para obtener esa ansiada abstención, pero se tratará de un simple truco destinado a adormecer las reacciones adversas.

Un simple truco, porque entre otras cosas, la maniobra de Susana Díaz y sus colegas ha dejado al PSOE en una posición de debilidad extraordinaria, incapacitado para negociar con el Partido Popular. Lo más probable no es que imponga una lista de concesiones al PP (aunque este puede estar dispuesto a un pequeño paripé) sino que, muy al contrario, se vea obligado a prometer, no solo la abstención, sino el apoyo en los presupuestos del Estado y en otras votaciones sustanciales, como siempre denunció el propio Sánchez.

Hay quienes opinan que Rajoy piensa incluso en la posibilidad de forzar mucho más la mano e ir a unas tercera elecciones, pero esa es una posibilidad remota: la gestora del PSOE no querrá ir ni atada a una tercera convocatoria (para colmo, sin candidato y sin mecanismo para elegirle) y ni el Rey ni una parte importante del PP ni el establishment económico financiero quieren esas terceras elecciones. Tendría gracia que fuera ahora Rajoy quien las provocara, por pura soberbia. O porque crea que ésta es la ocasión de jibarizar a los socialistas y provocar un escenario  como la Italia de los años 80, cuando la Democracia Cristiana (y su corrupción) floreció como nunca, enfrentada a un Partido Socialista diminuto y a un Partido Comunista que no iba a lograr nunca ocupar el poder.

Volviendo a la extrema debilidad del PSOE y su incapacidad para ejercer la oposición, esa es una de las peores consecuencias de la batalla desatada por Susana Díaz. Quienes han echado a Pedro Sánchez tienen muy mala cabeza o lo que es peor una enorme capacidad de engaño. Han repetido constantemente que una vez formado el gobierno de Mariano Rajoy, el PSOE se encargaría de protagonizar una estricta política de vigilancia y oposición. La verdad es que esa promesa es absolutamente incumplible y que quienes apoyan la abstención saben perfectamente lo que sucederá después. Nada. Rajoy seguirá gobernando como hasta ahora, con algún pequeño gesto a la galería socialista, pero con las manos libres en el campo socio económico. Los socialistas de Susana Díaz protestarán mucho, dirán grandes palabras, subirán el tono de su agravio, y después, con mucho cuidado, se sentarán en su escaño y votarán lo que haga falta votar.

Es importante entonces recordar a quién van a permitir seguir en el gobierno. Por mucho que se esfuercen los grandes medios de comunicación controlados por la banca, Mariano Rajoy no es un candidato presidencial “normal”, bajo ninguna circunstancia. Rajoy ha sido, y es, el máximo responsable de un partido que ha sido acusado de haberse financiado durante décadas con mecanismos ilegales, de haber destruido pruebas para obstruir a la justicia y de haber utilizado dinero “negro” en varias campañas electorales dirigidas por él mismo. Rajoy se ha negado en redondo a afrontar la situación y pretende seguir manteniendo esa actitud, para humillación de los ciudadanos que son conscientes del riesgo que ello supone para la salud democrática del país. Si Rajoy logra sus propósitos, la experiencia demuestra que los casos de corrupción se enquistarán en la sociedad española y que, peor aún, terminarán por contagiar a capas de la sociedad que han permanecido incontaminadas hasta ahora.