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En junio de 2016 se difundieron unas grabaciones que removieron las placas tectónicas del Estado de Derecho. En ellas se oía al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso conspirando en las semanas previas al 9-N (2014) para investigar y filtrar información que golpeara a los políticos soberanistas. La opinión pública convulsionó. A pesar de la gravedad de las palabras que se escuchaban en los audios tras un velo de clandestinidad, la gente lo creyó al instante. Los archivos revelaban que el cieno de las cloacas del Estado seguía hirviendo a fuego vivo. Daniel de Alfonso fue reprobado por la asamblea catalana y forzado a dimitir. En esos días, primero discretamente y luego con más ahínco, deslizó que reuniones del estilo de la mantenida con el ministro se habían producido también con todos los partidos políticos. Insinuó que él solo no iba a comerse el marrón y que tiraría de la manta. Por aquel tiempo, De Alfonso se reveló a la mirada de todos como un hombre duro con los bolsillos desbordándose de información comprometida: un hombre que callaba de momento y paseaba un gesto de silencio frágil, a punto de romperse. El pasado 5 de abril aterrizó en el Parlamento para responder a la comisión de investigación sobre el uso partidista del ministerio del Interior. Fernández Díaz tendría que intervenir después, y en manos del primero estaba que el exministro saliera entero del asalto.  

Cuando Daniel de Alfonso irrumpió en la Sala Cánovas del Congreso se proyectaba sobre él la sombra de haber sido uno de esos ases en la manga del poder. Los presentes contemplaban todos sus movimientos a través de ese filtro. Era una mina a punto de estallar bajo los pies de los partidos políticos de Cataluña. Surgió entre las cámaras como un tipo compacto y de barba disciplinada. Después de tantos datos y tantas especulaciones sobre él, era como ver a una parodia de Lavrenti Beria en color, saludando al presidente y a los vocales de la comisión, sonriendo, o poco después, y lo más increíble: Lavrenti Beria sentándose en un banco al fondo de la sala, recostándose, posando, galanteando ante las cámaras. Uno sólo desafía con los ojos cuando esconde una navaja debajo de la chaqueta.

De Alfonso y Fernández Díaz trataron de hacer pasar aquellas dos reuniones como normales y lógicas. Sin embargo, la normalidad desapareció de un plumazo cuando ambos negaron haber convocado el encuentro

Sin embargo, De Alfonso prefirió callar. “El ruido no hace bien ni el bien hace ruido”, recitó al inicio, y usó después la frase para justificar que, al final, no hubiera ningún tirón de manta. Xavier Domènech, en su turno de intervención se mostró perplejo: le sorprendió que comparara las negligencias y las informaciones oscuras que afectaban a algunos políticos con el ruido. No es mover ruido, dijo el de En Comú, es su obligación. Pero él calló y se limitó a repetir, de tanto en tanto, que se llevaba muy bien con líderes de partidos políticos de todos los colores. Contó que con el Conseller de Interior de la Generalitat se llegaba a reunir hasta tres veces al día y no sólo en su despacho, también en cafeterías. Incluso habló de llamadas urgentes a las 11 de la noche para verse precipitadamente.

De Alfonso presumió de que acudía voluntariamente a declarar porque no estaba obligado (aunque Mikel Legarda, presidente del órgano, le recordó que el artículo 76.2 de la Constitución le obligaba). Destacó su ánimo de colaborar, pero acto seguido avisó de que no iba a responder a ninguna cuestión sobre el contenido de las grabaciones, que eran el objeto de la comisión. O sea, que fue a la comisión a sentarse y poco más. Aseguró que no había escuchado todos los archivos por higiene mental. Se quejó de la “ilegalidad” de las grabaciones y negó que probaran nada. Así se abrió a sí mismo la veda de las lagunas de memoria selectivas. No se acordaba de muchos detalles comprometidos, pero sí de que pidió agua y no café en la reunión con el ministro.

Preguntado por sus ofrecimientos de colaboración a Díaz en las grabaciones (“yo soy español por encima de todo”, “considérame como el cabo de tu cuerpo nacional”), el exjefe de la OAC se justificó: eran estrategias para obtener la confianza del ministro. Confesó que solía adaptar su discurso al color de los líderes con que se reunía con el objetivo de seducirlos y pescar información que le ayudara a cazar corruptos.  

Tanto De Alfonso como Fernández Díaz trataron de hacer pasar aquellas dos reuniones como normales y lógicas entre cargos de su categoría. Sin embargo, la normalidad desapareció de un plumazo cuando ambos negaron haber convocado el encuentro. Un nombre, Fuentes Gago, miembro de la cúpula policial del PP, sonó como intermediario. Pero nadie había dado la orden al mediador para mover ficha. La reunión, por tanto, se convocó sola. Y, además, para mantener la textura paranormal que tienen todos los movimientos de las películas de espionaje, el paso del director de la OAC por las estancias de Interior no quedó registrado en ninguna parte.

Durante las casi cinco horas de sesión afloraron alusiones a los comisarios Villarejo, Martín Blas o a Eugenio Pino. Sonaban sus nombres como retortijones del Estado: se oían de tanto en tanto en la sala como una demostración de que hay algo descompuesto en Interior, pero resultaban imposibles de detectar o localizar. Según dijo Gabriel Rufián, PP y PSOE han bloqueado la posibilidad de que comparecieran los protagonistas policiales del caso. De este modo, la comisión de investigación acusa una cojera difícil de subsanar.

Fernández Díaz inició su intervención identificándose como una víctima: “Se ha investigado a las víctimas y nadie se ha interesado por los autores intelectuales y materiales de esto”. Perjudicar el resultado electoral del PP fue “la única conspiración”. Acto seguido advirtió de que se había sentado precedente en el Congreso para que, desde ahora, se pueda investigar a la gente a partir de grabaciones “ilegales”. “Nadie está a salvo”.

El exministro centró sus iras en el hecho de que se difundieran las cintas justo antes de las elecciones. Para él, el caso se cerraba en el sacrilegio de la difusión; pero era el contenido de los audios lo que se investiga. Para esquivar ese frente se sumó a la doctrina Gürtel y cuestionó la integridad de las grabaciones, que, por otra parte, tampoco había escuchado. “Están manipuladas”, sentenció antes de lanzar el órdago de pedir un informe pericial: “Y si tengo razón que me pidan perdón públicamente”. Se encorajinó en muchos momentos, sobre todo, cuando se mencionó aquello de “les hemos destrozado el sistema sanitario”. Según ambos comparecientes, aquello no se refería a la sanidad en sí, sino a la corrupción dentro de la sanidad.

Al final de la sesión, no quedó claro quién había grabado las reuniones. El sentido común, meditó Díaz, le impedía culpar a De Alfonso. “Tengo la idea de quién las ha grabado. En una conversación personal lo comentaría, pero no tengo pruebas para darlas en una comisión parlamentaria”, terció.

En los términos en que se desarrolló cuesta encontrar utilidad a la comisión de investigación. Díaz demostró un buen juego de cadera. Se indignó mucho para esquivar algunas preguntas y trató de ensanchar todo aquello que pudiera parecer una brecha en la acusación. Los diputados mencionaban pruebas, los comparecientes las negaban y referían otras. La comisión de investigación estuvo bien como lo que no debiera ser: un pleno parlamentario caldeado.