Es miércoles. La crisis comenzó el viernes. Seis días son suficientes para no tener que repetir los pormenores del caso. El juez Ismael Moreno ha actuado de forma desproporcionada y motivado por intereses políticos antes que como profesional de la justicia. Dos artistas callejeros han pasado cinco días en prisión por una acusación más propia del Tribunal de Orden Público franquista que de un tribunal democrático. Ni “Gora Alka ETA”, ni espectáculo “para todos los públicos”; no hay matices en lo que es un claro caso de atentado contra la libertad de expresión. Punto.

Lo que sí merece un análisis en detalle es el baile político de estos días. Hay quien no gusta de las metáforas atmosféricas, pero a veces resultan útiles. Como en la “tormenta perfecta”, se puede decir que la crisis de los titiriteros ha resultado de la superposición de dos ciclones, de dos poderosas borrascas. Un ciclón es una depresión atmosférica, un “vacío relativo de aire”, una ausencia de materia casi incorpórea que produce vientos huracanados que rotan sobre su propio centro. En términos políticos, un ciclón es ensimismamiento, vacío, agitación violenta sobre sí mismo, ausencia relativa de esa materia prima de la política que es la inteligencia colectiva.

De una parte, la perturbación más comentada: la derecha se ha pasado de frenada. Desde hace meses, viene encontrando en el gobierno de Ahora Madrid un actor débil y dispuesto a ceder ante cualquier “escándalo cultural”. Miren la lista: caso Zapata, caso topless anticlerical, caso recentísimo de la placa de los Carmelitas y ahora el caso de las marionetas de Carnaval. Sumados todos, y ante un gobierno dispuesto no habría más escándalo que el de un par de tertulias en 13TV y cuatro artículos en La Razón, OKDiario y Libertad Digital. Pero en este caso se le ha ido de las manos. Lo que parecía una victoria fácil dirigida a cobrarse al segundo titular de la concejalía de Cultura ha acabado por tener la trayectoria de un bumerán.

Los neocons han planteado el modus operandi de siempre. Han localizado un objetivo menor y han tratado de convertirlo en una gran demostración del “verdadero rostro moral del gobierno”; en este caso, unos trapitos que se daban de golpes en un escenario y que, parece ser, disponían de unos cientos de euros de presupuesto público. Una chorrada, pero que debía valer para demostrar la “maldad” de los chicos del Ayuntamiento. No obstante, la operación incurrió en dos gigantescos errores de cálculo.

El primero estuvo en la motivación: ésta no tenía un cariz ofensivo, sino defensivo, casi desesperado, y dentro de un marco mucho mayor que el del municipio de Madrid. Se trataba de despejar la situación de las sombras que enturbiaban los pactos de Estado y el horizonte de una repetición de las elecciones. Se trataba de desviar la atención mediática puesta en los 24 últimos detenidos en la Comunidad Valenciana, y que suman ya más de 100 altos cargos de responsabilidad institucional, sólo en esta autonomía. La operación también le venía de perlas a nuestra “marquesa antisistema”, Esperanza Aguirre, que andaba en preparativos para declarar sobre la Púnica y que todavía ayer martes decía contenta: “Me he apostado 5 euros a que el jueves dimite la concejala de Cultura”.

El segundo error es todavía más grave. Y es que para dar fuerza a la maniobra de distracción se decidió llevar a la Audiencia Nacional a dos “teatreros”, sin duda unos amateurs en comparación con los que les han invitado a pasar casi una semana en prisión. Quizás no haga falta insistir en que considero “probable” la conexión política-periodística del juez. Pero lo que demuestra el solipsismo de la derecha neocon —artífice del montaje— es que no contara que, tras el 15M, llevar a dos chavales a la Audiencia Nacional y “enchironarles” por manipular “textiles” puede acelerar, y mucho, el envejecimiento celular. En poco menos de 24 horas, la trama política-judicial se ha visto en claro retroceso en una batalla que políticamente consideraba ganada. Desgraciadamente para ellos, los tiempos en los que “todo es ETA” han pasado a la historia.

De otro lado, y en el hemisferio inverso, otra espiral de autismo y ensimismamiento se vio retroalimentada por una tendencia similar a la reacción automática. La secuencia se puede explicar como una serie de errores en cadena, dominados todos ellos por esa “cosa” llamada miedo y antes conocida como “prudencia”. Tras varias horas de silencio, la concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid “reacciona”. Pero en lugar de enterarse (¡por fin!) de qué iba la obra y preparar unos cuantos argumentos para neutralizar la operación mediática, deciden esconderse y entonar un santurrón mea culpa: una nota de retractación, otra denuncia “con el fin de aclarar los hechos” —no se sabe a cuento de qué la justicia tiene que investigar un contrato público— y algo particularmente corriente y mezquino en la política institucional: en vez de dar la cara, concejala y alcaldesa echan el balón hacia abajo y destituyen a los “directores artísticos”.

Ni siquiera, tras el fin de semana, cuando los chicos habían pasado dos noches en Soto del Real y cuando la campaña por su libertad empezaba a tener repercusión internacional, el Ayuntamiento es capaz de decir nada digno. En la rueda de prensa del lunes, la alcaldesa, ovacionada en los Goya, sale como a quitar hierro al “asunto”, siendo el “asunto” tanto el carácter de la obra como el encausamiento de los dos chavales. Ya se sabe, eso no compete al municipio sino a los jueces.

Pero la ristra de silencios y “declaraciones tácticas” no acaba aquí. Aunque hay manifestaciones de indignación que provienen de los “críticos” —particular denominación presente en todo aparato oligárquico que no acaba de domesticar a todos sus miembros— de Podemos y de Ahora Madrid, la llamada nueva política se destaca principalmente por su tibieza. Algunos reconocidos estrategas de Podemos callan o hablan de —léase sin atragantarse— la irresponsabilidad estratégica de los titiriteros. Se están negociando “cosas importantes”, dicen. En al aire se olfatea ese tufo que algunos llaman “sentido de Estado”, “responsabilidad institucional” o “gran política”. Sólo los más hábiles, entre ellos Pablo Iglesias, son capaces de tomarle el pulso a la situación; pero quizás demasiado tarde y con poca decisión. Se ha perdido una oportunidad valiosa.

En 1895, un capitán de artillería judío fue acusado de espionaje por parte de algunos de sus camaradas de armas en el Ejército francés. El caso se convirtió en el hecho político más importante de la III República. El  affaire Dreyfus se inició como una cruzada moral que, cabalgando el antisemitismo de buena parte de la sociedad francesa, trataba de inclinar la República hacia el lado más autoritario. La reacción de intelectuales como Zola, la vitalidad del debate público y la activación de la emergente socialdemocracia salvaron las libertades republicanas. Puede que Francia salvara, por los pelos, el fascismo de los años treinta del siglo XX, por primera vez en aquellos últimos del siglo XIX.

Volviendo a nuestro caso, en estos cinco días hemos tenido la oportunidad de organizar un pequeño Dreyfus a la derecha popular. Los planetas parecían alineados: la reacción excesiva y desesperada de una derecha herida, un caso claro de liberticidio, una enérgica respuesta de la ciudadanía activa que proviene del 15M y una atmósfera de debate público bien engrasada. Lo único que ha fallado (¿qué curioso?) ha sido la “nueva política”. Su enfermedad se llama “responsabilidad institucional”, o simplemente, instinto de conservación. Se trata de un mal de difícil curación. Afortunadamente parece que existe un remedio externo: una notable fuerza social capaz de vencer la inercia autoperpetuante de sus representantes (nuevos o viejos). Esperemos que esta última siga tan activa como estos días.