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Dos enormes burbujas se van inflando a uno y otro lado del Ebro. Dentro de cada una de las burbujas hay confort y autocomplacencia. Allá se esgrime la democracia, como si pudiera haber democracia sin ley; acá se habla de ley, como si la ley no fuera el resultado de una decisión política.  Hay una autoalimentacion constante de argumentos y convicciones a uno y otro lado de una línea cada vez más gruesa. Nos damos continuamente la razón por separado y no acabamos de atrevernos a discutir unos con otros a cara de perro (es decir, lealmente, porque nada hay más leal que exponerse a una confrontación de argumentos sin burladeros). ¿Para qué hacerlo, si unos y otros tienen la impresión de ir ganando volumen, protegidos por esa incomunicación confortable? Hace falta un punzón que pinche esas burbujas. Hace falta un puente. Y no, por favor, esto no es buenismo. No es una tópica invocación a un diálogo blando de quien no sabe lo que piensa. Hablo de pinchar burbujas. Si alguien cree que estar dispuestos a discutir a fondo es buenismo, es que tiene un grave problema mental de infantilismo, que es la enfermedad de los hoolligans. 

En las asambleas de Facultad me irritaban quienes tenían prisa y, a los diez minutos, pedían la palabra para decir que todo estaba claro y lo que había que hacer era “votar ya”: generalmente ya habían contado, y sabían que ganaban. También me irritaban quienes no paraban de plantear “cuestiones de orden” porque habían contado y sabían que iban a perder si se llegaba al final. Aquí está ocurriendo lo mismo: prisas por votar, frente a cuestiones de orden. El caso es que no llega a entablarse una conversación de calidad que permita de una vez una competencia de argumentos. Hay que someter a crítica los lemas de barricada que se esgrimen los actores principales, y para ello es importante que hablen sin pedir permiso y sin miedo a ser anatemizadas las fuerzas políticas capaces de salir de la famosa dinámica del choque de trenes, que en realidad es un choque de burbujas. Ahí están los Comunes, el PSC (ojalá que también el PSOE), Podemos, Compromís, el PNV: ellos también son España, y no tienen por qué resignarse a ser espectadores del choque ni a exhibir tímidamente sus enmiendas: referéndum pero no, declaración de Granada, profundizar el autogobierno… Todas las propuestas, las maximalistas y las complejas, deberían entrar con decisión en el terreno de juego y abandonar la protección del vestuario, donde cada grupo se conjura en su fe.  Y sin miedos electorales: a la larga, tanto los votantes de Girona como los de Albacete quizás premiasen a quienes se esfuercen en pinchar las burbujas y desenmascarar a las posiciones maximalistas que se sienten bien dentro del laberinto. Quién sabe. Hace falta audacia.

Los votantes de Girona como los de Albacete quizás premiasen a quienes se esfuercen en pinchar las burbujas y desenmascarar a las posiciones maximalistas

Del lado de allá.

Preguntaron a Junqueras en un programa de radio (creo que Onda Cero) si “su” referéndum no suponía una transgresión del Estado de Derecho, al proponerse aún después de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional. Su respuesta fue la menos inteligente de toda la entrevista. Dijo que “la democracia nunca puede ser ilegal”. Esa afirmación es un disparate y encierra al independentismo en un laberinto sin salida.

Supongamos que en el Ayuntamiento de Tossa de Mar una mayoría de grupos municipales consideran que la legalidad urbanística de la Generalitat está frenando las potencialidades económicas y turísticas de la ciudad e impidiendo el modelo de ciudad que los habitantes de Tossa mayoritariamente quieren. Se abre, entonces, el debate sobre si tiene sentido que la competencia en materia de urbanismo la ostente la Comunidad Autónoma en vez de la ciudad. Finalmente, someten a consulta de los censados en Tossa de Mar si aprueban o no un plan urbanístico que ha sido rechazado por la Consejería por no respetar la legalidad urbanística; en la consulta se vota mayoritariamente a favor del plan, y el Ayuntamiento comienza a dar licencias con arreglo al mismo. En un programa de radio preguntan al alcalde si no cree estar vulnerando la legalidad, y el alcalde contesta que está cumpliendo un mandato democrático, y que por tanto no puede ser ilegal. ¿Es, o no es un disparate ese “por tanto”?

Cualquier otro ejemplo valdría tanto como este para comprender que no sólo es posible que decisiones mayoritarias puedan ser ilegales, sino que más bien la democracia necesita estructuralmente una ley (o una constitución) que reparta cartas y atribuya poderes, es decir, que determine algo tan elemental como quién es competente para decidir qué. Por tanto, también para delimitar sobre qué no se puede decidir por mayoría: los alumnos matriculados en un curso no pueden decidir por mayoría sobre las asignaturas a cursar; los ciudadanos de un municipio no pueden decidir sobre cómo pagan el IRPF; una mayoría absoluta del Congreso no puede decidir el restablecimiento de la pena de muerte sin suprimir la prohibición constitucional de la misma; y los miembros de una Comunidad Autónoma no pueden decidir sobre la frontera de España.

Esto puede parecer demasiado obvio, y podría objetarse que hay aspiraciones populares que, cuando no encuentran cauce para convertirse en propuesta, deben abrirse camino de forma disruptiva. No tendría argumentos contra esta tesis: el independentismo catalán (como el corso o el de Lombardía) puede sostener que no hay ningún cauce real dentro de la ley para conseguir democráticamente un objetivo político legítimo, y puede decidir estrellarse contra el marco legal y constitucional para romperlo. La historia muestra no pocos ejemplos de cambios provocados por la vía de hecho: revoluciones, golpes de Estado, proclamaciones tumultuarias. ¿Es eso lo que han decidido los líderes del independentismo? Sería, desde luego, una apuesta arriesgada, porque sin duda supone una desconexión del Estado de Derecho, una expulsión del árbitro y un borrado de las líneas del campo de juego, y eso tiene consecuencias desastrosas, mucho peores que la frustración de una parte de la sociedad catalana de no poder constituirse en Estado. Por eso acompañan su discurso rupturista de justificaciones legales confusas y retorcidas: pero eso es hacer trampas. Utilizar el instrumento de la ley autonómica para obtener la independencia es un fraude. Si se trata de ley, hay que someterse a ella para cambiarla; si se trata de vía de hecho, hágase con todas las consecuencias.

Hay algo que no debe dejar de recordarse. Los partidos catalanes que llevaron en su programa la independencia de Cataluña (Junts pel sí y CUP) y que ahora pretenden aprobar, al parecer, una ley de desconexión, no alcanzaron la mayoría del voto popular. La traducción en escaños de los votos obtenidos por circunscripciones sí les ha dado mayoría absoluta de diputados, pero esa mayoría sólo lo es por virtud de una Ley Electoral aprobada en un marco estatutario y constitucional determinado. No vale, pues, atribuirse una legitimidad democrática para decidir la desconexión cuando la mayoría se tiene no por los votos, sino por un marco legal del que pretenden desconectar.  Ninguna razón habría entonces para que los ciudadanos o los ayuntamientos de Tarragona tuvieran que respetar la ley que emane del Parlamento catalán si éste autodecide cuáles van a ser las reglas del juego al margen de la ley que lo crea y lo regula. Este es el enorme talón de Aquiles del independentismo, y lo saben. No hay que dejar de repetirlo.

Del lado de acá.

En el otro lado, algunos parecen encantados. Su respuesta al reto soberanista tiene sólo tres letras: “ley”. Una buena parte de los medios se pasa el día hablando del artículo 155 de la Constitución y de la suspensión de las instituciones de autogobierno en Cataluña a modo de exhibición de fuerza y escarmiento. A veces Rajoy añade algunas letras más, y dice que ni aunque quisiera podría negociar nada que vaya contra la ley. Eso es correcto cuando de lo que se habla es de desconexión, o de un referéndum vinculante de independencia convocado unilateralmente por la Generalitat (lo que fue declarado inconstitucionial por el árbitro, es decir, por el Tribunal Constitucional),  pero no tanto para explorar otras fórmulas que, primero, reconozcan el conflicto, y, segundo, hagan posible una legítima pretensión de una inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas (según su composición parlamentaria actual) y de ciudadanos catalanes (según sondeos): una consulta pactada sobre cuál sería su preferencia sobre el modo de pertenecer (o no) a España. Es cierto que esa consulta no podría ser vinculante, porque la relación entre Estado y (actuales) Comunidades Autónomas no puede ser decidida unilateralmente para cada parte según la Constitución vigente. Pero si las cosas se hacen bien, tendríamos un retrato de calidad sobre la voluntad popular que habría de ser considerada sin duda al acometer (o no) una posible reforma constitucional.

Ninguna sentencia del TC se opone a un pacto político por virtud del cual se convocase, en toda España, un referéndum consultivo

Eso sí es negociable, y habría muchas fórmulas para conseguirlo, que pincharían las insoportables burbujas que no están dejando espacio para mejores soluciones. Piénsese, por ejemplo, que ningún precepto legal ni constitucional y ninguna sentencia del Tribunal Constitucional se opone a un pacto político por virtud del cual se convocase, en toda España, un referéndum consultivo sobre diversas alternativas de la relación entre Cataluña y España; y piénsese que ese referéndum nacional sería también un referéndum en Cataluña, y la respuesta que se dé allí puede ser considerada como expresión cabal de lo que quieren los catalanes, por lo que, aunque no sea inmediatamente vinculante, sí conseguiríamos saber algo importante, que es si la sociedad catalana tiene de verdad una voluntad política de independencia, o si la tiene más mayoritariamente de una configuración constitucional diferente a la actual. ¿Qué tiene eso de inconstitucional? ¿No sería un ejercicio de buena política el preguntar (en Cataluña y en toda España) si queremos o no afrontar ya una reforma constitucional del Estado de las autonomías? ¿No es ya imprescindible hacernos esa pregunta de una vez? ¿Es que sólo tiene sentido preguntar cuando se sabe que la respuesta va a ser la que nos interesa?

Son tiempos de audacia y de ambición política, también en el lado de acá. Mi aplauso, desde luego, iría para quienes, liberados de miedos electoralistas, se propusieran el objetivo de avanzar hacia una España más atractiva, con todas sus naciones (o nacionalidades, que en el siglo XXI es lo mismo sólo que con más letras) dentro, capaz de más distinciones y diferencias que las que permite el Estado de las autonomías: una España pactada incesantemente entre quienes la perciben de modo diferente, que deje al mismo nivel la nación castellana (con sus regiones) de otras nacion(alidad)es no menos españolas. Muchos objetarán que de nada serviría, porque del lado de allá ya están determinados al “todo” y no se conformarían con soluciones intermedias: no lo creo, y bueno sería salir de esa duda. Pero aunque así fuera, tampoco estaría seguro de que del lado de acá estemos satisfechos con el “nada” ni con una España que, aferrada a la respuesta de hace cuarenta años casi exactos, no se atreve a hacerse de nuevo la pregunta, invocando sólo “cuestiones de orden” por miedo a que no le guste la nueva respuesta. Los catalanes son españoles, y es bueno procurar no sólo que lo sigan siendo, sino que quieran seguir siéndolo.