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La tasa de desempleo juvenil en España es de casi el 47%, y la tasa de juvenilidad del Congreso debe de ser también una de las más altas de Europa. Se reunía ayer el Hemiciclo por primera vez después de las navidades (demasiado tarde para saber qué trajeron los Reyes Magos a sus señorías). Aun así, en ciertos escaños siempre parece víspera de algo –de año nuevo o carnaval.

Se abordaba en primer lugar el Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes de garantía de empleo juvenil, defendido por la ministra de Empleo y Asuntos Sociales, Fátima Báñez (cada vez más parecida a Millán Salcedo, que también daba campanadas); y sin embargo el mayor interés entre fotógrafos y plumillas estaba en otros jóvenes más presentes. A los cámarógrafos les encanta siempre acribillar a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón desde esa perspectiva esquinera del ala este, pero la algarabía era mayor esta vez por esa suerte de guerra fría en que andan ambos inmersos, y que esta vez quiso recordar a algunos a la crisis de los misiles. “Tensión máxima”, publicaron varios digitales, después de que los fotógrafos captaran a ambos en cierto ademán acalorado en sus escaños, nada más tomar asiento a las tres de la tarde. Algún otro testigo cercano al momento aseguraba que Rafael Hernando-Underwood, atento siempre a cualquier conspiración [lástima que los fotógrafos se coloquen a las espaldas de la bancada popular y se pierdan el abanico gestual del diputado del PP], mascullaba para quien quisiera oírle: ¡Ahí hay tomate, eh!

El entorno podemista quiso luego quitar hierro al asunto, fuera el que fuese (y diputados de otros grupos coincidieron luego en que no hubo tal tremenda furia). Aunque la noticia en realidad no era tanto que Iglesias y Errejón hablasen –acaloradamente o no– como que levantaran las cabezas del móvil. Porque la estampa habitual en los plenos es verles a ambos buceando en sus respectivas pantallas. “Nadie sabe cómo nos reímos”, decía Iglesias en aquella carta abierta a su compañero del alma, compañero, para desacreditar a quienes hablaban entonces del deterioro de su relación. Podría haberse inferido entonces que, mientras fingían ignorarse, ambos no hacían más que contarse chistes por What’s Up (“qué bueno lo de Inda”, etcétera), entre asalto y asalto a los cielos. Pero viene calando la impresión de que su relación es ya estrictamente virtual.

Después de las derrotas consecutivas que el PP sufrió en los últimos meses en el Congreso, a cuenta de los planes para paralizar (que no derogar) algunas de las medidas más contestadas del Gobierno, como las llamadas ley Wert y ley Mordaza, esta vez consiguió convalidar, gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos –o a su abstención, en último extremo– tres reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Al tratarse de decretos-leyes, y no de proposiciones de ley, no admiten enmiendas y culminan al aprobarse su recorrido en la Cámara baja. Versaban sobre la garantía de empleo juvenil, la devolución bancaria de los importes indebidos por cláusulas suelo y la pobreza energética.

Sobre la alegría navideña que todavía mostraba la ministra Báñez, Yolanda Díaz Pérez, de Unidos Podemos, le sugirió que “rebajara” ese tono “exultante” que “nada tiene que ver con lo que están viviendo los jóvenes” en España. Su plan de garantía juvenil para impulsar el empleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años es, según Pérez, el cuento del rey desnudo, “un auténtico fracaso” después de una “gestión nefasta de fondos públicos”, algo en lo que coincide incluso la OCDE. Sólo uno de cada diez jóvenes que podían acogerse al plan llegó a inscribirse, dijo la portavoz. “Lo más tremendo”, para Díaz Pérez, “es que en un país democrático no tengamos datos objetivos que nos digan cuál fue el balance de su actuación” porque el Gobierno “tiene demasiadas cosas que ocultar”.

En su opinión, el PP no da las cifras “por una realidad profundamente asfixiante”, según la cual la garantía juvenil  ni siquiera habría establecido una pauta clara sobre qué clase de contratos (de prácticas, laborales...) se han establecido en su marco. “A través de la financiación y de fórmulas de modificación fiscal para las empresas no se crea empleo; lo que se hace es financiar indirecta o directamente a las empresas”. Se crea empleo, según su grupo, “cambiando el modelo productivo” para que no haya que elegir entre “el paro y un contrato basura”. Se calcula que a lo largo de la crisis se han destruido 5 millones de empleos juveniles. El Gobierno admite, en cualquier caso, que el desempleo entre los españoles más jóvenes “continúa siendo de los más altos de Europa, y su descenso se mantiene como uno de los principales retos a afrontar”.

Podemos se quedó solo esta vez, junto con los grupos de izquierda mayoritarios en la Cámara, en la oposición a las medidas presentadas por el Gobierno. El apoyo de PSOE y Ciudadanos se justificaba por entender ambos que “ahora sí se va en la nueva dirección”. Es la frase-comodín que usan cada vez que se ven en la tesitura de apoyar alguna medida de los populares. “No venimos aquí a postureos como otros grupos políticos”, dijo la portavoz del PSOE, Sonia Ferrer; “queremos que este plan llegue al mayor número posible de jóvenes sin empleo. Esto llega tarde pero es una rectificación”. Después de recordar una larga lista de agravios del PP, la portavoz del PSOE dijo –sin postureos– que sí apoyarían el decreto-ley. A continuación, la portavoz del PP, la joven Belén Hoyo, siguió fingiendo que discutía con el PSOE, para llegar al clímax de la bronca girándose hacia los podemitas con una inquietante alusión: a “esos jóvenes que se van a Venezuela a aprender cómo se pincha un teléfono”.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó por su parte que el bono social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica necesitaba de una corrección en su financiación por el mercado (“Si no existiese una financiación adecuada el sistema estaría en peligro”), y que el acuerdo con PSOE y Ciudadanos permitirá “establecer nuevas categorías de clientes vulnerables para que se pueda tarifar” en cada caso de manera más “justa”. El decreto contempla que las comunidades autónomas dictaminen en un margen de cuatro meses si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa, antes de que las eléctricas puedan cortarles el suministro.

En el caso del decreto de las cláusulas suelo (en cuya votación se abstuvo el PSOE por considerar que no se protegen suficientemente las garantías de los consumidores), Íñigo Errejón había dicho por la mañana, en rueda de prensa, que se trataba de “un cheque en blanco” para el Gobierno al no contemplar todavía el documento los detalles de su aplicación, considerando “una estafa” que sean los bancos lo que decidan a la postre.

Lo repitió después, en un vídeo en Twitter. Allí también había escrito, a cuenta del momento con Iglesias al principio de la tarde: “A veces discutimos con pasión, pero no nos peleamos. Seguiremos trabajando juntos”. Y no mentía: aún se sientan pupitre con pupitre en el Congreso, cada cual a sus deberes.