Tribuna
No habrá independencia, o la futilidad de la DUI
Cuando la sociedad está dividida en dos mitades con respecto a la secesión, es prácticamente imposible que cada uno piense que todos los demás van a reconocer como autoridad legítima al nuevo Estado
Ignacio Sánchez-Cuenca 4/10/2017
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Aunque nadie me haya pedido aclaraciones, aquí van: desde 2008 vengo defendiendo la necesidad de resolver una demanda de secesión mediante un referéndum pactado (aquí está la prueba). Creo que es la mejor manera de encauzar el problema desde parámetros democráticos.
Hasta las elecciones catalanas de septiembre de 2015, pensé que los independentistas tenían la razón democrática de su parte. Pedían resolver la cuestión mediante un referéndum y contaban para ello con un apoyo muy mayoritario de la sociedad catalana, pues incluso muchos ciudadanos no independentistas quieren votar para determinar su futuro político.
Si la DUI sólo responde al intento de cohesionar las filas independentistas, las instituciones catalanes saldrán enormemente debilitadas, quemando los recursos políticos que necesita para negociar en algún momento futuro un referéndum pactado
En las elecciones de 2015, que se plantearon como plebiscitarias, las fuerzas pro-independencia alcanzaron una exigua mayoría absoluta en el Parlament, pero en votos se quedaron muy lejos de poder representar ni siquiera a la mitad de Cataluña. Por eso, cuando anunciaron el programa de desconexión de España que culminaría con unas elecciones constituyentes y la ratificación de la nueva Constitución de Cataluña mediante referéndum, me pareció que perdían la legitimidad democrática que habían tenido hasta ese momento. Su mayoría no era suficiente para dar un paso como aquel.
Desde entonces, el movimiento independentista ha emprendido una huida hacia adelante que culmina con la aprobación de las Leyes de referéndum y transitoriedad del pasado septiembre. La mera posibilidad de proclamar la independencia de Cataluña con los resultados obtenidos en la consulta del 1-O me parece una burla al espíritu democrático del que hasta ahora había hecho gala el independentismo. Resulta aberrante que se pretenda realizar una DUI sin haber concitado antes un apoyo abrumadoramente mayoritario en la sociedad catalana.
Ahora bien, lo que me interesa señalar en este momento es que la razón por la que los independentistas pierden su legitimidad democrática es la misma que impide que Cataluña pueda lograr unilateralmente la independencia. Me explico. En una secesión pactada, las partes en conflicto acuerdan los términos de la separación y todo el mundo sabe a qué atenerse. Es decir, los ciudadanos saben a qué organismo tienen que pagar los impuestos, a qué tribunales de justicia pueden acudir o a qué policía deben obedecer.
En una secesión unilateral, en cambio, las autoridades del auto-proclamado nuevo Estado deben conseguir que toda la ciudadanía asuma que sus obligaciones y derechos ya sólo derivan del nuevo Estado. Si todo el mundo se convence de que las pensiones las paga el nuevo Estado, que el orden público depende de las fuerzas de seguridad del nuevo Estado, que los impuestos han de pagarse a la nueva Hacienda, que el subsidio de desempleo lo abona el nuevo Estado y así sucesivamente con una larga lista de asuntos, entonces el nuevo Estado podrá operar sin problemas. El problema es que resulta extremadamente difícil llegar a ese punto.
La condición, en pocas palabras, es que todo el mundo sea consciente de que todos han decidido cambiar de golpe el reconocimiento de la autoridad. No basta que cada uno acepte la autoridad del nuevo Estado: para que todos actúen en consecuencia, tiene que ocurrir que lo que cada uno piensa se vuelva conocimiento común; así, cada uno anticipa que todos los demás van a pagar los impuestos al nuevo Estado, por lo que cada uno decide pagar al nuevo Estado, olvidándose de las cartas de reclamación que recibe de la Hacienda antigua.
Es como una profecía auto-cumplida: si todos creemos que la nueva autoridad corresponde al nuevo Estado, el nuevo Estado pasa a ser la nueva autoridad.
Un referéndum de independencia puede ser la señal para que la gente reconozca la autoridad del nuevo Estado, pero sólo si sale un porcentaje abrumador de apoyo a la independencia, pues entonces cada uno se convence de que la independencia va a tener lugar y actúa en consecuencia.
El problema consiste en que el apoyo a la independencia de Cataluña no es ampliamente mayoritario. Cuando la sociedad está dividida en dos mitades con respecto a la independencia, es prácticamente imposible que cada uno piense que todos los demás van a reconocer como autoridad legítima al nuevo Estado.
En una sociedad partida en dos mitades no muy diferentes, el autónomo seguirá pagando el IVA al Estado original, el acusado acudirá al juzgado del Estado original cuando este lo pida, el parado solicitará el subsidio de paro a la administración del Estado original y así sucesivamente. El cambio súbito y masivo de reconocimiento de la nueva autoridad no tendrá lugar y fracasará por tanto el intento de construir las nuevas instituciones estatales.
Si se produce la DUI con un apoyo a la independencia que no llega a la mitad de la sociedad catalana, el independentismo perderá su crédito democrático y se meterá en un callejón sin salida. Puede que a corto plazo le sirva para tensionar aún más la situación, pues provocará la intervención de la autonomía y el posible encarcelamiento de miembros del Gobierno catalán, pero a medio plazo se condena al ostracismo político. Si la DUI sólo responde al intento de contentar y cohesionar las filas independentistas, las instituciones catalanes saldrán enormemente debilitadas, quemando los recursos políticos que necesita para negociar en algún momento futuro un referéndum pactado que nos saque de esta interminable crisis política.
Aunque nadie me haya pedido aclaraciones, aquí van: desde 2008 vengo defendiendo la necesidad de resolver una demanda de secesión mediante un referéndum pactado (aquí está la prueba). Creo que es la mejor manera de...
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Ignacio Sánchez-Cuenca
Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus últimos libros, La desfachatez intelectual (Catarata 2016), La impotencia democrática (Catarata, 2014) y La izquierda, fin de un ciclo (2019).
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