No son tiempos sencillos para negociar en Bruselas. El verano, por otro lado inexistente en esa ciudad, no ha traído paz en ninguno de los múltiples frentes abiertos que se empeña en mantener y avivar la Comisión Europea. Su presidente, Jean-Claude Juncker, parece obcecado en seguir imponiendo sus líneas de acción aunque estas se demuestren fracasadas y estén levantando el rechazo no ya solo entre los habituales sino también en un sector cada vez mayor de Estados miembros y partidos políticos.

En plena tormenta sobre la naturaleza jurídica y la vía para la aprobación del CETA (el Acuerdo entre la UE y Canadá, hermano casi gemelo del TTIP) y mientras la sombra del Brexit sigue instalada sobre las negociaciones transatlánticas, comenzaba el lunes 11 de julio en Bruselas la Ronda 14 del TTIP. Tras 36 meses de negociación “oficial” los responsables de los equipos de ambos países se volvían a encontrar formalmente para impulsar un texto sobre el que cada vez hay más información, más desacuerdos expresos y más reticencias. El momento no podía ser peor, puesto que de la suerte del CETA va a depender casi con seguridad la del TTIP y sobre el primero planean tanto las incertidumbres jurídicas como las políticas.

Por un lado, aun a pesar de que la Comisión Europea aceptara que el acuerdo debe ser votado en los Estados miembros, ha seguido planeando el mismo como un texto “EU-Only”. Es decir, que a efectos del procedimiento y sobre todo de la aplicación provisional pretende actuar como si no tocara competencias de los Estados miembros. Esto ha seguido levantando reticencias que se plantearán en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores sobre comercio que se celebrará entre el 22 y 23 de septiembre en Bratislava bajo la presidencia eslovaca. Diversos Estados miembros (Bélgica en particular, debido al posicionamiento de sus regiones) ya han señalado que no van a votar a favor del CETA o, como Hungría, que están en contra de una aplicación provisional de la totalidad del acuerdo.

Por otro lado, no paran de crecer las reticencias respecto de las consecuencias que la entrada en vigor de este acuerdo va a suponer para la UE y la ciudadanía de sus Estados miembros. Más allá del impacto ya muchas veces debatido en los derechos sociales, laborales, medioambientales, en la salud, protección de consumidores, etc, se ha planteado en las últimas semanas el tema del coste económico de la implementación del acuerdo. En respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado del GUE/NGL Helmut Scholz, la Comisión ha reconocido que la aplicación del CETA va a suponer una disminución de 331 millones de euros por año derivada de las pérdidas en derechos de aduana (la cifra de pérdidas si se aprobara el TTIP triplica esta cantidad).

Además, el CETA va a costar dinero puesto que prevé la creación de instituciones permanentes, entre ellas el criticadísimo tribunal arbitral (ahora llamado sistema judicial de inversiones) cuyo coste asciende según la Comisión a medio millón de euros de gastos anuales, por añadidura se prevé la aportación de una cantidad al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) donde se canalizarán los honorarios de los “jueces” que compondrán el sistema de protección de los inversores extranjeros. Pero los costes no van a derivar únicamente de la entrada en vigor: el mismo eurodiputado alemán ha señalado que las 12 primeras Rondas del TTIP han costado ya 2,5 millones de euros, y el tratado con EEUU está lejos de llegar a finalizarse.

Con este escenario, rodeados de manifestantes y amplias medidas de seguridad comenzaba el lunes 11 de julio la Ronda 14 del TTIP, tres años después de la celebración de la primera Ronda también en Bruselas. Los negociadores han partido en esta ocasión de una situación difícil puesto que la filtración de Greenpeace puso al descubierto los resultados de las negociaciones anteriores y todas las dificultades existentes respecto de materias cruciales como el acceso a los mercados de contratación pública de Estados Unidos, las denominaciones de origen, los aranceles en automóviles y agricultura, la omisión de la discusión sobre la protección de los inversores y un largo etcétera.

El objetivo de esta Ronda 14 era trabajar sobre textos relativos a las tres grandes partes del acuerdo (acceso al mercado, cooperación reguladora y normas) e ir consolidando los contenidos, es decir, dejando por escrito y acordado entre las partes el texto concreto de los 30 capítulos del TTIP. Estados Unidos mantiene su voluntad de finalizar la negociación antes del fin de la era Obama, es decir, antes de que acabe este año, sin embargo, el bando europeo no ve esta fecha realista y ya maneja un escenario considerablemente más extenso.

A la vista de los resultados, la visión de la UE parece sin duda la más realista. Hasta la Ronda 12 ya habían sido puestos en común 17 textos, pero lo más conflictivo se está posponiendo reunión tras reunión y parece no avanzar. Debemos tener en cuenta que, más allá de las críticas respecto del resultado, la propia negociación no es un trabajo sencillo y una mirada al CETA cuyo texto se cerró definitivamente, o eso parecía, el 16 de febrero de este año nos permite intuir la magnitud de la tarea. El tratado con Canadá consta de 30 capítulos, cada uno con diversos artículos, que ocupan un total de 230 páginas (en su versión original en inglés).

El resto del texto, hasta la página 1.598, está compuesto por una serie de Anexos a los que se les atribuye el mismo estatus jurídico vinculante que tiene el texto central del acuerdo. Los Anexos comprenden los detalles técnicos y fundamentales del tratado como son los niveles de aranceles finalmente acordados, las normas de origen, las denominaciones de origen o los anexos con las listas negativas y positivas para determinar qué servicios se liberalizan y cuáles quedan al abrigo de la desregulación. Cada uno de estos anexos constituye en sí mismo una pieza fundamental para la aplicación de los acuerdos a los que la UE y Canadá se comprometen en la primera parte del CETA. Alcanzar un acuerdo de tal magnitud no es desde luego una tarea fácil, mucho menos cuando, a diferencia de lo sucedido con el tratado con Canadá o con los anteriormente celebrados con Corea del Sur, Colombia o Perú, la Comisión se ha visto forzada a ir publicando una mínima información sobre las negociaciones bajo la presión de una opinión pública que está alerta y exige ser informada.

De hecho, las campañas críticas contra el TTIP y el CETA, que han puesto el foco no solo en el ocultismo sino también en las consecuencias de los contenidos negociados, han ido convirtiendo estas rondas en un calvario para los negociadores que han visto cómo la tranquilidad de la que gozaban al principio se ha transformado en una exposición a la crítica contundente y creativa, que va ganando apoyos. En cada encuentro deben hacer frente a miles de personas que les reclaman transparencia y que les exigen la paralización de la negociación del TTIP y la no adopción del CETA. La campaña TTIP-Game Over desarrollada a lo largo de la pasada Ronda 14 ha sido una buena prueba de esta creciente movilización.

De puertas hacia dentro de la negociación, sin embargo, reinaba una tranquilidad solo rota por la cara de preocupación de algunos de los negociadores por el lado europeo. Más allá de las protestas, relevantes en sí mismas, durante la Ronda se han producido dos momentos importantes: por un lado, la reunión con los stakeholders (actores sociales) y, por otro, la comparecencia final y el documento de conclusiones de la Ronda emitido por los dos jefes de los equipos negociadores: Ignacio García Bercero y Dan Mullaney.

La reunión con los stakeholders es uno de los puntos centrales, al menos de cara a la galería, de cada Ronda. La Comisión invita a las organizaciones sociales a registrarse para participar en un evento de dos partes. En primer lugar, una puesta en común donde participan las organizaciones, con 5-10 minutos de exposición de sus expectativas, requerimientos y propuestas a la Comisión Europea seguidos de debate entre los representantes de esta y el resto de organizaciones; en segundo lugar, una intervención de los jefes de los equipos de negociación dando cuentas del estado de las negociaciones. La lista de los stakeholders da una idea de quiénes son los “actores sociales” de los que se rodea la Comisión en estas reuniones: el 80% son asociaciones de empresarios y cámaras de comercio; el otro 20% se reparte entre organizaciones sociales, institutos de investigación y sindicatos. En las exposiciones predominó en esta ocasión el apoyo al tratado seguido de las exigencias específicas de cada sector o empresa, muy enfocadas en la cuestión de las denominaciones de origen y aranceles.

En la rueda de prensa final se confirmaron las diferencias anteriores: la cuestión de la apertura de mercados de contratación pública sigue siendo el talón de Aquiles de las negociaciones y los calendarios de ambas partes difieren, mientras EEUU plantea como posible la producción de un texto articulado completo a lo largo de este mes, la UE únicamente considera esta posibilidad tras el mes de septiembre. Como ya dijimos, quedan las partes más duras por negociar y se plantea un difícil juego de póquer (con nuestros derechos, por cierto, como fichas de apuesta): desde EEUU se demanda la reducción del 3% de aranceles restante en algunos sectores clave para la UE, desde la UE se pide a cambio la aceptación de exigencias como la ya señalada apertura de los mercados de contratación pública, las Denominaciones de Origen o las listas de excepciones en materia de liberalización de servicios. Ninguna de estas tres exigencias parece aceptable por EEUU dado el discurso oficial lanzado por Mullaney.

A pesar de que las negociaciones parecen estar en un punto conflicto difícil de resolver, el comunicado final publicado por García Bercero rezuma optimismo y trata de legitimar el acuerdo a base de resaltar algunos contenidos realizando una interpretación “creativa” de los mismos. En primer lugar, el comunicado mantiene que en ningún caso van a rebajarse los niveles de protección de los derechos de la ciudadanía y que cualquier cooperación en materia de regulación se hará a través de una mejora o un stand by de estos derechos.

A la vista del contenido filtrado del tratado, esta afirmación es inaceptable, capítulos como el relativo a cuestiones fitosanitarias, los anexos sobre servicios o los capítulos relativos a la protección de la inversión o incluso a los derechos laborales abren la puerta a una reducción de derechos de la ciudadanía para permitir la apertura de mercados; en realidad, no podría pretender esta apertura total de mercados sin una reducción de las “barreras no arancelarias” (normas que regulan los derechos de la ciudadanía) por lo que la afirmación de García Bercero es más que matizable.

En segundo lugar, en el comunicado final de la Ronda se indica que a efectos de proteger estos derechos de la ciudadanía se han incluido capítulos específicos para las pymes, trabajadores y medio ambiente. Cabe señalar que estos capítulos ni tienen un contenido relevante a efectos de protección real de los derechos (el de pymes se basa en la creación de herramientas de información y el de derechos laborales en la enumeración de normas de la OIT que por otro lado EEUU no ha ratificado) ni tienen mecanismos de control de su cumplimiento efectivos.

Es evidente que los esfuerzos por legitimar el tratado se multiplican de manera directamente proporcional a las críticas y escollos que se están alzando en su camino. Para los negociadores, el TTIP debe ser visto como una “ventana de oportunidad” para “gobernar la globalización” mediante la vinculación con un socio que “comparte ampliamente nuestra visión y respeta la democracia y el Estado de derecho”; para los movimientos sociales, sindicales y políticos que combaten el TTIP, esta asociación con Estados Unidos, dirigida en buena medida por los grandes lobbies internacionales, abriría una ventana de oportunidad pero no para una mejor protección de los derechos de las mayorías sociales sino para la aceleración de las privatizaciones, desmantelamiento de lo público, de la protección de la salud y del medio ambiente, precarización y mayor trasvase de las rentas del trabajo al capital.

Muy probablemente tengamos que decidir entre cuál de estas dos versiones nos creemos porque, al menos el CETA, va a debatirse en el ámbito parlamentario de cada Estado miembro. Esperemos que las y los señores diputados tengan a bien lanzar y escuchar el debate entre la ciudadanía antes de pronunciarse sobre estos acuerdos. Nos va el futuro en ello.