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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a afear al Gobierno su falta de implicación en la habilitación de recursos públicos para enfrentar el yihadismo. La Memoria de 2016, conocida este martes 5 de septiembre, vuelve a llamar la atención sobre la falta de medios del sistema judicial y la carencia de fiscales especializados para coordinar las investigaciones, cuya dotación, “absolutamente necesaria” y reclamada con insistencia, “no se ha producido en los últimos años pese a las reiteradas manifestaciones públicas en este sentido”. “Esperemos que dichos deseos a lo largo del año judicial que tenemos abierto se conviertan en realidad”, anota.

No es esa la única llamada de atención a la esfera política de la seguridad ciudadana que incluye el documento. Hay otra que gana acidez al conocerse, sabiendo que estaba escrita antes de que ocurrieran los ataques en Cataluña, cuando todavía no han transcurrido tres semanas desde los atentados de Las Ramblas y Cambrils y desde que los operativos policiales y de emergencia comenzaran a proyectar densas sombras acerca de su coordinación: “Un terrorismo global, como es el yihadista, requiere de grandes dosis de cooperación internacional, pero al tiempo se muestra con características autóctonas que hacen de él un terrorismo local; ello requiere de un trabajo coordinado entre el servicio de inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza)”.

Simple y llano. Se trata de una amenaza que combina lo global con lo local y cuya respuesta policial requiere, a criterio de los fiscales, la implicación de todos los actores de ese segundo plano, también de las policías autonómicas, cuya inclusión entre las fuerzas de seguridad del Estado supone, más que un desliz, llamar por su nombre al resultado de unas cesiones de competencias cuya gestión pone los pelos de punta desde hace semanas a los ciudadanos que las pagan.

“Los ataques terroristas del 11-M deben estar siempre presentes –señala el ministerio público--: en primer lugar por las víctimas, pero también porque las circunstancias que concurrieron para que pudiesen ser ideados, preparados y ejecutados no vuelvan a producirse”. Se refiere al plano securitario. El abordaje de las causas sociales, que subyacen en atentados como los del 11-M y Las Ramblas, requiere en realidad un trabajo de largo recorrido y sin réditos electorales, solo viable con un prolegómeno analítico y sosegado, que hasta la fecha ninguna Administración ha mostrado interés en iniciar.

“Tuvieron que pasar muchos años”

Las investigaciones sobre el yihadismo comenzaron a crecer en España en 2014, tras aumentar “exponencialmente” el riesgo de atentados en suelo europeo a partir de junio de ese año con la irrupción de Daesh y la proclamación del Califato Universal por su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Y siguen haciéndolo, con un incremento el año pasado del 69% en las pesquisas que realiza la Audiencia Nacional. El curso anterior ya se habían duplicado. Suponen actualmente más del 40% de las indagaciones (el 22% en 2015). La fiscalía de esta institución es la única de las especiales que “no ha aumentado su plantilla en los últimos años pese al incremento constante del trabajo”, lo que le ha llevado a recuperar fiscales eméritos para afrontar la tarea diaria. Esta, en el apartado del terrorismo de corte islamista, incluyó el año pasado 70 detenidos, 104 presos, 24 condenados en diez de los once juicios celebrados, 173 diligencias previas (por 142 relacionadas con ETA) y 34 de investigación, cuatro de ellas por enaltecimiento. Casi un asunto por día laborable.

“Se trata de investigaciones complejas y de una enorme dificultad técnico-jurídica, por la propia naturaleza de las actividades investigadas”, indica la Memoria. Uno de esos escollos afecta a los medios, ya que las acciones de proselitismo se llevan a cabo principalmente mediante las redes sociales, lo que ha llevado a la Fiscalía a estudiar si se dan las “condiciones para la creación de agentes encubiertos virtuales”. La otra tiene que ver con la financiación de los ataques y el desplazamiento de muyahidines, difíciles de rastrear por su escasa cuantía. “Se han iniciado investigaciones relativas a la financiación de actividades terroristas, si bien es de reseñar que se observa una ‘autofinanciación’ para el traslado a las zonas de conflicto, realizándose el mismo a través de procedimientos rudimentarios y con el movimiento de escasos fondos”.

La Fiscalía admite, y esto la sitúa como una de las primeras instituciones españolas (si no la única hasta la fecha) en hacerlo, que le costó asumir la entidad del Daesh y la efectividad de sus estrategias. “Tuvieron que pasar muchos años hasta que se rompió la inercia de percibir las investigaciones antiyihadistas como ajenas a nuestra seguridad”, señala, hasta que, “de forma dramática, adquirimos conciencia del problema”, lo que, concluye, “nos ha obligado a replantear nuestras prioridades y a reorientar en cierto modo las funciones de investigación criminal”.

La yihad global y sus opositores

“La idea de la ‘yihad global’ se ha materializado”, anota el documento, desde el momento en que “miles de simpatizantes, seguidores, indecisos, curiosos, desesperados, en cualquier rincón del mundo”, abrazan “una ideología patógena que conduce a la violencia y la sinrazón” como “única solución a la injusticia y represión ejercida sobre los musulmanes”. “El terrorismo vuelve a ser y va a continuar siendo en los próximos años (por las características y singularidades que presenta el yihadismo) la parcela más importante de trabajo de la Audiencia Nacional”, pronostica.

Para la Fiscalía, “España continúa siendo uno de los objetivos de las organizaciones yihadistas a nivel global, al igual que gran parte de los países de nuestro entorno”. Y ello a pesar de que la actividad de las células detectadas en el país “han sido principalmente de radicalización, captación, reclutamiento y envío de activistas a zonas de conflicto”, aunque también ha habido casos de apoyo logístico y varios de enaltecimiento y amenazas. “Algunos de los detenidos tenían contacto virtual con combatientes desplazados en Siria y actuaban de forma deslocalizada y autónoma por todo el territorio nacional”, añade, mientras que varios grupos “pretendían captar personas para ser utilizadas en la comisión de acciones terroristas en territorio nacional”.

El informe, que considera “de nivel bajo” la actividad de otros grupos de carácter internacional en España, hace referencia también a la detención de nueve personas relacionadas con el MLKP (Partido Comunista Marxista-Leninista) turco, sospechosos de dedicarse a “la captación de personas con el fin de enviarlas al norte de Siria a luchar contra los yihadistas del Estado Islámico”. Tras la redada, esta organización “difundió un comunicado donde amenazaba de forma explícita y directa intereses españoles”.

Otras organizaciones

El grueso de la otra mitad del trabajo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo lo sigue generando ETA, organización que mantiene desde el 20 de octubre de 2011 un cese de actividad ratificado el año pasado vía comunicado. No obstante, el informe apunta que algunos “sectores disidentes”, como Aurrerantz, Askatasunaren Bidea o el Movimiento por Amnistía y contra la Represión (ATA), han ido “aumentando progresivamente sus manifestaciones públicas críticas” contra esa estrategia “tratando de lograr un mayor respaldo entre la militancia abertzale”. “El denominador común a todos esos sectores disidentes es la reivindicación de la amnistía, sin condiciones, para todos los presos de ETA así como el regreso a casa de los ‘huidos”, señala.

El documento, que anota como esporádicamente se registran acciones enmarcables en la kale borroka, atribuye a “individuos” vinculados a esos sectores disidentes algunas “actuaciones violentas de carácter saboteador, principalmente en el territorio histórico de Vizcaya”, como la quema de un cajero en Amorebieta, de dos camiones en Amurrio y de cuatro furgonetas en Mungia o dos sabotajes ferroviarios en Álava. “La capacidad de movilización mostrada y su peligrosidad no han constituido, por el momento, una amenaza significativa, aunque su evolución y desarrollo debe ser objeto de un adecuado control y seguimiento”.

Paralelamente, considera que el Grapo se halla en “un estado de extrema debilidad” que limita la actividad de sus miembros “al campo del proselitismo y la captación de nuevos militantes”, reactivada con la excarcelación de varios ‘históricos’. “No se dispone de indicios que hagan prever la reactivación a nivel operativo de la organización a corto plazo”, indica la Fiscalía, aunque eso nunca es algo descartable “pese a su situación de debilidad”.

En una situación similar se encuentra Resistencia Galega: “A falta de actividad armada, mantiene su actividad propagandística”. Además el informe atribuye seis acciones a grupos insurreccionistas.