Tribuna
El tiempo para tumbar el CETA se acaba
La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo ha decidido votar el tratado con Canadá el día 5 de diciembre para que el pleno pueda pronunciarse antes de fin de año. A partir de ese momento el acuerdo entrará en vigor de modo "provisional"
Adoración Guamán / Pablo Sánchez Centellas 12/10/2016
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El CETA, acuerdo de comercio de “nueva generación” entre la Unión Europea y Canadá, se está convirtiendo en uno de los grandes temas de la política europea. La recta final del tratado está evidenciando las discrepancias no sólo entre los Estados miembros y entre el Consejo y la Comisión, sino también dentro de las grandes familias políticas de la UE y muy en particular en el seno de los partidos socialdemócratas.
Lo que podría haber sido un paseo militar se ha convertido en un camino tortuoso que la comisaria de Comercio recorre agotando todos los recursos posibles para sumar apoyos de cara a la inminente apertura del proceso de ratificación. Uno de los momentos clave para evidenciar la buena salud del CETA fue la reunión “informal” del Consejo de Ministros de Comercio Internacional, celebrado en Bratislava el pasado 21 de septiembre, donde se pretendía plantear una hoja de ruta definitiva. Sin embargo, el resultado no fue tan halagüeño como se esperaba y la comisaria Malmström sólo pudo declarar que “los últimos obstáculos serían resueltos en breve”. Y a ello se están dedicando, con toda la maquinaria.
Ya nos hicimos eco de la cortina de humo que tanto el vicecanciller socialdemócrata alemán, Sigmar Gabriel, como el ministro de Comercio francés, Matthias Fekl, lanzaron sobre la muerte del TTIP sin mediar palabra sobre las cruciales negociaciones que, entre bastidores y a velocidad de vértigo, se están realizando para recubrir el CETA de un envoltorio “amable”, cual celofán para regalo. En esta tarea, de hecho, está jugando un papel fundamental el propio Partido Socialdemócrata alemán, que en su convención de septiembre decidió apoyar el CETA.
Este apoyo de Alemania (y del SPD) lo dejaba también meridianamente claro la declaración conjunta de Sigmar Gabriel con Chrystia Freeland (ministra de Comercio de Canadá), firmada el 18 de septiembre. En esta declaración repetían el acto de fe en las bondades del comercio desatado y afirmaban estar convencidos de que el CETA iba a impulsar el comercio libre y “justo” entre la UE y Canadá, estableciendo nuevos estándares globales en los capítulos relativos a sostenibilidad (trabajo y protección ambiental) que serían una referencia en el resto de tratados comerciales. Los dos ministros también dedicaron parte de la declaración a repetir el discurso de la Comisión Europea respecto del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado y de los supuestos efectos beneficiosos del acuerdo: “El CETA ya no incluye un sistema de arbitraje, sino un sistema ‘judicial’ basado en el estado de imperio de la ley” y “la eliminación de barreras que el acuerdo persigue van a asegurar un alto nivel de protección de consumidores, trabajadores y ambiente y van a beneficiar a las pymes”. Nada más lejos de la realidad y nada más cerca de la propaganda elaborada y difundida por la Comisión que encuentra eco hasta en las páginas de Vörwarts, el periódico del SPD.
El contenido de la “Declaración jurídicamente vinculante” sobre el CETA que ya circula filtrada por las redes no puede ser más decepcionante
Con este análisis, Gabriel y Freeland resolvieron apoyar el CETA y sostener la estrategia de la comisaria Malmström, ya apuntada por el propio SPD con anterioridad, de acompañar el acuerdo con un envoltorio amable en forma de “Declaración jurídicamente vinculante”. Esta declaración que se anexaría al CETA, en realidad todavía un objeto jurídicamente no identificado, pretende ser la salvación del CETA para permitir la aprobación del mismo en el Consejo y en el Parlamento Europeo y empezar lo antes posible la aplicación provisional de la práctica totalidad del texto. Ni las manifestaciones de casi medio millón de personas en Alemania, ni el claro posicionamiento de los sindicatos en contra de la aprobación del texto del acuerdo han podido modificar la posición del SPD.
El contenido de la Declaración sobre el CETA que ya circula filtrada por las redes no puede ser más decepcionante. Para comenzar el texto, las dos partes (UE y Canadá) realizan una especie de declaración de fe en el comercio internacional, afirmando que el CETA va a crear nuevas oportunidades que redundarán en beneficio del conjunto de la ciudadanía y que el acuerdo comercial y de inversión se orienta a una serie de valores que ambas partes apoyan intensamente. La lectura de los valores que las partes sostienen, cual mantra pro libre comercio, indica hasta qué punto el discurso oficial de la Comisión ha sido impermeable a la crítica y a la movilización política, social y sindical de los últimos meses. En la declaración se afirma, sin atisbo de duda, que la integración en la economía mundial es una fuente de prosperidad para la ciudadanía, como si nada de lo ocurrido sobre nuestras condiciones de bienestar en los últimos años haya derivado de esta integración económica internacional; en segundo lugar, las partes manifiestan su fuerte compromiso con el comercio libre y “justo” (no se indica qué quiere decir “justo”) cuyos beneficios ‘deben’ derivarse al más amplio espectro de la población; además, las partes afirman que el principal objetivo del comercio es aumentar el bienestar de las personas (que se lo digan a las perjudicadas por los centenares de demandas de las multinacionales en los países del Sur Global). Para finalizar, la declaración se limita a reafirmar las partes más amables del CETA, omitiendo sin corregir las más duras. Con este fin, se enumeran una serie de puntos (derecho a regular, cooperación reguladora, servicios públicos, sistema de resolución de controversias inversor-estado, cuestiones ambientales y laborales) sobre los cuales se repite parte del vacío discurso de justificación que la Comisión lleva utilizando desde hace meses.
Se trata por tanto de una declaración hueca, que se limita a recubrir el CETA con un envoltorio amable sin capacidad para influir en la interpretación de su contenido y mucho menos modificar el mismo o evitar las consecuencias negativas de los mecanismos que integra el acuerdo sobre los derechos sociales, laborales, ambientales, servicios públicos, agricultura, ganadería, servicios, denominaciones de origen y un largo etcétera. De hecho, nada más ver la luz, organizaciones como el Council of Canadians han publicado artículos criticando tanto su contenido como la imposibilidad de utilizarla como instrumento jurídicamente vinculante o con capacidad para modular los efectos del CETA. Aun así, se pretende que esta declaración vacía sea la excusa o la vía para que los Estados miembros se pronuncien a favor del CETA el próximo día 18 en el Consejo de Ministros de Comercio que tendrá lugar en Bruselas y que esto permita la firma simbólica el día 27 de octubre en la cumbre UE-Canadá y la aplicación provisional del acuerdo en cuanto el mismo pase por el Parlamento Europeo, sin esperar por supuesto a que voten los Parlamentos estatales o se produzcan los esperados referéndums. La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo ha decidido votar el tratado con Canadá el día 5 de diciembre para que el pleno pueda pronunciarse antes de fin de año. A partir de ese momento el acuerdo entrará en vigor de modo "provisional"
Pero como decíamos, la cosa no va a ser tan fácil. Por un lado, a la familia socialdemócrata europea le han salido miembros rebeldes. El PS (belga francófono) y el SPÖ (socialista austríaco) han planteado de manera clara su rechazo y han hecho bastante ruido sobre su voto en el Parlamento Europeo. Otros partidos socialistas como el británico (donde las primarias a la dirección han eclipsado cualquier otro debate), el francés (aún calculando el coste político y electoral de apoyar el acuerdo) o el italiano (en plena campaña por el referéndum constitucional y hasta ahora entusiasta) no han clarificado su posición y están a la expectativa. En el caso italiano y francés es particularmente importante ya que son partidos de gobierno y si quisieran podrían pararlo en cualquier momento. No hablaremos del pobre PSOE, que tiene otros quehaceres más penosos que decidir su posición sobre un tratado de libre comercio, sin olvidar que sus eurodiputadas/os han sido entusiastas cheerleaders a favor del TTIP. Es cierto que, después de tamaño papelón con el TTIP, posicionarse en contra del CETA les va a ser complicado pero no perdamos la esperanza, si es para rectificar más vale tarde que nunca.
La Comisión está nerviosa y esto explica el creciente interés en la prensa por ensuciar el nombre de los organizadores de las grandes manifestaciones antitratado
Y aún hay más, el partido socialcristiano francófono belga, CDH, ha decidido votar en contra, quizás sus dos eurodiputados no sean claves, pero hacen de la región valona un bastión bastante inexpugnable. También Eslovenia está posicionándose en contra, si a esto le sumamos las ya conocidas dudas de rumanos y búlgaros por la cuestión de los visados y la negativa del Gobierno polaco de aceptar ciertas cláusulas agrarias, empezamos a tener un panorama menos halagüeño de lo que a la comisaria Malmström le gustaría.
Por otro lado, en este repaso no podemos olvidar a Grecia, un gobierno del que se esperaba una postura más beligerante con el tratado y con sus puntos más conflictivos para este país como la inclusión del agua y las denominaciones de origen, en particular la no inclusión entre las mismas del queso feta. Sin embargo, y hasta el momento, las promesas de los diferentes ministros griegos de posicionarse en contra del CETA, TTIP o TISA en el Consejo Europeo no se han materializado y la Comisión, en cambio, les ha “concedido” el reconocimiento del feta entre las denominaciones de origen protegidas (recordemos que sólo hay 27 españolas).
El tiempo apremia y la Comisión lo sabe. De cara al próximo 27 de octubre cuando se celebrará la cumbre UE-Canadá en Bruselas, el equipo negociador tiene que poder mostrar al mundo, y sobre todo al Gobierno canadiense, que en Europa hay un apoyo suficientemente grande para el acuerdo, pero la movilización social no se lo está poniendo fácil. La Comisión está nerviosa y esto explica el creciente interés en la prensa internacional por ensuciar el nombre de los organizadores de las grandes manifestaciones en Alemania, Austria, Eslovaquia o Bélgica, llamándolos hasta semitrogloditas (The Economist). Sin duda el futuro del CETA se ha convertido en el termómetro de la capacidad de la Unión Europea de continuar con su política comercial y, hasta cierto punto, con su política exterior global.
Por eso las semanas próximas son cruciales. El 15 de octubre será un momento clave en la lucha que los movimientos sociales han lanzado contra estos acuerdos comerciales desde hace años. Será el momento clave de una semana de movilizaciones que se conjugan con numerosas declaraciones institucionales contrarias al CETA, como la declaración del Parlament de Catalunya, de Les Corts Valencianes o de la Asamblea de Extremadura y con las mociones contra el TTIP de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o A Coruña. En esta semana la política comercial europea se somete a examen popular y los partidos políticos deberían de estar atentos a efecto de decidir sus próximos movimientos respecto de estos tratados que se han convertido en el talón de Aquiles de la política exterior de la UE. Desde la movilización social se está demostrando que es posible poner en jaque la visión hegemónica existente en Bruselas que coloca el comercio y la inversión extranjera como valor absoluto. Ahora sólo falta que las y los representantes de la ciudadanía escuchen y sientan lo que pasa en las calles.
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Para saber más sobre el CETA y el TTIP recomendamos dos libros recientes: El CETA al descubierto: las consecuencias del tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales en la Editorial Bomarzo, y Las amenazas del TTIP y el CETA, en la Editorial Pol·len.
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CTXT ha acreditado a cuatro periodistas --Raquel Agüeros, Esteban Ordóñez, Willy Veleta y Rubén Juste-- en los juicios Gürtel y Black. ¿Nos ayudas a financiar este despliegue?
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Adoración Guamán
Es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.
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Pablo Sánchez Centellas
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