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Por tierra, mar y aire. “Quédese tranquilo, su pensión se la garantizo yo”. La frase literal es de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, a la salida de una reunión informal con los portavoces del Pacto de Toledo, pero bien pudiera ser de cualquier portavoz del Gobierno, oposición, agentes sociales o cualquiera que se acerque al debate político sobre las pensiones. ¿Cuál es la razón de esta llamada a la calma? El Fondo de Reserva, la denominada hucha de las pensiones, se agota. Previsiblemente, antes de acabar 2017. A escasos años de que las primeras generaciones del baby boom español se jubilen.

¿Pone ello en riesgo el futuro pago de las pensiones? En absoluto, aseguran todos los responsables políticos. El último, Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, que abrió la puerta a financiar las pensiones con deuda pública, a la inversa de las compras de bonos que han absorbido estos fondos durante estos años. Dicho de otra forma: el Estado se ha financiado con los fondos de las pensiones y ahora plantea que sea el Estado el que financie  la Seguridad Social. Aun en una situación de déficit y un fondo sin recursos, las pensiones podrían pagarse con préstamos a cargo de los propios Presupuestos del Estado.

O sacando pensiones de las cuentas del sistema (viudedad y orfandad son las señaladas), globo sonda de la ministra Báñez ‘comprado’ por la propia Comisiones Obreras en su lista de sugerencias para mejorar los números. De CC.OO. procede el último ‘fichaje’ de la ministra, el nuevo director de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel García Díaz. Este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos fue director del Gabinete Económico del sindicato en 2013, año en el que pasó a órganos consultivos de la administración y también dio el visto bueno a la reforma del PP en materia de pensiones.

Anulado el límite para echar mano al Fondo de Reserva, el Gobierno de Rajoy ha dejado la 'hucha' a finales de 2016 en 15.020 millones. Menos de lo que sacó en 2015

Hasta ahora, el grueso de las pensiones se ha pagado con la Seguridad Social, un sistema financiado con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios y cuyo superávit se almacenaba en la famosa hucha. El fondo, con 66.815 millones de euros en 2011 -- techo histórico-- ha servido desde que el sistema entró en déficit, en 2012, para compensar el desfase, cambio de la ley mediante, que limitaba las extracciones del fondo hasta el 3% del gasto anual en pensiones. Desde su llegada a La Moncloa, el PP neutralizó el límite para poder recurrir sin ataduras a la caja, que acabará 2016 con apenas 15.020 millones de euros. La cifra, inferior a los 20.136 millones de euros extraídos durante este año, se antoja insuficiente para soportar el nuevo déficit previsto en 2017 (los objetivos de estabilidad lo proyectan en el 1,4% del PIB).

Sin medidas que contengan la sangría de ingresos a la Seguridad Social, la destrucción de empleo durante la crisis evaporó gran parte de estos rendimientos del trabajo. Ahora que las cifras de desempleo empiezan a contenerse, la precariedad laboral hace inviable que el sistema pueda seguir siendo autosuficiente. Las cotizaciones están directamente relacionadas con el empleo, pero también con su calidad: a menos salario, las cotizaciones son menores. “Los ingresos no aumentan cuando se supone que deberían hacerlo con el crecimiento de la economía y del empleo porque el crecimiento del empleo es a base de empleo de baja cualificación y muy bajos niveles salariales”, advierte Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de los primeros comparecientes en el Pacto de Toledo.

Ruesga, que anticipa que el sistema necesitará financiación extra para cuadrar las cuentas en el próximo ejercicio, señala que “los ingresos por cotización no suben porque la cotización media está cayendo”. “Por los salarios, claro”, apostilla. Con empleos temporales, a tiempo parcial y con contratos que pueden llegar a medirse con unas horas al mes, el dinero que se destina a las arcas del sistema se contrae drásticamente. Y lo hace más aún cuando el principal estímulo a la contratación del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido, además del abaratamiento (aún más) del despido, limitar los pagos de cotizaciones con tarifas planas reducidas e incluso exenciones en estos pagos.

"Los ingresos por cotización no suben porque la cotización media está cayendo", advierte Santos Ruesga, que señala a la baja calidad del empleo

¿Qué es, por lo tanto, lo que se discute desde el pasado 22 de noviembre, fecha en la que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dio inicio a las comparecencias ante el Pacto de Toledo en el Congreso? Básicamente, medidas que permitan reestructurar el sistema a corto y medio plazo para que las cuentas salgan (aumentar las cotizaciones, suprimir el tope de las bases máximas, sacar del sistema gastos administrativos…) y encarar en condiciones no solo los efectos económicos de la destrucción de empleo y precarización del mismo, sino el previsible aumento de los pensionistas, cuando las primeras generaciones del baby boom español pasen a cobrar su jubilación.

No se discute ni tan siquiera el modelo público de reparto. En un escenario político tan fragmentado y disputado, con equilibrios tan débiles, cualquier insinuación sobre capitalizar las pensiones en fondos privados puede dejar a su autor fuera del tablero. El PP trata de despejar toda sospecha: los sistemas complementarios (ni hablar de la palabra ‘privada’), sostiene, seguirán siendo voluntarios. Pero lo que esconde el debate es la verdadera razón por la que las pensiones del futuro están garantizadas: año a año, serán más pobres. Y por tanto, si no hay cambios de envergadura, esos complementos serán cada vez más necesarios.

Un futuro de pensionistas pobres

El Pacto de Toledo debate esta legislatura la Seguridad Social de los próximos años, y está obligado a un acuerdo suficientemente amplio. Lo que apenas se oye en sus sesiones es que las pensiones del futuro se diseñaron con tijera, cuando el bipartidismo estaba acuciado por los acreedores del país y los calificadores de deuda. Dos reformas, una en 2011 y otra en 2013, una del PSOE y otra del PP (la segunda desligada del Pacto de Toledo y el diálogo social), han empobrecido las pensiones del futuro en un 35%, según un informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.

En el Pacto de Toledo se debaten medidas para sanear el sistema, pero se elude la verdadera razón por la que las pensiones están garantizadas: año a año, serán más pobres

Su autor es el catedrático de la UPV Ignacio Zubiri, otro de los expertos que han pasado ya por la Comisión, y también de las pocas voces que no sólo ofreció posibles medidas para sanear el sistema, sino que advirtió de la necesidad de hacer algo para evitar un empobrecimiento generalizado de los mayores españoles. “El único mecanismo de ajuste que tiene ahora mismo el sistema es que los trabajadores reciban menos pensiones”, sostuvo durante su comparecencia. La tijera como solución. ¿Sus consecuencias? Si en 2013 un jubilado medio cobraba en su primera pensión un 79% de lo que era su anterior sueldo (la llamada tasa de reemplazo), en 2050 esta tasa apenas superará el 50%, y en 2060 ni tan siquiera lo alcanzará (48,6%). El porcentaje se irá reduciendo progresivamente.

Todo ello, subraya Zubiri, por plantear un sistema como si de un fondo privado de empresa se tratara, adecuando las partidas a los recursos disponibles (acompañado, además, con la asfixia del sistema por no buscar otras fuentes). El empobrecimiento que en 2011 supuso el aumento de la edad de jubilación (compartido y asumido ya prácticamente por todos; en todo caso, se irá aumentando) y la ampliación del tiempo para calcular la pensión, se consolidó en 2013 con el factor de sostenibilidad y la desvinculación de la pensión al IPC.

“El factor de ajuste es el más duro de toda la Unión Europea”, explica Zubiri, pues ‘corrige’ las nuevas pensiones (lo hará a partir de 2019) con un recorte anual aproximado del 0,25%. A esto hay que añadir una fórmula matemática que, en la práctica, condena año a año a una reducción de las pensiones: impide subidas en situaciones de déficit y de previsiones de aumento en la esperanza de vida. En otras palabras, solo un suelo de +0,25% anual introducido en la reforma impide que las pensionistas reciban, desde 2013, menos euros por su prestación. “No hope. No esperen que el IRP (índice de revalorización de las pensiones) sea positivo alguna vez. A no ser que le metamos una inyección de recursos que no sabemos de dónde vamos a sacar”, reconoció José Antonio Herce, de Analistas Financieros, que no solo abogó por extender la edad de jubilación, sino que instó ante los diputados a apostar por fondos privados.

“Las reformas no tenían nada que ver con los ingresos, se basaron exclusivamente en los gastos. Estaban orientadas a reducir la pensión”, abunda Ruesga, precisamente el único de los expertos, reunidos en 2013 por el Gobierno del Partido Popular para sustentar su reforma, que se desmarcó del cambio en la revalorización de las prestaciones. Hasta ahora, la caída de los precios ha salvado a los pensionistas de perder poder adquisitivo tras la reforma. Pero aunque amplíen nominalmente su prestación un 0,25%, de facto, perderán poder de compra, ante la efectiva vuelta de la inflación. Y si es del 2%, como marcan las políticas del BCE, hasta estabilizar las cuentas (2024, 2025, estima Zubiri), las pensiones se empobrecerán alrededor de un 1,75% cada año.

"El único mecanismo de ajuste que tiene ahora mismo el sistema es que los trabajadores reciban menos pensiones", advirtió Zubiri, experto en pensiones, en el Pacto de Toledo

Cada año de vida, más pobre. Y si la esperanza de vida aumenta, el efecto corrector recortará el gasto en las nuevas pensiones. El objetivo de las reformas no era otro que de mantener controlado en el 12% del PIB el gasto en pensiones (actualmente está en el 11,8%, mientras que países como Italia y Francia se sitúa en torno al 15%). “Vamos a acabar con uno de los mayores logros de nuestro sistema de pensiones”, apunta Zubiri, que señala que hasta ahora España era uno de los países con menor tasa de pobreza entre sus mayores. “Si no cambiamos nada, el sistema actual nos lleva a una sociedad envejecida y empobrecida”, reitera.

Temor a un nuevo ‘parche’ de la gran coalición

Por esta razón, toda la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, ha registrado en el Congreso una proposición de ley para fijar la revalorización de las pensiones de 2017 en el 1,2%. A pesar de contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara, el Gobierno vetó la iniciativa, alegando que supondría un incremento presupuestario. Ciudadanos -- que con el que el PP ostenta la mayoría en la Mesa de la cámara-- respaldó dicha postura, impidiendo que se levantara el veto.

El Gobierno rechaza dar marcha atrás a su reforma. Lo fía todo a la recuperación de un empleo que, hasta el momento, es incapaz de llenar con sus cotizaciones las arcas del sistema, deficitario sin haber llegado a soportar los desequilibrios de la pirámide demográfica española. Altos cargos del Ministerio de Empleo reconocen que los nuevos presupuestos que ‘cocina’ Montoro incluirán medidas dirigidas a corregir los agujeros del sistema. Y aunque el propio ministro de Hacienda se ‘lava’ las manos en materia de pensiones, delegando la decisión al Pacto de Toledo, el propio Gobierno ha pactado con el PSOE varias medidas que apuntan directamente al saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social: la subida de un 3% de las bases máximas y mínimas de cotización (un 3 y un 8% respectivamente) y del salario mínimo.

Y en el Congreso, las partes más insistentes con la suficiencia asumen que será más difícil atraer a Ciudadanos para levantar el veto a una revalorización suficiente que contener al PSOE para que no rubrique, junto al PP y la formación naranja, una nueva reforma ‘parche’ en el sistema de pensiones. Que no asegure el futuro de las pensiones, pues eso, repiten, ya está garantizado, sino que acuerden nuevas fuentes de ingresos, restricciones de gastos, y reformule la forma en la que se pagan las pensiones. Pero éstas, año a año, irremediablemente serán más pobres.