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Edgar Vinyals tiene diagnosticada bipolaridad. Una noche, este integrador social descolgó el teléfono para pedir ayuda. Al otro lado, su terapeuta le recomendaba ingresar voluntariamente en Psiquiatría. Él, resignado, acudió por voluntad propia a las urgencias del Hospital de Sant Pau, en Barcelona. Allí, al tiempo que sucedía la entrevista previa al traslado a planta, pudo ver, a través del ventanuco de la puerta, a su mujer embarazada de tres meses en la sala de espera. Quiso salir a abrazarla, a disculparse por el desagradable momento, pero los profesionales lo impidieron. Aquella negativa que hoy considera arbitraria le enfadó. La psiquiatra de guardia abandonó en silencio el despacho para dar paso al personal de seguridad. Siete corpulentos hombres se ajustaban los guantes sin perder de vista a Vinyals, que siempre pacífico paseaba por la estancia para calmar sus ánimos. “Esto no acabará hasta que me atéis, ¿verdad?”. Después, se tumbó y las cinchas prietas rodearon su cuerpo estirado en la cama.

Durante la noche no le desataron para beber agua, no le desataron para ir al baño. Cuando lo solicitó, obtuvo neuroléptico vía intravenosa. “Tomé conciencia de que estaba siendo secuestrado”, afirma. El mes pasado, de viva voz en el Parlament de Catalunya, Vinyals reclamó una legislación para eliminar las contenciones antes de 2025. La sociedad de usuarios que preside –Federación Veus– ya había firmado, en junio de 2016, junto a la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), un manifiesto por el fin de las medidas coercitivas en la salud mental. Unidos Podemos traslada al Congreso esta problemática registrando una proposición no de ley para limitar el uso de las correas. Según el norteamericano Centro Nacional para la Información Biotecnológica, en Europa, el 79% de los pacientes contenidos dentro de alguna Unidad de Cuidados Intensivos refirió efectos postraumáticos.

La contención –atar al usuario por sus muñecas, tobillos y tórax en la cama– es un ejercicio concebido para evitar autolesiones o el daño a terceros, como explica Mikel Munarriz, psiquiatra y presidente de la AEN. “La mayor parte de las veces podría evitarse”, añade. Pero la realidad es que se utiliza, aunque no se sepa cuánto. Su aplicación queda reflejada en el historial del usuario, con carácter privado, y no existe un recuento público. Las distintas unidades tampoco tienen la obligación de comunicar, a la consejería de sanidad correspondiente, su utilización. Todo ello a pesar del daño físico y psicológico que esta experiencia puede causar. 

“Con más recursos se ataría menos”, subraya Munarriz, convencido de que la falta de medios tiene mucho que ver en esto: “No se trata de que haya profesionales sádicos”. Como señala, las limitaciones de la sanidad pública dificultan abordar estas situaciones con métodos menos drásticos. La contención verbal o las llamadas habitaciones confortables –espacios habilitados para la calma, como el del Hospital Santa Lucía, en Murcia– constituyen una alternativa para atenuar las crisis, pero requieren de inversión en formación e infraestructura. Además, esas soluciones necesitan tiempo, un bien escaso cuando el personal es reducido. “Cada vez hay más sensibilidad, pero es necesario visibilizar que esta práctica vulnera los derechos humanos”, defiende, “porque los profesionales podemos tender a normalizarlo, a hacer callo”.

En su informe de 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Mendez, recomendaba la prohibición de los métodos de inmovilización o medicación forzosa en instituciones psiquiátricas.  En aquel texto, el jurista argentino negaba cualquier “justificación terapéutica” para estas prácticas, consideradas una forma de malos tratos encubierta bajo “la doctrina de la necesidad médica”. Fue el mismo año en que el Servicio Madrileño de Salud publicaba sus indicaciones para la sujeción. Ante la falta de un protocolo único o de carta legal, el dossier insta simplemente a respetar los procedimientos de cada hospital y presenta la contención como una “posible medida incluida en el plan terapéutico del paciente”. 

“Se evitará en los protocolos la utilización de denominaciones tales como contención mecánica o similares, las cuales solamente hacen referencia a su aspecto coercitivo”, reza, irónicamente, la circular regional con instrucciones para profesionales madrileños. Cuesta imaginar qué otra dimensión podría tener atar a alguien. “Necesitamos otra forma de entender la enfermedad mental. Tenemos un modelo excesivamente biomédico, demasiado basado en el diagnóstico. Como si el profesional fuese dueño de la verdad absoluta, que debe inculcar en su paciente. Ahí se crean sutiles formas de poder que facilitan la violencia”, declara Munarriz. El vacío en la legislación española, tanto general como sanitaria, deja indefenso al paciente: no hay ninguna referencia jurídica a la aplicación de medidas forzosas durante el ingreso.

En Islandia y Reino Unido el objetivo de contenciones cero se ha llevado a cabo a través de la prohibición total. En Ticino, Suiza, entre 2010 y 2015 se eliminaron por completo mediante un planeamiento integral que aumentaba la ratio de profesionales por usuario e implementó programas educativos para médicos y enfermeros. A través de su proposición no de ley, inspirada en la experiencia de aquel cantón verde, Unidos Podemos insta al Gobierno a coordinarse con las comunidades autónomas –competentes en materia sanitaria– para registrar el uso de las sujeciones, rediseñar los espacios hospitalarios, aumentar las plantillas para evitar sujeciones y desarrollar un plan formativo que las sortee. El texto aún está pendiente de debate en el Congreso.

“El solo hecho de que las contenciones efectuadas tengan que ser comunicadas a la administración, puede tener un efecto disuasorio”, sugiere Munarriz. Voces como la del fiscal Fernando Santos Urbaneja, apuntan a que toda medida contra la voluntad del paciente, incluyendo la contención de movimientos, deba ser autorizada judicialmente. Estas intervenciones coactivas se han visto notablemente disminuidas en el mallorquín Hospital de Inca, donde la planta de psiquiatría adoptó una política de puertas abiertas, para dar libertad de movimiento a las personas ingresadas, generando un ambiente menos opresivo. “En nuestro territorio se están produciendo distintas iniciativas que, poco a poco, pueden ir generalizándose”, agrega Munarriz 

Pero hay prisa. En lo que va de año, se han filtrado dos muertes –en A Coruña y Oviedo– ocasionadas durante la inmovilización mecánica. En estos casos, la causa de fallecimiento suele ser una parada cardiorrespiratoria, tras efecto de las correas oprimiendo el pecho. “El hospital suele alegar que existía una cardiopatía previa a la inmovilización, lo cual no resta gravedad al asunto: ¿por qué atas a alguien con problemas de salud?”, comenta Ana Carralero, enfermera, profesora en la Universidad de Alcalá de Henares y activista. “Al inscribirse de esa forma en el parte, no es sencillo saber quién ha muerto contenido”. En los dos casos se abrió una investigación interna sin resultado alguno. “Una de las primeras cosas que aprendes como residente es a contener”, asegura. “Hace falta una instrucción distinta. Nadie te explica que las vulneraciones de derechos humanos repercuten en la salud mental de la gente”.

El paso al frente de las personas con dolor psíquico también resulta decisivo. La Federación Veus trabaja directamente con la Comisión de Seguridad del Paciente de la Generalitat para eliminar la contención mecánica. Vinyals quiere que el sistema público de salud mental facilite los ingresos domiciliarios cuando se demanden, que las unidades psiquiátricas cuenten con usuarios y exusuarios de cara a la valoración y revisión de la práctica hospitalaria. “Y harán falta nuevos espacios, tendremos que levantar edificios con menos muros, que podamos hacer propios”, dice. “Antes, en la escuela infantil, sujetaban a los niños con correas a la hora de comer. Seguramente, aquellos educadores eran incapaces de imaginar a los chavales comiendo de otro modo. Todo es cuestión de tiempo.”