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“Se ha detectado un incremento de los procesos de radicalización en las prisiones, centros de menores y entre miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente en Ceuta y Melilla”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional lanzó en su última memoria, publicada en septiembre de 2016, una inquietante alerta sobre la presencia de yihadistas en las filas del ejército español en los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla, dos de las ciudades, junto con Madrid y Barcelona, en las que mayor actividad desarrollan los reclutadores de muyahidines, los combatientes fundamentalistas islámicos. No era la única nota chocante del documento. Otra señalaba la palabrería con la que las autoridades españolas, más allá de los grandes pactos de Estado, despachan la realidad del yihadismo, que el jueves 17 de agosto, 13 años después de haberlo hecho en los trenes de Madrid, volvió a manifestar su atrocidad en Barcelona y Cambrils.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional definía como “absolutamente necesario” y de “la mayor urgencia” incorporar a su plantilla especialistas en la lucha contra el yihadismo, y recordaba que el Gobierno no había cumplido su promesa, “pese a las continuas y reiteradas manifestaciones públicas de algunos responsables políticos que han vinculado la creación de nuevas plazas en la plantilla orgánica de la Fiscalía con el reforzamiento de la lucha contra el yihadismo. Nada más lejos de la realidad”.

La memoria de los fiscales, cuya próxima edición se conocerá el próximo 5 de septiembre, llamaba la atención sobre el avance del fundamentalismo islámico en España, y recordaba que en 2015 “por primera vez las investigaciones por terrorismo yihadista superan con creces a las iniciadas en relación con la organización terrorista ETA y su entorno”, con un “extraordinario crecimiento” desde la aparición del Daesh en junio de 2014. La actividad contra el yihadismo suponía en septiembre pasado el 22% de los asuntos que tramita la Audiencia Nacional: 179 diligencias abiertas, 94 detenidos en un año y 101 presos. Estos últimos se dividen en 81 preventivos (24 vinculados con Al Qaeda y 57 con el Estado Islámico) y 20 penados, diez de ellos por el 11-M.

Viveros e infiltraciones

La Fiscalía destacaba también el año pasado, basándose en los informes de la Comisaría General de Información, varias líneas de captación y entrenamiento de combatientes del Daesh que entrañaban riesgo de futuros atentados en territorio español.

el ministerio público anotaba que “la principal amenaza proviene de los FTF (foreign-fighters) españoles integrados en el Daesh, que pudieran retornar para llevar a cabo acciones operativas 

Una es el eventual regreso del centenar de muyahidines locales que permanecen en Oriente Medio, donde otros 25 han fallecido (la mayoría en acciones suicidas) y, a cuyo regreso de allí, 20 más han sido encarcelados, y en el desplazamiento de activistas de otro origen. De hecho, el ministerio público anotaba que “la principal amenaza proviene de los FTF (foreign-fighters) españoles integrados en el Daesh, que pudieran retornar para llevar a cabo acciones operativas o que tratan de incitar o contactar con terroristas autónomos e individuos autorradicalizados en suelo español para atentar en nuestro territorio, incluyendo los entornos personales y/o familiares de estos combatientes”.

El segundo vector es local. “La dificultad para incorporarse a las filas yihadistas, ya sea por la actividad contraterrorista o por factores económicos, puede hacer que personas afines al Daesh consideren más factible culminar sus pretensiones yihadistas en nuestro país”, sin viajar al extranjero para recibir instrucción o haciéndolo en desplazamientos de corta duración a zonas no consideradas de conflicto.

En este sentido, el informe advierte de la detección de “muestras de apoyo a los yihadistas que perpetraron los atentados de Francia [en 2015], a través de las redes sociales”, así como de “pintadas en espacios públicos de distintas localidades y comportamientos agresivos contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Y recuerda, “como paradigma de lo anterior”, la desarticulación en febrero de 2016 en Ceuta y Nador de una célula que tenía “la finalidad no sólo de reclutar combatientes para su envío a zona de conflicto, sino de captar adeptos dispuestos a atentar en España y en Marruecos”.

Sistema social y costes

El informe de la Fiscalía, que llama la atención sobre similitudes entre las estrategias (redes sociales y propaganda) y objetivos de Al Qaeda y Daesh (“no es descartable que a medio o largo plazo aúnen esfuerzos frente a lo que ellos consideran el enemigo común”), destaca al mismo tiempo una particularidad sobre este último: le resulta “vital ocupar territorios, aprovechar sus recursos económicos para financiarse, crear estructuras de poder en los lugares donde se asienta y nutrir su ejército con combatientes procedentes de otros países”. Su idea, resalta, incluye crear “las bases sociales y políticas de un auténtico Estado en el que no solamente se combate contra los infieles (una categoría en la que se incluyen cristianos, judíos, quienes profesan una fe diferente e incluso sus propios correligionarios chiitas), sino que también se construye un auténtico tejido social para los combatientes y sus familias cubriendo necesidades básicas como la alimentación, la educación o la asistencia sanitaria”.

No obstante, los escasos datos conocidos de la investigación provisional de los atentados de Barcelona y Cambrils apunta a que esas medidas de protección social no llegan a los muyahidines que operan en Occidente. O, al menos, que eso no ocurrió en el caso de Cataluña: las pesquisas apuntan a que la célula de Ripoll no actuó por dinero, ni para sus miembros ni para sus allegados. “No han cobrado nada”, señalan fuentes policiales. “Ni ellos, ni sus familiares ni otras personas de su entorno”, insisten.

El dinero siempre deja rastro. Y, si llega a terceras personas, a quienes no son autor, instigador, cómplice, cooperador ni encubridor (parejas, padres, hijos y hermanos nunca lo son penalmente, salvo que ayuden al delincuente a beneficiarse económicamente del delito), los convierte en beneficiarios de la fechoría o del crimen a título lucrativo. “Los han investigado de arriba a abajo, y no hay nada”, remarcan esas fuentes.

Las fuerzas de seguridad trabajan sobre la hipótesis de que la cuadrilla de Ripoll era una célula fanatizada de inspiración religiosa cuyos integrantes (al menos la mayoría) no formaban parte de ninguna organización de manera estable y cuya acción no iba aparejada a beneficiarios materiales, más allá de los escasos réditos económicos, como algún gasto menor de manutención, que ellos mismos pudieron haber obtenido durante la preparación de lo que fuera que se estaba gestando en la casa de Alcanar (Tarragona) que saltó por los aires la víspera de los atropellos.

Soldados sin soldada

Ese planteamiento se aleja de las lógicas de una cultura como la occidental, y especialmente de la latina, en la que palabras como “sueldo” y “salario” tienen su origen, precisamente, en la compensación que los soldados recibían por su trabajo, la soldada. Alguien logra que haya quien haga gratis, en términos materiales, tareas militares: quien idea y ordena el ataque consigue antes una identificación sin componente material de quien lo ejecuta.

Eso supone un reto para los responsables de la seguridad ciudadana, que llevan décadas centrando una parte de su trabajo en estrangular las vías de financiación de los grupos terroristas. El dinero, al menos el dinero en grandes cantidades para pagar soldados y armas, ha dejado de ser imprescindible en las acciones del terror global. Global y local, claro.

El dinero, al menos el dinero en grandes cantidades para pagar soldados y armas, ha dejado de ser imprescindible en las acciones del terror global. Global y local, claro

Tanto la Fiscalía como la Comisaría General de Información pusieron sobre la mesa como un riesgo “actual y vigente” hace ya más de un año “la amenaza procedente de Daesh de comisión de nuevas acciones terroristas en distintos países europeos, entre ellos España, a través de combatientes extranjeros retornados, ya desplegados en Europa y de células locales reclutadas por éstos”. En este sentido, relatan “la existencia, dentro de la estructura de Daesh encargada de preparar la comisión de acciones en el exterior, de un grupo llamado “al Andalus”, que tendría como objetivo específico la perpetración de ataques en España”. Sin embargo, esos contactos para reclutar activistas resultan en la práctica imposibles de detectar para la Policía, por la sencilla razón de que se producen en la intimidad, en encuentros personales.

A fecha de hoy, y además de los seis abatidos en Cambrils (Houssaine Abouyaaquoub, Said Aallaa, Mohamed y Omar Hychami y Moussa Oukabir) y Subirats (Younes Abouyaaquoub), las fuerzas de seguridad trabajan sobre la hipótesis de que la célula de Ripoll tuviera otros cuatro miembros (los detenidos en Ripoll Mohamed Aallaa, Sahat El Kharib y Driss Oukabir, más Mohamed Ouli Chemlala, herido en la explosión de Alcanar), a los que se sumarían al menos dos más, ya que las pesquisas apuntan a que bajo los escombros de esa vivienda hay restos de, como poco, un par de cuerpos.

Mezquitas e imanes, comunidades y jeques

Tanto la investigación como los testimonios dados por los miembros de la comunidad islámica de Ripoll a los medios de comunicación apuntan a que los jóvenes (solo dos muertos o detenidos superan los 25 años) fueron captados por el imán Abdelbaki es Satty, de 45 años.

¿Son las mezquitas un lugar de proselitismo del islamismo violento? “Hay imanes de todos los tipos, pero es cierto que algunos ponen el acento en las interpretaciones del Corán que llaman al enfrentamiento y que mantienen planteamientos del siglo XV”, señalan fuentes policiales. Es Satti no formaba, al menos en público, parte de ese grupo.

La mayoría de las mezquitas, como la de Ripoll, acogen a pequeñas comunidades, subsisten mediante colectas y alguna ayuda pública y son gobernadas por sus propios fieles

En cualquier caso, la intensidad y la amplitud del proselitismo siempre depende de quién lo financia. La mayoría de las mezquitas, como la de Ripoll, acogen a pequeñas comunidades, subsisten mediante colectas y alguna ayuda pública y son gobernadas por sus propios fieles, que son los que contratan a sus imanes. Sin embargo, en algunos casos el imán tiene obediencia de quien mantiene y/o ha costeado la apertura del templo, por lo general un jeque (vendría a ser un “señor” territorial o eclesiástico, en términos feudales) más que un país o una organización.

Eso genera a veces situaciones paradójicas. Así, hay constancia, por ejemplo, de vetos a la movilización de muyahidines al comienzo de la guerra de Irak, en 2003, en mezquitas catalanas vinculadas a jeques saudíes, contrarios entonces a facilitar cualquier tipo de apoyo al Baaz de Sadam Husein, que consideraban una amenaza para ellos.

Un escenario inédito

Aquellos equilibrios de Oriente Medio, tras la guerra de Siria y la de Iraq, la descomposición del Estado en Libia y el relevo de Al Qaeda por Daesh como punta de lanza del islamismo armado (milicias de AQMI, Muyao o Al Morabitum alineadas en la segunda se han pasado al primero), están hoy patas arriba. Y las réplicas de esos movimientos, con matanzas de bajo coste, llevan casi tres años sacudiendo Occidente.

“El terrorismo internacional yihadista se ha consolidado como un problema global de dimensiones especialmente graves y alarmantes, constituyendo actualmente la mayor amenaza para la libertad y la seguridad de nuestras democracias”, sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien considera que la evolución de este fenómeno “ha modificado por completo el escenario en el que nos movemos”.

Tampoco es para menos, cuando las experiencias de Barcelona y Cambrils permiten constatar que, en España como en el resto de Europa, alguien que planifica matanzas logra encontrar personas aparentemente dispuestas a ejecutarlas sin dinero de por medio. Sin soldada y, en todo caso, por una expectativa de origen espiritual, de recompensa inmaterial y en diferido: el acceso, tras el Día de la Resurrección, al séptimo nivel de la Yanna, el jardín o paraíso musulmán, en el que los mártires de la yihad podrán disfrutar de todos los placeres materiales y sensoriales de la tierra.