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En el Congreso de los Diputados se escenificó una de las sospechas que nunca ha dejado de trabar el funcionamiento del Estado: la ausencia de independencia del Poder Judicial. El Fiscal General del Estado, José Manuel de la Maza se sentó frente a los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia. Según sus palabras, llegaba herido e indignado por quienes lo culpaban de seguir órdenes del Gobierno. Pero De la Maza tolera bien la estupefacción, en ningún momento de su intervención exudó un ápice de intranquilidad, quizás porque, como coincidieron todos los portavoces de la oposición al finalizar, no se empeñó demasiado en desarticular la ola de acusaciones que había emponzoñado la imagen de la Fiscalía en los últimos días.  

En la pared del fondo, los padres de la constitución vigilaban desde unos retratos que, si se juntaran, conformarían la reproducción exacta de la portada de un disco de un grupo de tenores de esos a los que la fama les precede desde antes de que los conozca nadie. El símbolo de la inauguración del poder democrático de un país presidiendo el cuestionamiento de las instituciones. Varios partidos sacaron estadísticas del recelo de la ciudadanía con respecto a la justicia y destacaron que, por muy bien encofrado que esté el edificio nacional, al final, es un intangible, la confianza, la que puede sostenerlo o desmoronarlo. Pero eso fue después de que José Manuel de la Maza sorprendiera a todos leyendo un cursillo acelerado sobre las normativas y los estatutos de la Fiscalía.

En su primer turno de palabra no tocó las sombras que se le cernían. Por un lado, el supuesto relevo de fiscales con motivación ideológica o política, más concretamente el de Manuel López Bernal, responsable de abrir la investigación contra el presidente de Murcia (que además se enteró antes de lo debido de los movimientos judiciales que le acechaban). Por otra parte, la oposición también esperaba su comparecencia para pedir explicaciones por las presiones sobre ciertos fiscales de anticorrupción. En la memoria de los diputados gravitaba también la noticia que indicaba que Consuelo Madrigal, su antecesora, fue sustituida por no aceptar el cambio de fiscales sugerido por el Gobierno.

Y De la Maza, ante ese recetario de dudas, dio una clase técnica. Los papeles son la fortaleza del poder. Cuando los cargos públicos acusados de corrupción se sientan ante un tribunal, se refugian en los reglamentos; los citan como evidencia de que no pudieron incurrir en delitos porque no gozaban de atribuciones para cometerlos: “Yo soy yo y mis competencias”. Como si no fuera, justamente, esa vulneración del texto lo que se les reprocha. Ese camino táctico fue el que enfiló el Fiscal General del Estado. “Las fiscalías deben poner en contacto con el fiscal las investigaciones de personas aforadas”, y niqueló el cóctel con el hecho de que “en el ordenamiento español, el Fiscal General puede dar órdenes negativas si considera que procede”. Es la forma, dijo, de mitigar la posible arbitrariedad o la influencia de elementos externos.  No especificó a qué elementos se refería. Prefirió insinuarlo, dibujar al enemigo bosquejo a bosquejo: sus quejas contra la falta de “rigor” de la prensa aumentaron en intensidad a lo largo de la mañana.

el Fiscal General puede dar órdenes negativas si considera que procede. Es la forma, dijo, de mitigar la posible arbitrariedad o la influencia de elementos externos. 

Juan Carlos Campo Moreno, del PSOE, encendió el micro con enojo: “La imagen de la justicia como elemento confiable se nos desvanece”. El socialista dio voz rápidamente a la Unión Progresista de Fiscales y clamó que los últimos cambios suponían un “retroceso” y abundaban en la línea de deconstruir el Estado de Derecho. Temió que las palabras bajo manga de Fernández Díaz cuando conspiraba contra los soberanistas catalanes (“esto la Fiscalía te lo afina”) se estuvieran convirtiendo en los usos y costumbres de la justicia. Después pronunció palabras como “estupor” y “decepción”, lo hizo con un rubor que luego se le subió más cuando, ya al final, César Luena se le acercó y le comentó algo que lo hizo reír con gusto.

José Manuel Villegas, de Ciudadanos, tampoco tragó. Con un tono monocorde dijo al compareciente que la ciudadanía creía que era más un Fiscal General en representación del Gobierno que uno que velaba por la defensa de los ciudadanos. Pese a su hablar despersonalizado, casi tecnócrata, no renunció a ejecutar un alarde discursivo: “Le dimos el beneficio de la duda y usted ha despejado el beneficio y sólo ha quedado la duda”.

El testigo del juego metafórico lo tomó con mucho gusto Irene Montero, de Unidos Podemos. Lamentó el riesgo para la democracia que implicaba la existencia de una “mafia del canapé”. Se refería a los actos sociales “banales” (cócteles, cenas…) en los que, supuestamente, personalidades de poder (Gobierno, Justicia y empresarios) acuerdan y toman decisiones que afectan a una población que apenas come canapés. Una alusión al mandar masticando que ha dibujado la historia de este país desde el pacto del mantel. Mencionó varias veces la expresión y, como muchas veces que habla la cúpula de Podemos, se dispararon los radares anti eslóganes en parte de la prensa.

Montero introdujo el problema de la limitación del tiempo de instrucción de causas a seis meses y enumeró las decenas de meses que habían dado lugar a macrojuicios de corrupción como la Gürtel.

De la Maza, que parpadeaba abundantemente y se tapaba la boca mientras Margarita Robles, presidenta de la Comisión, lo miraba de reojo, se defendió en dos fases. Primero con la intervención de la diputada del Partido Popular María Jesús Moro, y después, con la suya propia. Moro interpeló a Montero: ¿Sabe a qué me recuerda lo de la “mafia del canapé”? “A lo del contubernio judeo-masónico”. Montero rió muy ostensiblemente porque no le hacía ninguna gracia. La popular criticó que las “declaraciones exorbitantes y disparatadas” de los grupos políticos (sobre todo miraba al socialista, por aquello del hábito) habían inyectado un estado de alarma en la población. Después, sin dudarlo, se zambulló en la era Trump y abofeteó a los medios de comunicación por usar el sustantivo “purga” para calificar los movimientos de la Fiscalía. “Ejemplos de purga los tenemos recientes en los grupos de esta cámara”, y de paso acusó a los socialistas de tratar de llenar espacios mediáticos para tapar su crisis de liderazgo. Los diputados populares se divertían y golpeaban las mesas.

Mientras sea Fiscal General no permitiré que a ningún ciudadano español se le siga un procedimiento si yo no veo que hay indicios, y me da igual que se piensa que hay implicaciones políticas, proclamó de la Maza

De la Maza cogió el testigo de su defensa a la diputada pepera y sentenció que no había recibido órdenes de ningún tipo. Luego habló de las adscripciones y militancias del cuerpo de fiscales. Según él, eran datos objetivos que evidenciaban que no existía ninguna decantación ideológica en el nuevo reparto de puestos. De alguna manera, parecía dar soporte numérico y sosegado a lo que María Jesús Moro había dejado caer: que más que sesgo político, existe una guerra de guerrillas entre familias dentro del ministerio público.

“Mientras sea Fiscal General”, proclamó, “no permitiré que a ningún ciudadano español se le siga un procedimiento si yo no veo que hay indicios, y me da igual que se piensa que hay implicaciones políticas”. En esa misma veta del rigor en la defensa del inocente, injertó después su apoyo a la limitación del tiempo de instrucción de causas. “Da garantías a los ciudadanos”, opinó, “los fiscales deben tener los medios para culminar esos plazos”. Sin embargo, a las pocas frases asumió, sin percatarse, la inutilidad de estos intervalos tan estrechos: la lentitud de la justicia “es estructural”. De la Maza concluyó con cierta satisfacción y quiso mandar un recado, a sus némesis de estos días: “Van a tener problemas en algún periódico para sacar titulares”.