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Con motivo del reciente aniversario de la muerte del dictador Franco, se ha planteado una pretendida justificación de Adolfo Suárez para eludir en la Transición un referéndum sobre Monarquía/República. Según esa versión, se introdujo la mención al Rey (Juan Carlos) como jefe del Estado en la Ley para la Reforma Política, que se sometería a referéndum en 1976. En realidad, en la Transición a nadie sensato se le habría ocurrido una votación autónoma sobre la forma de Estado, porque la extrema derecha, entonces muy potente, habría votado contra don Juan Carlos, por considerarle “traidor” al franquismo. Paradójicamente, el riesgo para la Monarquía de un referéndum no provendría entonces de la izquierda republicana, sino de la ultraderecha franquista. Hoy, 40 años después, la situación es muy diferente.

Es verosímil, aunque un tanto extraño, que para contentar las peticiones democráticas extranjeras de referéndum y algunas republicanas españolas, un tanto despistadas, Adolfo Suárez, o el propio redactor de la ley, Torcuato Fernández-Miranda, se preocuparan de incluir al monarca, desde el artículo primero, en esa ley, que sería sometida a referéndum. Tras establecer que la potestad de elaborar y aprobar las leyes “reside en las Cortes”, se añadía: “El Rey sanciona y promulga las leyes”.

La pugna no era entre republicanos y monárquicos, sino entre quienes propugnaban una democracia y quienes defendían el continuismo del franquismo

Pero la pugna no era entonces entre republicanos y monárquicos, sino entre quienes propugnaban una democracia y quienes defendían a capa y espada el continuismo del franquismo. Para esta segunda opción había dos caminos: uno, mediante la persona señalada por el dedo del dictador --no don Juan, sino Juan Carlos--, siempre que el monarca permaneciera fiel a los “inalterables” Principios Fundamentales del Movimiento y, en general, a la dictadura; y otro, mediante algún modelo alternativo de jefatura del Estado, incluida una república franquista.

A pesar de que la mera denominación de la República desagradaba a los franquistas, a los que traía malos recuerdos (por mucho que existieran repúblicas bananeras y antidemocráticas), si el monarca designado por Franco no era obediente y dócil a la gloriosa dictadura, la ultraderecha --uniformada o con camisa azul mahón-- estaba dispuesta a todo. Por el contrario, para quienes daban prioridad a la democracia y apreciaban en el jefe del Estado (que ya había renunciado a muchos de los poderes heredados de Franco) una voluntad de contribuir al establecimiento de unas reglas del juego democrático, la exigencia republicana para unos era innecesaria y para otros podía esperar.

La Ley para la Reforma Política --se tuvo cuidado en poner “para”, en lugar del inicial “de”--, aunque se mencionara al Rey, fue sobre todo útil, desde el esquema de la ley a la ley, como última de las leyes fundamentales, para que las Cortes orgánicas de Franco se hicieran el harakiri. Tras una urgente tramitación, dirigida por Fernández-Miranda, el 18-11-1976 aquellas Cortes integradas por procuradores familiares, sindicalistas verticales, gerifaltes del Movimiento, altos mandos militares, obispos habituados a llevar a Franco bajo palio, percatados todos ellos de que la reforma se haría con ellos o sin ellos, convirtieron aquel suicidio en una fiesta: ¡425 procuradores votaron a favor!, 59 en contra y 13 se abstuvieron. En el referéndum del 15-12-1976, el PSOE y el PCE pidieron la abstención, pero la reforma --que abrió la puerta a las elecciones del 15 de junio de 1977, primeras democráticas tras la dictadura-- se aprobó por un 94% de votos afirmativos y un 2,6% de negativos, con un 77,4% de participación.

Democracia, con Monarquía dentro

El advenimiento de una democracia en la que aparecía incrustada una institución como la Monarquía, a todas luces no democrática, dada su legitimación biológica, no electoral, ¿cómo fue acogida por la izquierda política? Curiosamente, el clamor de la calle no reclamaba la República. Entre lo que se oía desde la izquierda, destacaba: “¡Libertad, amnistía y estatuto de autonomía!”. Los gritos contra la Monarquía (“¡no queremos Monarquía, ni Juan Carlos ni Sofía!”) procedían de la ultraderecha.

La prueba de fuego fue la elaboración de la Constitución, en la que había que instalar la jefatura del Estado. En la ponencia constitucional, el texto que se aprobó fue propuesto por el nacionalista catalán Miquel Roca: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. El ponente comunista, Jordi Solé Tura, se adhirió a la propuesta y confirmó lo ya manifestado por Santiago Carrillo: el PCE no presentaría una enmienda republicana. En cambio, el ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, comunicó que el PSOE no solo presentaría una enmienda republicana, sino que la mantendría “en cuantos trámites fuera preciso”.

Los ponentes de UCD, muy angustiados por ese aviso, trataron de localizar a Felipe González, que se encontraba de visita en la Unión Soviética. Como revelamos en nuestro libro Crónica secreta de la Constitución Soledad Gallego-Díaz y yo, el secretario general del PSOE, desde Leningrado, “tranquilizó telefónicamente a sus ansiosos interlocutores: su partido era republicano y defendería en la Comisión Constitucional del Congreso esta postura, pero no tenía la intención de poner en tela de juicio toda la Constitución en virtud de ella”. “El PSOE --anunció-- aceptará el resultado de la votación que se produzca en dicha comisión”. 

Era el jueves 11 de mayo de 1978, y don Juan Carlos lo relató así: “¡Felicitadme; me acaban de legalizar!”

Y así ocurrió. Luis Gómez Llorente defendió el voto particular republicano, que solo votaron a favor los socialistas, quienes se abstuvieron en la votación del texto sometido a la comisión, que resultó aprobado. Era el jueves 11 de mayo de 1978, y don Juan Carlos lo relató así, al entrar en el restaurante madrileño en el que había quedado a cenar con unos periodistas: “¡Felicitadme; me acaban de legalizar!”

La actitud de la izquierda, tanto en la calle como en el Parlamento, explica la aceptación en aquellos momentos de la Monarquía, sin necesidad de referéndum. Especialmente, la posición pragmática del grupo comunista. Santiago Carrillo reprochó al PSOE sus “actitudes demagógicas, inconcebibles, por su falta de realismo, en un partido que se propone transformar la sociedad”. Peces-Barba tuvo que defender el voto particular como un servicio que se prestaba a la comunidad.

“Consulta popular”

Solo Heribert Barrera, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, tras manifestar que la Monarquía había sido introducida en la Constitución “de refilón”, explicó que la única posibilidad de legitimarla sería “la consulta popular previa y exclusiva sobre ella”, a fin de borrar --dijo con su habitual flema-- “el pecado original de los orígenes franquistas del nuevo régimen”.

Ya que entonces --hace 38 años-- no prosperó esta iniciativa minoritaria, el referéndum sobre Monarquía o República estaría justificado ahora, cuando hay una gran mayoría de españoles que no tuvieron ocasión de votar en 1978 la Constitución --con Monarquía incorporada-- y mucho menos, dos años antes, la Ley para la Reforma Política.

En mi artículo Democracia y Monarquía, publicado en El País el 10-11-2007, recogía el asombro manifestado en 1977 por el veterano periodista italiano Gian Piero Dell'Acqua “por la escasa oferta política republicana para las primeras elecciones democráticas tras el franquismo”, así como que, cuando el inteligente analista conoció mejor la realidad española, “comprendió que la dialéctica política de la transición no era Monarquía/República, sino democracia/dictadura”.

Ya en 2007, yo planteaba si el gran servicio que don Juan Carlos prestó al pueblo español y a la convivencia en paz era “capaz de convertir en democrática una institución como la Monarquía, que histórica y consustancialmente no lo es”. Y en apoyo de este criterio invocaba el del catedrático Pablo Salvador Coderch, para quien la Monarquía “ni es ni puede ser una institución democrática”.

Un argumento definitivo en apoyo del referéndum en la actualidad lo recojo en mi libro Democracia de papel. Se trata del testimonio del propio Felipe VI, que manifestó hace más de 22 años, cuando estudiaba en Estados Unidos: “Solo reinaría si los españoles así lo quisieran”. Una oportunidad de que se cumpliera ese deseo del actual monarca --que comparten muchos ciudadanos-- se produjo el 16-9-2014, cuando, por iniciativa de Izquierda Plural, se instó al Gobierno para que convocara un referéndum consultivo sobre Monarquía o República. La moción, que invocaba el artículo 92 de la Constitución, fue derrotada por 274 votos en contra (PP, PSOE y UPyD), frente a 26 a favor (IU, PNV, ERC, Amaiur y BNG) y con la abstención de CiU.

La votación, muy poco destacada por los grandes medios, fue histórica, porque era la primera vez, desde 1978, que el Parlamento ha tenido que pronunciarse sobre el referéndum consultivo a propósito de la forma de Estado. El defensor de la moción, Alberto Garzón, alegó “la nueva situación que se ha abierto en España tras la abdicación del rey Juan Carlos en su hijo Felipe VI”. Y Aitor Esteban, del PNV, justificó el referéndum “para que se legitime el modelo de Estado”. En el hipotético caso de que los parlamentarios actuales planteen una moción similar, que obtenga los votos suficientes y se celebre el referéndum, si la monarquía obtuviera más votos que la república, Felipe VI podría repetir, con más justificación que su padre hace 38 años: “¡Me han legalizado!”.