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Susana Díaz salió el domingo pasado a atajar la ola de pánico socialdemócrata que se había desatado a raíz de la presentación de la Ponencia Económica coordinada por el fichaje de la Gestora José Carlos Díez. El plan no incluía una palabra sobre la derogación de la reforma laboral de 2012. La lideresa salió al quite, muy henchida: “Ya estamos derogando la reforma laboral en el Congreso”, y luego usó la palabra “infame” para marcar distancias con la política de empleo conservadora.

El olvido ha levantado sospechas. La derogación se adoptó como consigna desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores con el rodillo popular en el Congreso y, con el tiempo, ha adquirido un carácter simbólico para el PSOE. No obstante, la convicción con que se defiende esta postura ha ido variando. El debate confrontaba dos sensibilidades: la aniquilación completa del texto y la modificación parcial a través de la iniciativa parlamentaria. El abanderamiento de cada opción ha ido saltando de un bando a otro como en un juego de cromos. “Estas opciones se movieron sin demasiada transparencia en un debate público muy confuso”, opina Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, que ha vigilado todo el proceso.

Pedro Sánchez, en su primera fase evolutiva, se declaró radicalmente contrario a la normativa popular y de la mano de Luz Rodríguez, entonces secretaria de Empleo, se inclinó hacia la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, incluso, revirtiera la reforma socialista de 2010. Pero el aterrizaje del exministro Jordi Sevilla en el equipo del secretario general pinchó el órdago. Sólo se tocaría la ley en algunos puntos. Sánchez defendió el volantazo con un convencimiento idéntico al que había usado para secundar la hoja de ruta anterior.  Rodríguez se marchó, y Susana Díaz se rebeló desde Andalucía, exigiendo la derogación íntegra. Ahora, Pedro Sánchez, en su segunda fase evolutiva, ha levantado la voz contra el documento de la Gestora. En su manifiesto Por una nueva socialdemocracia apuesta sin matices por la derogación. Sin matices y sin profundidad.

El enfrentamiento léxico se ha viciado hasta tal punto que resulta difícil identificar a qué se refieren los socialistas cuando hablan de derogación. Miguel Ángel Rodríguez-Piñero, experto en Derecho Laboral y expresidente del Tribunal Constitucional durante parte del Gobierno de Felipe González, analiza el uso del término: “La derogación se ha planteado de una manera muy simbólica y eso ha mitificado la reforma como origen de todo lo malo que ha pasado”. En esta situación, a nivel de la narrativa política, no caben las medias tintas: “O te la cargas de principio a fin o nada”, interpreta Rodríguez-Piñero, “y el PSOE, después de haber apoyado al PP, está intentando legitimarse con el tema de la reforma”.

En consecuencia, los socialistas tratan de cuidar las posibilidades estéticas de este combate y abanderan iniciativas más vistosas que efectivas como la proposición no de ley del pasado diciembre que instaba al Ejecutivo a fusilar la norma. La iniciativa salió adelante, pero sólo sirvió para desempolvar la bandera y tratar de levantar la moral de la tropa. El PSOE de aquellos días recordaba a un batallón desmovilizado después de un armisticio: desorientación, espera sin objeto, cansancio, tristeza.

La contundencia de Susana Díaz el pasado domingo casi daba para imaginarse temblando a los populares y a los jefazos de la patronal. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores del PP continúa intacto

La contundencia de Susana Díaz el pasado domingo casi daba para imaginarse temblando a los populares y a los jefazos de la patronal. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores del PP continúa intacto y las iniciativas emprendidas, a juicio de los expertos, apenas amenazan el poder acaparado por los empresarios por encima de los trabajadores y de los sindicatos.

El portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, afirma categóricamente que, “desde luego”, el proceso de derogación avanza: “La reforma laboral no está configurada por una sola norma, sino por decenas de ellas, y estamos firmemente decididos a derogarlas”. Se trata de la opción del parcheado. Ellos, asegura el diputado, se habían decantado por la creación de un nuevo Estatuto y para eso propusieron la creación de una subcomisión con ese fin, “pero PP y Ciudadanos, que tienen mayoría en la mesa, pactaron que la primera subcomisión debía dedicarse a los autónomos”. Tanto en la legislatura fallida como en la actual, el grupo socialista rechazó la posibilidad de desalojar la mayoría conservadora de la Mesa del Congreso, lo cual, hoy día, dificulta enormemente que se abran subcomisiones con un perfil progresista marcado.

“Mientras tanto, no nos vamos a quedar parados, iremos trabajando en varios artículos que hay que cambiar”. Durante la entrevista, Simancas  pone como ejemplo, sobre todo, la proposición de ley presentada en diciembre para remediar que la subcontratación se utilice como una vía de explotación. Esta enmienda obligaría a los subcontratistas a mantener el convenio de la empresa principal, que suele ser menos perjudicial para el trabajador.

Simancas  pone como ejemplo, sobre todo, la proposición de ley presentada en diciembre para remediar que la subcontratación se utilice como una vía de explotación

Además, incluye dentro de esta lucha contra la legislación de 2012 la actualización del salario mínimo y la iniciativa popular para el establecimiento de un ingreso mínimo en el ámbito de la protección de la Seguridad Social. El vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis opina que estas medidas pueden ser buenas, pero considera “un exceso” señalarlas como parte de la derogación.

El diputado socialista explica que cuentan con grupos de trabajo estudiando “modificaciones muy importantes para recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales sobre las empresas; mitigar la capacidad unilateral de los empresarios para descolgarse del convenio; recuperar la ultraactividad de los mismos y el equilibrio entre trabajadores y empresarios a la hora de llevar a cabo modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo”.

Resulta difícil que el sistema de derogación ley por ley introduzca en el medio plazo mejoras sustanciales para los trabajadores. Ocurre, sobre todo, por la dimensión de la ley del PP. “Fue una reforma muy extrema, llegó hasta el final en todo: en despido, en contratos, en negociación colectiva”, explica el experto Rodríguez-Piñero. Introducir parches puede limitar un poco los poderes exacerbados de los empresarios, pero no cambia un escenario que se inclina, dramáticamente, en perjuicio del trabajador.

Resulta difícil que el sistema de derogación ley por ley introduzca en el medio plazo mejoras sustanciales para los trabajadores. Ocurre, sobre todo, por la dimensión de la ley del PP

Antonio González insiste en la necesidad de contemplar el mercado laboral en su globalidad. Se queja de la falta de concreción del PSOE en lo tocante a la liberalización del despido que firmó Rajoy. En este aspecto, el portavoz socialista asegura que quieren recuperar la causalidad “tanto en los contratos como en los despidos”, pero que “la capacidad de la Comisión de Empleo es limitada”.

Para Economistas sin Fronteras, “es uno de los temas que siempre ha provocado desconfianza con respecto a las propuestas socialistas”. Las condiciones del despido afectan a todo el sistema, incluso a los convenios colectivos: “Si el empresario tiene en sus manos herramientas para despedir unilateralmente y más barato, la debilidad de negociación es muy grande, al final los convenios dependen de cómo reaccionen los trabajadores de la empresa”, lamenta González.

El 23 de octubre, en el famoso Comité Federal, el PSOE no sólo decidió dar el poder a Mariano Rajoy, también perfiló una estrategia en la que asumía, en una carambola lógica, la minoría del PP como una victoria propia: sería el gobierno del Parlamento y, en consecuencia, la obra de los conservadores resultaría fácil de neutralizar. Casi cinco meses después, la reforma laboral sigue intacta, y no cambiará en el medio plazo.