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El pasado 28 de junio se celebraba el último pleno del Ayuntamiento de Madrid. El pleno es una institución singular. Es como un parlamento pero con menor capacidad de decisión. En nuestra democracia municipal (que no lo es, salvo en ayuntamientos muy pequeños), todas las decisiones fundamentales pasan por la figura de la alcaldía, no por el pleno, que se vuelve escenificación pública de disensos y desencuentros, pero poco más. Nuestro régimen local apuntala así el presidencialismo municipal y, quizás con él, toda la opacidad y la falta de control que caracteriza a los ayuntamientos españoles.

En nuestra democracia municipal, todas las decisiones fundamentales pasan por la figura de la alcaldía, no por el pleno, que se vuelve escenificación pública de disensos y desencuentros, pero poco más

Sea como sea, este miércoles, como todas las últimas semanas del mes, tenía lugar en Madrid la última de esas asambleas más declarativas que democráticas. Dos votaciones resultan relevantes de la posición y contradicciones del gobierno de Ahora Madrid. La primera, que pasó (solo casi) inadvertida, tenía que ver con una operación urbanística sobre el espacio que ahora ocupan las cocheras del metro en Cuatro Caminos. Allí una financiera con nombre de “cooperativa” se ha propuesto construir casi medio millar de pisos bien para gente bien. El único problema es que este es el solar de las viejas cocheras del metro. Apenas conocido, este edificio bien podría pasar por una joya del escasísimo patrimonio industrial de Madrid y una increíble oportunidad para construir un centro dotacional en un distrito lleno de carencias públicas. Un estorbo, en cualquier caso, para los requerimientos de edificabilidad de los “cooperativistas”. Y por tanto, un estorbo para el proyecto que se aprobó el pasado miércoles. La votación resulta reveladora: PP, Ciudadanos y Ahora Madrid a favor, PSOE abstención y solo dos votos en contra (Pablo Carmona y Rommy Arce) en un punto que era una obligación del programa de Ahora Madrid: la preservación del patrimonio. Triste sentido del voto que se suma a la demolición parcial del convento de las Damas Apostólicas, ordenado por otros promotores, más agudos, que aprovecharon los retrasos en la actualización del inventario patrimonial del Ayuntamiento de Madrid.

La otra votación importante la conocemos bien gracias a los informativos monocolor de Telemadrid y La 1. Se trata de la reprobación de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, con el voto unánime de PP, Ciudadanos y PSOE. Su presunto delito: malversación de fondos públicos, por valor de 50.000 euros destinados a pagar informes jurídicos y económicos sobre el contrato relativo al Open de Tenis de Madrid. La querella contra estos concejales fue dada a conocer por un simpático personaje, el nuevo portavoz del PP, que parece recién salido de un colegio de jesuitas, José Luis Martínez-Almeida. Recuerden, seguimos en la era de los apellidos compuestos. Aka “Pepelu” (*no es broma, así se le conoce en el Ayuntamiento), el mismo que recorre la Comunidad de Madrid en una furgoneta Mercedes, bajo el lema “Hablamos”, explicaba con gracejo que la “externalización de servicios” era malversación y que, de acuerdo con el código ético de Ahora Madrid, los concejales debían dimitir. Curiosa denuncia para los mayores especialistas en externalizaciones.

El asunto no debería pasar a mayores. Casi seguro, la votación se olvidará. Los concejales se mantendrán en el cargo. Y la querella, cortina de humo de las millonarias transferencias de Madrid Destino, quedará en los anaqueles de la enorme capacidad de innovación y sorpresa que tiene el underground de las derechas madrileñas. Todo en calma, si no fuera porque quizás en este caso, como ya en otros, la situación no se deja explicar poniendo a un lado la voluntad de cambio de los de Ahora Madrid y al otro a los corruptos del PP. Entender lo que pasa en este Ayuntamiento requiere seguramente de algo más de profundidad.

Con un presupuesto de 80 millones de euros anuales, Madrid Destino es un producto made in PP, esto es, un chiringuito hecho a medida de los altos cargos y funcionarios beneficiados por el partido

¿Se acuerdan de la auditoría de la deuda, proyecto estrella de los ayuntamientos del cambio y por el que íbamos a conocer todo el caudal de malversación y expolio público de los gobiernos PP-PSOE? Pues bien, el motivo de la querella no era sino un capítulo modesto de lo que podía llegar a ser esta promesa. Ante la negativa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a investigar el caso de las transferencias por parte de Madrid Destino a la empresa Madrid Trophy Promotion SL (MTP), que gestiona el Open de Tenis, el área de Cultura contrató en 2015 un par de informes externos; los mismos que hoy sirven de base a la querella. En estos informes se descubría (¡tchan, tchan!) que el Ayuntamiento, por medio de su empresa Madrid Destino, estaba poniendo en manos de la gestora  del Open de Tenis una cantidad que en el periodo 2011-2014 superó los diez millones de euros anuales y que en 2017 acumulaba ya 74,4 millones.

En virtud del contrato vigente con MTP, en 2021 se habrá traspasado la notable cantidad de 136 millones de euros: más o menos lo que costaría realizar reformas estructurales de la mitad de los colegios públicos de la ciudad o duplicar la red municipal de guarderías infantiles. Como se puede adivinar, en otras ciudades, este tipo de encuentros deportivos o bien no tienen cargo sobre el erario público, o son una fuente de ingresos. Para que se entienda bien, la empresa en cuestión recibe una cantidad directa y otra en concepto de cesión de las instalaciones de Caja Mágica (con su propio y particular historial de “sobrecostes”). Luego esta empresa vende los palcos a razón de hasta sesenta y pico mil euros a todos aquellos que quieran disfrutar del evento. El negocio es redondo. No hay pérdidas.

El caso Open apunta a la trama de turbios negocios del PP municipal, y empuja la caída de notables personalidades de la cultura y la política madrileñas. También obliga a la necesaria reforma de la principal empresa municipal responsable de este tinglado, Madrid Destino, encargada de la promoción del turismo y la “cultura en Madrid”. Con un presupuesto de 80 millones de euros anuales, Madrid Destino es un producto made in PP, esto es, un chiringuito hecho a medida de los altos cargos y funcionarios beneficiados por el partido. Obviamente, los servicios jurídicos heredados del anterior ayuntamiento no iban a promover una auditoría contra sus propios intereses.  

Y es justamente aquí donde empiezan las contradicciones. El 13 de marzo, la consejera delegada de este ente municipal, Ana Varela; la concejal de Cultura de la que depende Madrid Destino, Celia Mayer, y el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, interponen una denuncia sobre el caso de Madrid Destino y las irregularidades financieras de estas concesiones en el periodo del PP. La alcaldesa, aparentemente ofendida por el desconocimiento de la denuncia, destituye posteriormente a Ana Varela, retira a Celia Mayer de la Concejalía de Cultura y a Sánchez Mato de todo control sobre Madrid Destino. Las razones no son claras. Más allá del desaire, parece claro que en las destituciones interviene el “sobrinísimo”, el alcalde en la sombra, Luis Cueto. Este acumula buena parte de las funciones de la alcaldía, y se ha convertido en la mayor garantía de la continuidad institucional (léase económica y empresarial) entre los gobiernos del PP y de Ahora Madrid.

La revuelta interna de los concejales díscolos, que iba a destapar un escándalo seguro, se salda con un ejercicio de autoridad por parte de la alcaldesa. Pero también con curiosos pagos compensatorios. La cesada concejala de Cultura, triste protagonista de las principales batallas culturales que han sacudido al Ayuntamiento (titiriteros, memoria histórica, trajes de Reyes Magos), recibe una nueva área bautizada “de Igualdad”. Sin presupuesto, sin apenas competencias, el área es sin duda una plataforma inmejorable de lavado de imagen. El mucho más problemático Sánchez Mato, que en 2019 podría haberse convertido en un buen alcaldable crítico, disipa toda esperanza en este sentido. Casi obligado, pide perdón (“a su alcaldesa”) por no consultar la demanda; a cambio, y de momento, parece conservar la Concejalía de Hacienda. Desde entonces la paz vuelve a Cibeles, mientras “su alcaldesa dice” y “su alcaldesa ordena”.

El resultado de esta crisis es claro. El próximo año 2018, y siempre según los informes que hoy son motivo de demanda judicial, el Ayuntamiento de Madrid cederá nada menos que 15,3 millones de euros a la empresa que gestiona el Open de Tenis. To be continued... No lo duden.

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Fe de errores: en la primera versión del artículo, se decía "Pepito".