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Juicio de la Gürtel. Bárcenas. Las tarjetas black. Los directivos (algunos) de NovaCaixaGalicia ingresan en prisión. Parece que, con la que está cayendo, en todas partes las operaciones presuntamente irregulares o claramente especulativas en España se seguirán produciendo, pero al menos con el mayor sigilo posible. ¿En todas partes?, ¡No! En el Finisterre, un organismo resiste férreamente a la imposición de la clandestinidad y la discreción en las maniobras público-privado. La Autoridad Portuaria de A Coruña pretende vender a una inmobiliaria 25.000 metros cuadrados de terreno público, situados en la fachada marítima de la ciudad, en la zona del casco antiguo, a un centenar de metros de donde viven Amancio Ortega o el exalcalde Francisco Vázquez.

El presidente del Puerto coruñés, Enrique Losada, había llegado la pasada primavera a un preacuerdo con el Ayuntamiento de cederle el terreno por el precio en el que la Autoridad Portuaria lo había tasado, 1,4 millones de euros. Sin embargo, hace poco trascendió que había negociado con la inmobiliaria Rio Mero su venta por 10 millones. Lo de Finisterre es algo más que un símbolo geográfico. En lo que el Puerto pretende vender está construido un hotel de cinco estrellas de ese nombre, y una sociedad deportiva privada, La Solana, en lo que fue una playa y una puerta de la antigua muralla de la ciudad, que se mantenía más o menos como se la encontró Drake en 1589, cuando intentó asaltarla. La puerta sigue, pero, en vez de dar al mar, da a unas pistas de tenis y a un aparcamiento. Desde luego, hoy sir Francis no reconocería el lugar. 

Como muchas otras cosas (mentalidades aparte), la raíz del asunto está en el franquismo. En el recién estrenado, en concreto. En febrero de 1941, Armando Casteleiro pidió y obtuvo permiso del Gobierno para construir una piscina en lo que era la playa de O Parrote, al lado de la dársena pesquera. Casteleiro había sido un pionero de la natación, pero también brigada de los Caballeros de La Coruña, una milicia armada compuesta por falangistas y miembros de Renovación Española, una de tantas “partidas de la porra” fascistas que en los meses previos del golpe militar calentaban en la banda. Debieron de ser esos méritos, más que los deportivos, los que engrasaron la burocracia de tal forma que once días después de la autorización gubernamental, estaba concedida la licencia municipal y al día siguiente se iniciaron las obras. Primero fue la piscina, y en 1945, en una nueva concesión-ampliación, el hotel, propiedad del Banco Pastor. En 1968, como seguía habiendo mar y mar y quedaba algo de playa, otra concesión y otro relleno.

Pero la razón declarada de la venta hay que buscarla en la historia reciente. Concretamente en el Prestige. En plena marea negra y sobre todo en plena marea Nunca Máis, el alcalde coruñés Francisco Vázquez acogió el Consejo de Ministros que Aznar quiso celebrar a modo de placebo en Galicia. Con la plaza de María Pita asediada por miles de manifestantes, Vázquez arrancó del presidente del Gobierno y del Consejo la promesa de estudiar la viabilidad de construir un puerto exterior. “Le dije que si no, dejaba entrar a los de Nunca Máis”, comentó después el alcalde, risueño, en una entrevista, aunque, según testigos presenciales, aquello fue más bien un choque de trenes: “Si no hay puerto, no hay consejo”.

El Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, la consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo y el gobierno local de Vázquez emitieron informes favorables. El puerto de Punta Langosteira efectivamente se construyó. Muy exterior, en la parte más expuesta de la costa y a ocho millas enfrente del puerto, también exterior, de Ferrol. Costó ¿700? (la interrogación no es retórica) millones de euros que iban a ser sufragados, entre otros ingresos, con los socorridos fondos europeos, y con 150 millones que se calculaba obtener de la venta para uso inmobiliario de gran parte del puerto antiguo. 400.000 metros cuadrados en pleno centro y – obviamente— en primera línea de costa. Y en esto estalló la burbuja inmobiliaria.

Hoy hay dos puertos, exterior e interior, pero el tráfico de mercancías no crece y la Autoridad Portuaria lleva cuatro ejercicios con pérdidas progresivas. Su presidente, Enrique Losada, justifica la maniobra de La Solana-Finisterre por 10 millones y la venta de los muelles urbanos de Batería y Calvo Sotelo, que estima le puede aportar 15 millones, como una operación necesaria para afrontar los 300 millones de euros de deuda del puerto exterior. Los críticos con la operación aducen que vender el patrimonio público para satisfacer la doceava parte de una deuda no sale muy a cuenta.  Si es una obra de interés público, es difícil de entender andar vendiendo las joyas de la familia, como un yonqui de alta cuna, mientras el Gobierno se gasta 5.000 millones en rescatar autopistas radiales de Madrid, sin necesidad de privatizar el Paseo de la Castellana.

De todas formas la Autoridad Portuaria no es que haya destacado como gestora económica. Le cobraba 97.000 euros al año a una sociedad (hasta 2014 propiedad del Banco Pastor y de Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ex director general de Inditex), que le alquilaba la concesión del hotel y sociedad deportiva a Inmobiliaria Rio Mero por millón y medio de euros. La concesión caduca en 2017, y en 2014 Rio Mero pagó 14 millones por disfrutar de ella hasta esa fecha. Pagar 10 millones por la propiedad de los terrenos es una auténtica ganga. Y todo gracias a una varita mágica en forma de rotulador rojo. En 2009, con un gobierno PSOE-BNG, la aprobación inicial del vigente Plan General de Urbanismo definía los terrenos como suelo dotacional público. Tres años después, en la aprobación definitiva, con la única mayoría absoluta que tuvo el PP en A Coruña, la calificación se convirtió en dotacional privada simplemente usando el rotulador para tachar “público” y poner “privado”.

30 entidades cívicas y culturales, además de una Comisión Aberta para a Defensa do Común constituida ad hoc, han demandado que se paralice la subasta que le daría la propiedad a la inmobiliaria y que se devuelvan los terrenos de forma gratuita. Los representantes del PP en el consejo de la Autoridad Portuaria votaron en su día a favor de realizar la subasta. Ahora, en el último pleno municipal, el grupo popular –incluido el concejal responsable del rotulador— se unió a los demás (Marea, PSOE, BNG) a favor de mantener la titularidad pública de los terrenos. Toda la sociedad civil asume que… ¿Toda? ¡No! La Autoridad Portuaria está ocupada por un irreductible presidente que se resiste a cualquier intento remunicipalizador. Nadie apuesta que vaya a ser por mucho tiempo.