Crónica parlamentaria
Y su palabra es la ley
El Congreso aprueba sendas proposiciones, referentes al Tribunal Constitucional y a la igualdad laboral de los subcontratados, que continúan la senda de revocación de las políticas del PP
Miguel Ángel Ortega Lucas 21/12/2016
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Tamara Raya, del Grupo socialista, defendiendo una proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores.
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En la pared frontal del hemiciclo del Congreso de los Diputados, justo encima de la tribuna, hay varios frescos –nos referimos a motivos artísticos– ilustrando situaciones históricas o simbólicas; se supone que tratando de inspirar las altas decisiones que se tomen en esta cámara. Uno de ellos es un hombre postrado ante un ángel, ambos con un documento en las manos: el gesto de humildad del primero ante el segundo viene seguramente a simbolizar la sumisión de las leyes de aquí abajo respecto de las divinas, o la torpeza maltrecha del barro frente a lo Infalible.
Hubiera sido buena idea si sus señorías, como mortales de a pie, supieran dónde queda eso último; a cambio, lo que solemos hacer, porque así funciona el ser humano, es confundir la verdad con la Verdad, sin recordar aquel consejo de don Antonio Machado sobre guardarse cada uno su propia verdad e ir todos, con la calma, a buscar otra mayor. Esto suele suceder tanto en la cola del pan como en el Congreso, pero se sospecha que sólo con tocar la noble madera del escaño la probabilidad de sentir al arcángel san Miguel susurrándote al oído se dispara de manera exponencial.
“Ustedes se arrogan la facultad de establecer lo que es democrático” por la “iluminación del elegido. Son unos ungidos y su palabra es la ley”, dijo en algún momento de la tarde Juan Carlos Girauta. Como fue periodista, algún despistado pensó que se dirigía a todo el mundo, pero no: ahora es de Ciudadanos y se refería sólo a los nacionalistas.
Nacionalistas vascos del PNV y catalanes del Partido Demócrata Catalán (antes Convergència) presentaban ayer sendas proposiciones (de ley) para tratar de enmendar la Ley Orgánica 15/2015, del Partido Popular, según la cual fueron otorgadas al Tribunal Constitucional una serie de potestades sancionadoras inéditas hasta entonces, como imponer multas o incluso suspender de funciones a cargos de la administración en caso de no acatar sus resoluciones. Cuestiones que “atentan frontalmente contra el Estado de Derecho puesto que conculcan el principio de la división de poderes [al] otorgar al Tribunal Constitucional la potestad de suspender de sus funciones y durante el tiempo que haga falta a cargos elegidos democráticamente, lo cual incluso puede alcanzar al presidente del Gobierno” (e incluso a Francesc Homs; el diputado, sancionado por la consulta soberanista del 9-N, que firma este documento).
Para Homs, se trató de una manera de “sofocar jurídicamente” el intento de consulta soberanista catalán. Para su compañera de filas Lourdes Ciuró es una “vía de autolegitimación que evita la ruta del proceso soberanista; un relato-ficción” por el cual se presenta el Procés como “un atentado de Cataluña a la democracia española”. La proposición de ley firmada por el PNV recuerda que la ley orgánica del PP tenía como objetivo “evitar el cuestionamiento constitucional y vertebrar con rigor jurídico la cohesión del Estado”, algo a su juicio “infantil” ya que “permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo”.
Siempre se acaba dirimiendo, en el Congreso o en la cola del pan, dónde y de qué parte está la Ley
Para Ciuró, la estrategia del PP de sacar al Tribunal Constitucional de su papel de mero árbitro para imponer la ley a base de sanciones era una ficción para “presentar a Cataluña como una desafiadora de la ley vigente”; para el PP todo parece ser ficción (por no existir), ya que su representante ayer tarde en la tribuna, Carlos Rojas García, invirtió la mayor parte de la intervención no en explicar el comportamiento de su grupo respecto del Constitucional sino en criticar el del PSOE (a favor de las propuestas de PNV y PDC): “Se hace incomprensible”; “respetamos su discurso pero no lo entendemos”; “no es el momento de dar bandazos”. Y culminó: “Claro que estas medidas [su ley orgánica] tienen efectos disuasorios contra aquellos que quieren romper el orden constitucional. Lo que no sé es por qué el PSOE no las comparte”.
Finalmente se admitió a trámite la del PNV, y el debate terminó sin que nadie mencionase la mayor ficción de todas: defender la “división de poderes” refiriéndose a que el Tribunal Constitucional no debería ser un órgano sancionador, pero no a que sus miembros sean elegidos a dedo por los mismos que tanto desean la división de poderes.
El Pleno también sacó adelante una proposición de ley a instancias del PSOE que continúa arrinconando al PP en el hemiciclo, aunque tanto en esta (referido a la reforma laboral) como en los otros casos de demolición controlada de sus leyes más polémicas por parte de la oposición (como la LOMCE o la ley mordaza) podrían encontrarse, si así se empeña el Gobierno, con –sorpresa– el Tribunal Constitucional.
La proposición de ley a instancias del PSOE continúa arrinconando al PP en el hemiciclo, aunque podrían encontrarse, si así se empeña el Gobierno, con el Tribunal Constitucional
La proposición de los socialistas, ampliamente respaldada aun con la abstención de Ciudadanos [expertos ya en el argumento del parche, según el cual están tan de acuerdo con todo que hasta les parece insuficiente, ergo no votan a favor], añade dos párrafos al Estatuto de los Trabajadores con el fin de obligar a que los empleados de empresas subcontratadas tengan las mismas condiciones laborales esenciales que los de la empresa principal (“se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a riesgos laborales”). Podemos la respaldó a pesar de que –señaló su portavoz Alberto Rodríguez– la representación sindical de los trabajadores “debería tener acceso a los convenios” y “cualquier ruptura” de estos debería ser “ilegal”.
El portavoz de Bildu en la cámara, Oskar Matute, también la apoyó, por parecerle correcta y porque en Euskadi “también hay subcontratados”. Y otro miembro del Grupo Mixto, de Foro Asturias concretamente, Isidro Manuel Martínez Oblanca, se opuso frontalmente a la medida porque, según su razonamiento, que los trabajadores de subcontratas cobren lo mismo que los demás supondría “que las empresas no puedan afrontar los pagos”, “severo riesgo de las arcas públicas” y “más presión para los contribuyentes”. [Decíamos que estas cosas de la Ley y la Verdad divinas pasan tanto en la cola del pan como en el Congreso, pero lo cierto es que sólo aquí existe la capacidad de que suba el pan de manera indiscutible.]
A propósito de atributos de Dios: hacia esa misma hora se conocía la decisión, por carta, de José María Aznar de abandonar la presidencia de honor del PP, aduciendo como primera razón que “ningún patrono de la FAES”, su fundación, “ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política. Como presidente de FAES no deseo ser una excepción”. Menos mal que siempre habrá alguien en España que respete heroico la división de poderes (y cuyo dedo sea la Ley).
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Miguel Ángel Ortega Lucas
Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.
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