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“En España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un poder judicial fuerte, moderno y eficaz. Sólo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia”. Esta dura sentencia lleva la firma de los decanos judiciales de las 50 capitales de provincia españolas, que representan  a los más de 2.000 responsables de tribunales unipersonales del país y que también sostienen que, pese a los escasos apoyos de los otros dos poderes --ejecutivo y legislativo--, “la Justicia está funcionando, muchas veces con lentitud, pero funcionando”.

Ponen como ejemplo el “firme compromiso en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la corrupción, la violencia de género, la avalancha de demandas sobre productos financieros o la protección del consumidor y el control de las cláusulas abusivas”, pero reclaman herramientas para desarrollar su trabajo. “Estamos preparados para afrontar estos retos, sin duda”, señalan las conclusiones de las jornadas que celebraron la semana pasada en Málaga, en las que piden “la colaboración de los restantes poderes del Estado, que son los que gestionan el presupuesto y proporcionan los medios e instrumentos legales que necesitamos para nuestro trabajo”.

Los jueces, partidarios de un poder judicial ideal --independiente, operativo para el ciudadano y eficaz contra la corrupción--, aluden a ese pacto estatal por la Justicia que reclaman las principales asociaciones judiciales y al que, con la boca pequeña, se refieren en ocasiones los dirigentes políticos.

Indultos, aforamientos y plazos

Los aforamientos y los indultos son dos de las trabas que el sistema pone para combatir la corrupción

En este sentido, ponen sobre la mesa una batería de medidas en las que ocupa un lugar especial la lucha contra la corrupción y dos de las trabas que el sistema pone para combatirla: los aforamientos, que “complican, dilatan y perjudican notablemente la tramitación de las causas”, además de evidenciar una “desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la ley, lo que no tiene sentido en pleno siglo XXI”, y los indultos, una figura “obsoleta, regulada en una ley de 1870”, en la que “no basta con excluir determinados delitos” porque “seguirá siendo una excepción a la independencia judicial”. A ellas se suma otra como la reciente reforma procesal que limita a 18 meses el plazo para instruir causas complejas, de la que hacen “un juicio muy negativo” porque aumentará “el riesgo de cerrar en falso de investigaciones penales que no han podido concluirse debidamente”. “No por introducir en una ley una limitación temporal los procedimientos van a ganar en rapidez ni en calidad de la investigación”, anotan.

Las reclamaciones de los magistrados, que recuerdan la necesidad de “poner en marcha y a pleno rendimiento cuanto antes la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos” que el Gobierno anunció hace ya un año, ponen de manifiesto una serie de carencias susceptibles de provocar sonrojo en una democracia avanzada, como la ausencia de tribunales especializados en materia de corrupción en el ámbito provincial, la falta de “un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados” y de otro centrado en la informática, la inexistencia de “equipos de investigación integrados por expertos en materia económica o financiera desde el inicio de las investigaciones” que trabajen de manera coordinada con las fuerzas de seguridad y, también, la escasa y “manifiestamente insuficiente” dotación de la Policía Judicial especializada en la investigación de delitos complejos, junto con “su regulación como auténtica policía judicial”.

Esta última es una reivindicación histórica de la judicatura, que considera “imprescindible que los jueces y fiscales cuenten con directos colaboradores policiales a sus órdenes directas” cuya configuración “impida que puedan ser removidos de su cargo hasta que finalice la instrucción, salvo autorización del juez instructor (o fiscal), y siempre con los medios adecuados y más avanzados”. “No debe olvidarse –recuerdan-- que hoy por hoy la policía depende orgánicamente del poder ejecutivo”.

Penas íntegras si no devuelven el botín

La batería de propuestas incluye reformas legales de calado que afectan a todos los implicados en asuntos de corrupción

La batería de propuestas incluye también reformas legales de calado que afectan a todos los implicados en asuntos de corrupción: limitar o prohibir la posibilidad de que las penas por corrupción sean suspendidas sin “la devolución de las sumas recibidas, malversadas o apropiadas”; potenciar con reducciones de condenas “la figura del denunciante confidencial, o del arrepentido”, y, paralelamente, mejorar la protección de los testigos para erradicar la “injusta e impresentable situación de acoso constante” que en ocasiones sufren, lo que “redundará en beneficio del afloramiento de casos de corrupción e incentivará su denuncia”.

La experiencia les lleva a plantear la posibilidad de que los delitos de corrupción no puedan ser enjuiciados por un jurado popular, a sugerir una reflexión sobre la personación de los partidos políticos como acusación popular “para evitar un mal uso” de esa figura y a proponer la creación de “una modalidad de delito cualificado de obstrucción a la Justicia para el caso de falta de colaboración con la Justicia y en especial cuando en el curso de una investigación no se remita al juez la documentación requerida o se remita incompleta bajo excusas o subterfugios”, medida a la que añaden “la agravación del delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario público cuando se dan circunstancias de especial gravedad”.

No obstante, las reclamaciones de los decanos no se quedan en ese plano. Insisten en abogar por la despolitización de la carrera con la supresión de los nombramientos gubernamentales y legislativos de magistrados –el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa se inclinan por que sean los jueces quienes elijan a los miembros de sus órganos de gobierno-- y en pedir la agilización del sistema judicial mediante las inversiones y reformas pendientes desde hace décadas: cumplir la ratio europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes requiere casi duplicar la plantilla, de 5.500 a 9.600 jueces.

Las puertas giratorias de la judicatura

Y, en algo que supone una novedad en las reivindicaciones de la carrera judicial, llaman la atención sobre la falta de regulación de las puertas giratorias en su ámbito, en el que, hoy por hoy, son posibles los episodios de ida y vuelta a la política de un día para otro. “El trasiego de los jueces de la judicatura a la política y viceversa, aunque poco frecuente, provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad” del colectivo, señalan los decanos, que proponen “limitar estos viajes de ida y vuelta, con la oportuna reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Su documento no pone sobre la mesa medidas concretas, aunque el debate sobre las puertas giratorias en la cumbre de Málaga incluyó algunas como establecer un periodo de barbecho de varios años antes del reingreso en la judicatura, vetar que impartan justicia en los partidos judiciales sobre los que tuvieron jurisdicción política y, también, eliminar el privilegio por el que, al contrario de lo que ocurre en las excedencias laborales, los años de tarea legislativa y gubernamental computen como antigüedad en la judicial.

En su posición pesan ejemplos como la reciente elección por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), previo examen y en competencia con otros aspirantes, del magistrado de la Audiencia tinerfeña Arcadio Díaz, exsenador canario del  PSOE (2004-2008 y 2011-2016), para coordinar el Plan de Acción Judicial del Consejo de Europa, cuya lista de tareas incluye, entre otras, supervisar la independencia y la imparcialidad de los jueces en los 47 países integrados en el organismo.

Las designaciones de Arcadio Díaz y Juan Alberto Belloch son dos claros casos de puertas giratorias

Esa designación resulta, a los ojos de muchos de sus compañeros de la judicatura, como un síntoma --“señal o indicio de que algo está sucediendo o va a suceder”-- de la peculiar regulación --¿desregulación?-- de las puertas giratorias en la carrera judicial, de la que supone otro ejemplo reciente el del exministro y exsenador del PSOE Juan Alberto Belloch.

Este regresó hace unos meses a la judicatura, de la que había salido en 1993 tras su fichaje por Felipe González para el cambio del cambio, en una plaza de magistrado de Audiencia en Zaragoza, ciudad de la que fue alcalde durante doce años y concejal cuatro más. Fue ascendiendo en el escalafón durante las más de dos décadas que dedicó a la política, que computan como antigüedad en la carrera judicial. Esa es una de las circunstancias que dan tranquilidad laboral a otros como Luis Villares, fallido candidato de En Marea a presidir la Xunta de Galicia, sabedor de que cuando deje su actual empleo le espera un puesto del mismo nivel que dejó. O superior, que ahí está el caso de Andrés Ollero: sin ser juez, aunque sí jurista, y tras 17 años como diputado de Coalición Popular y del PP, llegó al Constitucional, donde le tocó dictaminar –lo hizo favorablemente-- sobre la legalidad de la medalla al mérito policial que el ministro Jorge Fernández Díaz –compañero de grupo parlamentario durante 14 de esos años-- le puso a la virgen.