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A principios de febrero de este año se difundió que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL había confirmado la resolución dictada en su momento por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León en la que se fija una indemnización de 160.676,78 euros a favor de Servicios Generales de Comunicación y Gestión S.L., empresa editora de ileon.com. El fallo aportó información sobre las oscuras relaciones existentes entre las administraciones públicas y los medios de comunicación.

Según la resolución judicial, la Diputación Provincial de León había discriminado desde enero de 2011 en la adjudicación de su publicidad institucional a la publicación, que la había demandado. En sus fundamentos, el tribunal responsabiliza a la Diputación “por los repartos arbitrarios e ilegales que sus responsables políticos y gabinetes de prensa han realizado de la publicidad institucional”.

Los editores de ileon.com entienden que el fallo ofrece “una garantía del ejercicio de la prensa de forma libre e independiente y alejada de los intereses espurios del político de turno’”, y que sienta un “gran precedente jurídico que consolida un escenario en el que se impida el uso de dinero público para forzar líneas editoriales”.

Y justamente de eso se trata: los políticos que están al frente de las administraciones utilizan nuestro dinero para alquilar las voluntades de los medios de comunicación. Esta mala praxis, que conlleva una larga serie de daños colaterales para el Derecho a la Información, es práctica habitual en todos los niveles administrativos, y en gran parte de los municipios y autonomías. 

Los políticos que están al frente de las administraciones utilizan nuestro dinero para alquilar las voluntades de los medios de comunicación

En Madrid y Cataluña

Lamentablemente, este caso no es aislado. En su etapa de alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella benefició a medios afines al PP con el reparto de las inversiones publicitarias, privilegiando a medios como La Razón, ABC o la cadena COPE cuando no cumplían con las condiciones de audiencia y difusión atendibles. Entre 2013 y 2015, el ayuntamiento madrileño repartió más de 21 millones de euros en publicidad institucional favoreciendo, sobre todos, al diario La Razón, por encima de diarios como El País y El Mundo, de clara mayor difusión. 

La Comunidad de Madrid de Aguirre y González está siendo investigada por este tipo de corruptelas, ya que el grueso de la publicidad fue a parar a la cuenta de resultados de medios ideológicamente afines al PP. Telemadrid facturó 10,87 millones en una década, ocho veces más que TVE, pese a que su audiencia era infinitamente menor. En prensa escrita, el medio más premiado por el Canal de Isabel II fue el ABC con 2,31 millones. La Razón percibió 1,87 millones; El Mundo, 1,54 millones; y el Grupo Intereconomía, 1,38 millones.

En Catalunya es notorio que la Generalitat tiene una clara debilidad por el Grupo Godó; según han informado los periodistas Marc Font i Roger Palà en el digital elcritic.cat, La Vanguardia acaparó el 20% de la publicidad de la Generalitat de Catalunya durante el año pasado.

Cinco grupos mediáticos se repartieron casi el 60% de los 31 millones de euros de esta publicidad institucional. Los datos demuestran “la preponderancia del Grupo Godó, del Grupo Zeta, de la CCMA (TV3, Catalunya Ràdio), del Grupo Hermes editor de El Punt Avui y de Edició de Premsa Periòdica Ara SL, que publica el diario Ara.

El reparto en Canarias y Melilla

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC-FeSP) se ha dirigido a los responsables municipales de varios ayuntamientos del norte de Tenerife para exigirles que retiren "inmediatamente" cualquier financiación a la televisión comarcal Mi Tierra TV, que emite sin licencia y cuyo presentador Pepe López hace un ejercicio de insulto cotidiano a toda persona pública u organización que no le festeja las gracias y sus relaciones con políticos locales. 

Igualmente, los grupos políticos de Izquierda Unida en Los Realejos, y Asamblea Ciudadana Portuense, en Puerto de la Cruz, han denunciado que ambos consistorios financian a empresas vinculadas a Mi Tierra TV.

En el espacio melillense, en noviembre 2015, un juez pidió al Tribunal Supremo “que investigue a Juan José Imbroda por la firma, durante años, de convenios de publicidad a dedo con varios medios de comunicación”. La investigación judicial, iniciada en 2013, considera que hay suficientes indicios de delito en la firma de los convenios de publicidad entre el Gobierno de Melilla y casi la totalidad de los medios de comunicación de la ciudad. La investigación sospecha que el Gobierno presidido por Imbroda “premiaba a los medios de comunicación dóciles y castigaba a los díscolos”.

Entre Galicia y La Rioja

Podemos leer en el portal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) que “el pasado 10 de octubre, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó los convenios firmados por la Conselleria de Política Social gallega en el primer semestre del año. Entre ellos, tal y como alerta la Confederación Intersindical Gallega (CIG), encontramos 18 convenios firmados con medios de comunicación para realizar acciones divulgativas (...). Estos han adjudicado sin proceso de licitación pública más de 341.000€ a ocho medios de comunicación a dedo”. 

Sin embargo, no tanto por dimensiones del gasto sino por la figura singular del personaje, destaca el consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río Sanz, que hoy preside la Comisión Mixta de Control de RTVE. Sus actuaciones motivaron, en su momento, la intervención del diputado Miguel González de Legarra (Partido Riojano) que afirmó, y no fue desmentido, que “entre 2013 y 2015 Del Río repartió al menos 6,7 millones de euros entre 21 medios de comunicación, agencias y personas a título individual vinculadas a algún medio de comunicación.” 

La señora De Cospedal y Promecal

El digital periodicoclm.es publicaba en mayo de 2016 que, durante la gestión de María Dolores de Cospedal al frente de la autonomía castellano-manchega, se impulsó una fundación para la supuesta promoción de Castilla-La Mancha “que utilizaba el Ejecutivo de Cospedal para evitar el control de la Intervención General a la hora de gestionar la publicidad institucional”.

A través de esta entidad, se gastaron más de 37,5 millones de euros del erario público para sufragar la propaganda del Gobierno del Partido Popular. El mayor beneficiado en el reparto fue Antonio Méndez Pozo, propietario del grupo Promecal, que gestiona varios medios. El entramado de Méndez Pozo recibió sumas millonarias. Sólo en el caso de Las Tribunas, llegó a obtener 5.156.252 euros. Curiosamente, parte del dinero destinado para publicidad institucional fue a parar a varios medios ubicados en Castilla y León y Navarra, como Navarra TV, que recibió entre 2012 y 2015 un monto de 997.388€, según el citado digital.

Moncloa no se queda atrás: 37,7 millones

El Gobierno central, en octubre pasado y obligado por un cambio normativo, debió informar del reparto de anuncios colocado en televisiones, radios, webs y periódicos. Así nos enteramos de que había pagado 37,7 millones de euros por ese concepto en 2015 a través de sus ministerios, aunque Moncloa apeló al “secreto comercial” para no informar sobre el dinero recibido por cada medio, sino de las inserciones contratadas, una métrica absurda y difícil de entender.

Algunos medios recibieron un volumen de inserciones publicitarias que no se justifica con la audiencia que tienen

Del informe se desprende que algunos medios recibieron un volumen de inserciones publicitarias que no se justifica con la audiencia que tienen. Aunque esa tarea se hace a través de agencias privadas, el Gobierno sí supervisa el plan de medios y tiene capacidad de modificarlo si no le satisface. Sin embargo, no puso reparos en que el diario La Razón (17º en audiencia) ocupara el sexto lugar en número de anuncios recibidos, o que el ABC (9º en audiencia) fuera el segundo en anuncios recibidos. 

Lo mismo ha sucedido con los nativos digitales. La web Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos (6º en audiencia teórica, según el auditor oficial, Comscore), se colocó en el segundo puesto del reparto de anuncios totales, con 85 millones de inserciones.

Moncloa anunció a principios de febrero que destinará 70 millones de euros para el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2017, cantidad que aumentará considerablemente el dinero destinado a los medios por el plan de 2015, dado que en 2016 no hubo plan, como se encargó de recordar públicamente la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, por encontrarse el Gobierno en funciones. Veremos cómo se realiza el reparto.

Para qué sirve o podría servir

La lista de casos sospechosos es tristemente larga. La publicidad institucional se enmarca dentro de la obligación de las administraciones de informar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones, el funcionamiento de las instituciones públicas y los servicios que prestan, además de cualquier otra información sobre aspectos de la cosa pública que se considere que deben ser informados.

Sin embargo, como hemos visto, el millonario pastel se utiliza con fines bien distintos y muchos recurren a tortuosos caminos para saltarse la escasa normativa que se ha creado para preservar la equidad en su distribución. 

Esto se solucionaría con mayor rigor en la aplicación y con transparencia y decencia. Sin embargo consideramos que se está perdiendo una oportunidad para aplicar esos fondos de forma paralela a la función publicitaria y contribuir al desarrollo del Derecho a la Información. Siempre, claro, con la misma transparencia y decencia exigible. 

Ya existe jurisprudencia internacional que señala que respecto al Derecho a la Información las actuaciones de las autoridades públicas no deben quedarse únicamente en la no injerencia, sino que deben ejercer políticas activas que contribuyan a su desarrollo.

Si bien es cierto que, a pesar de que es un debate superado en entornos académicos e incluso en algunos Estados, en España algunos sectores se niegan a poner encima de la mesa según qué propuestas para garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la información. 

Mientras esperamos a que se den las circunstancias para poder afrontar este debate con la necesaria madurez intelectual, se pueden llevar a cabo actuaciones para empezar a enmendar la dejación de funciones de las autoridades públicas españolas respecto al derecho a la información y a la pluralidad informativa, un problema que, como señalan las autoridades del Consejo de Europa, es el mayor enemigo de la libertad de expresión. 

Dedicar parte de esos fondos a los medios independientes de nueva creación ayudaría a contribuir a su estabilidad económica y su desarrollo

Una de las acciones puede y debe ser que una parte regulada de las contrataciones de publicidad institucional sea repartida con criterios que vayan más allá de la mera difusión y puedan destinarse a favorecer la pluralidad informativa. Dedicar parte de esos fondos a los medios independientes de nueva creación ayudaría a contribuir a su estabilidad económica y su desarrollo, y en consecuencia al aumento de su competitividad en el sector.

Fortalecer su presencia en el mercado sería una de las formas de luchar contra la tremenda precariedad laboral del sector periodístico, a fin de contribuir con esas inserciones publicitarias a la contratación de profesionales de la información y a la mejora de sus exiguos salarios. 

Las ayudas fiscales al emprendimiento en el sector de los medios de comunicación también serían una gran ayuda para un sector tan castigado por la pérdida de empleo durante la crisis, y un espaldarazo a la pluralidad informativa.

No son las únicas medidas en favor de la pluralidad que se podrían llevar a cabo sin grandes desembolsos por parte de las arcas públicas y sin crear grandes debates. Un factor a tener en cuenta, por ejemplo, es el aumento de la audiencia de los medios online, que ha pasado del 19,7% al 69% en los últimos diez años. Sin embargo, y sin ningún sentido, se sigue “castigando” la suscripción a estos con el tipo de IVA más alto (el 21%).

Hay otras propuestas posibles, como puede ser que estos nuevos medios independientes emergentes pudieran mancomunar, con ayuda pública, parte de sus servicios para rebajar sus costes de producción, siempre que esto no no pusiera en cuestión su independencia. Esto, que se ha planteado desde ámbitos académicos a gran escala en algún país de nuestro entorno, sería una propuesta viable en el ámbito municipal. 

Claro que quizá esto también dependería de que los nuevos medios rompieran con dinámicas propias de los mass media y con un momento del panorama mediático que se va para no volver. El siglo XXI nos pone delante un ecosistema informativo que ya no tiene nada que ver con el del siglo pasado y en evolución constante.

¿Sabremos estar a la altura medios, profesionales, ciudadanía y autoridades? Esto ya da para otro debate.

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Dardo Gómez, ex secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas.

Pedro Gómez, coordinador estatal de Políticas Mediáticas de Podemos.