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2017 arranca con un retroceso fatídico. Dieciséis mujeres asesinadas por las garras de la violencia machista, aunque los datos oficiales, actualizados a 22 de febrero, hablan de quince: Valencia, Gandía, Badajoz, Barcelona… El peor inicio de año desde 2008. Una cada 80 horas. Mientras caen las víctimas, ocho mujeres en huelga de hambre enferman en la Puerta del Sol y exigen soluciones. A pocos metros, en el Congreso de los Diputados, algo se mueve: una subcomisión, a puerta cerrada, camina hacia la creación de un pacto de Estado contra la violencia de género.

A pesar del sonido solemne de la fórmula ‘pacto de Estado’, en la calle hay más escepticismo que esperanza: llega tarde (una cada 80 horas) y, para más desconfianza, el gobierno del que finalmente dependerá la aplicación de los acuerdos tiene en su currículo haber neutralizado parte de la efectividad de la ley de 2004: la dotación pasó de los 34,3 millones de 2010 a 25,2 en 2016.

Ante ese riesgo, Ángeles Álvarez, portavoz socialista de Igualdad, recuerda que el texto de origen de la subcomisión establece unos plazos para acometer las reformas legales que resulten del informe: “Vamos a ser exigentes”. Según el documento, además, se creará una comisión de seguimiento.

De momento, las sesiones de trabajo se dedican a escuchar a los expertos. Más de 60 comparecientes analizarán todas las aristas de la violencia contra la mujer. Hasta ahora, las sesiones, según cuentan, discurren en un ambiente de voluntad de consenso.

El trabajo parte del Convenio de Estambul (el acuerdo del Consejo de Europa para combatir la violencia contra las mujeres adoptado en 2011). En sus primeros días, la subcomisión ha dado pasos que amplían el abanico de lo que se considera violencia derivada del machismo y que, en principio, debería recibir un tratamiento especial: violencia sexual, prostitución,  ataques contra el colectivo LGTBI, trata, matrimonios forzosos o mutilaciones genitales o formas de agresión a través de redes sociales, medios de comunicación y publicidad.

En sus primeros días, la subcomisión ha dado pasos que amplían el abanico de lo que se considera violencia derivada del machismo

Sin embargo, aceptar la existencia de distintos tipos de violencia no significa que el futuro pacto vaya a decidir adaptar el código penal y, por ejemplo, que las agresiones sexuales se consideren violencia machista con todas las consecuencias. De momento, la subcomisión se encuentra en una fase propicia para los gestos y las declaraciones de intenciones.  

No obstante, la representante en el órgano de En Marea, Ángela Rodríguez, opina que “cuando haya que plantear partidas y presupuestos se verán mayores discrepancias”. Rodríguez cree que, a pesar de que el pacto de Estado ayudará a marcar los mínimos que deben cumplirse contra esta lacra, puede ser colateralmente una “forma de dilatar la cuestión, para que durante un tiempo estemos debatiendo sobre el pacto y no viendo qué partidas presupuestarias hay que hacer más grandes”.

El Congreso quiere implicar a todas las instituciones españolas. Mientras tanto, la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG), es decir, el paso previo, aún no ha alcanzado gran parte de las expectativas que planteaba hace más de 10 años. Miren Ortubay, doctora en Derecho Penal y especialista en violencia de género, ha analizado la situación real en la que ha quedado la LIVG. “La ley supuso un avance muy importante. Había que darse cuenta de que esto es un problema estructural y por lo tanto las soluciones tienen que ser también de fondo, de cambio cultural y mentalidad; la ley hablaba de prevención a través de la educación y los medios, pero luego, lo poco que se desarrolló se cortó con la crisis, se dejó de hacer campañas y de dar formación específica a los profesionales que intervienen en el proceso. Se ha abandonado el largo plazo”. Y ha quedado en pie, sobre todo, el esqueleto penal.

La Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) aún no ha alcanzado gran parte de las expectativas que planteaba hace más de 10 años

La limitación a la vía penal, el hecho de que el sistema sólo se ponga en marcha después de una denuncia en gran parte de los casos, la necesidad de justificar una acusación de delito y la carencia de formación específica de los agentes que intervienen provoca un calvario para la víctima: “Se lo hacen pasar mal, no las creen, piden pruebas imposibles y una coherencia en el relato que es imposible porque nadie puede dar detalles de algo que ha vivido con angustia: el número de bofetadas, si sucedió en el pasillo o en la cocina…”, lamenta Ortubay.

“La ley de 2004 creó toda una infraestructura sobre cuatro ejes: prevención, seguridad, justicia y reparación. La prevención se paró en seco con la llegada del PP”, explica Ángeles Álvarez, representante del Grupo Socialista en la subcomisión. Álvarez ve fundamental formar a todos los niveles a las personas que intervienen en el vía crucis de las víctimas. “Uno de nuestros objetivos en el pacto es modificar el sistema de especialización de jueces, queremos un modelo similar al juzgado de menores. No vale darles un texto o un curso online, suponer que los leen y no evaluarlos después”, critica.

“A cualquier nivel [policía, medicina, tribunales] hay que tener especialización de género”, conviene Ángela Rodríguez. Los médicos son un agente clave en la detección de posibles víctimas, igual que las oficinas de asistencia a mujeres de los ayuntamientos. De estas últimas, según 20 minutos, se han cerrado nueve de cada diez. Aquí recalaban las víctimas que no se atreven a denunciar.

ha sido un error garrafal animar a las mujeres a denunciar sin estar preparadas para ello, hay que darles apoyo previo para que sepan qué va a pasar al día siguiente de la denuncia

La experta Miren Ortubay, ante estas dificultades, afirma que “ha sido un error garrafal animar a las mujeres a denunciar sin estar preparadas para ello, hay que darles apoyo previo para que sepan qué va a pasar al día siguiente de la denuncia: la peligrosidad aumenta, no pueden seguir viviendo igual; por eso, antes de la denuncia hay que facilitarles refuerzos de todo tipo, psicológicos, económicos, sociológicos”. La consecuencia es dramática, lamenta Ortubay: al final, se retiran las denuncias por miedo y éstas pasan a inflar el mito de las denuncias falsas y, de paso, fortalecen ese ojo de sospecha que sigue aplicándose a las víctimas por parte de la sociedad. Las ponencias de las expertas abundan en la necesidad de asistencia y acompañamiento. En esta línea, en 2012, un estudio del Instituto Andaluz de la Mujer reportó que el 51,5% de las mujeres que no recibió apoyo psicológico durante su trayectoria judicial abandonó el proceso.

Tal vez, de haber dotado de los recursos presupuestarios necesarios a la ley de 2004 para que desarrollara todos sus tentáculos, no estaríamos ante un comienzo de año tan trágico. Ese olor a papel mojado da razones para la sospecha. Hace falta dinero, un blindaje presupuestario para que las herramientas resultantes de este proceso no se inutilicen con la excusa de otra crisis. “El pacto es un all-in”, resume Ángela Rodríguez. “No puede reducirse al final a un documento de recomendaciones, debe aportar un marco legislativo, un manual de instrucciones para tomar decisiones que el gobierno debe seguir”. Ahora, para construir el relato de los incumplimientos del Ejecutivo, hay que revisar cada una de las partidas presupuestarias de cada ámbito. El pacto permitirá, al menos, dejar todo “perfectamente señalizado” para vigilar las tentativas de recortes.