El 1-O puede ser uno de los acontecimientos peor gestionados por un Gobierno español desde la Transición. Los hechos sucedidos y la imagen exportada, sin duda, colocarán a España en el sospechoso escalafón que ocupan países como Turquía, Hungría o Venezuela. Si el reconocimiento internacional y el sentimiento independentista eran los dos elementos claves para una Cataluña independiente, hoy, gracias a Rajoy y a su Gobierno, ambos son más proclives a la fractura.

Pero todo esto podía haber sucedido de una forma bien distinta.

Las leyes aprobadas en el Parlament --la del Referéndum y la de Transitoriedad-- fueron recurridas y declaradas nulas por el TC. Esto quiere decir que ambas quedaban sin valor jurídico alguno, y que el pretendido referéndum, a efectos legales, no representaba más que una movilización atrezzada con urnas y papeletas. Bastaba con no darle más entidad de la que realmente tenía, pero no, había que incendiar un poco más un ambiente ya de por sí caldeado. 

Así, en una escalada sin precedentes, el Gobierno decidió inundar Cataluña de policía y Guardia Civil. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí no me transmitiría una sensación de paz y tranquilidad el ver los espacios públicos de mi ciudad repletos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Comenzaron, así, a generar un ambiente de excepción, de tensión, de confrontación. Pero no contentos con ello, la Fiscalía y un juez de “dudosa” imparcialidad emprendieron una cruzada contra la preparación de un referéndum --repito-- que no existe a ojos del derecho español. Hemos visto a la policía entrar en imprentas y llevarse papeletas y carteles, cientos de webs clausuradas por la Guardia Civil y varios cargos públicos de la Generalitat detenidos.

Para rematar la faena, el Gobierno no dudó tampoco en pasarse por el arco del triunfo su propia legalidad y, a través de una simple Orden Ministerial --una norma con un rango legal muy bajo-- aplicó, de facto, la suspensión de la autonomía de Cataluña, a través de la intervención de sus cuentas y del 80% de su actividad económica. Esto, a falta de otra experiencia histórica similar, es lo más parecido a aplicar el temido artículo 1-55 de la Constitución --claro está, sin cumplir los requisitos formales que requiere el artículo 155 de la Constitución-, lo que motivó un recurso de una veintena de senadores que el Tribunal Supremo ha tenido que admitir a trámite, por flagrante violación de su derecho fundamental de participación (artículo 23 CE).

Todo esto y aún no habíamos llegado al día de autos, a la fecha señalada para que se celebrase una consulta que, de ninguna manera, iba a suponer la independencia de Cataluña, diga lo que diga Puigdemont, se ponga como se ponga Rajoy. Porque, de haberse permitido realizar tranquilamente este referéndum --anulado judicialmente--, hubieran acudido muchas menos personas a votar, conscientes de su intrascendencia. No se hubieran producido las deleznables situaciones de violencia y represión. Hubiera pasado sin pena ni gloria por la prensa internacional. Los resultados hubieran arrojado que no existe una mayoría suficiente en Cataluña para poder declarar una independencia unilateral, y eso que en los últimos años, gracias a la política del palo en la mano, ese sentir ha crecido exponencialmente. Pero no hubiera llegado, de ninguna manera y en definitiva, la sangre al río.

Incluso si el Govern, a través de un Parlament partido en dos, hubiera tenido la delirante idea de proclamar la independencia, hubiera sido ese el momento indicado para activar la maquinaria del Estado, de acometer las detenciones pertinentes y la suspensión de la autonomía, pero nunca antes, porque esa represión preventiva y chulesca lo que ha conseguido es intoxicar y calentar innecesariamente todo el clima.

El clima, eso es lo que peor ha quedado. Como leí a alguien en Twitter, el Gobierno ha podido ganar la batalla policial y judicial, pero ha perdido la más importante. Ha dejado una Cataluña humillada, golpeada, indignada y enfervorecida. Ha espoleado el sentimiento nacionalista español más rancio, partiendo emocionalmente España, una ruptura mucho más difícil de suturar que la legal, porque se alimenta de las pasiones y las emociones de españoles y catalanes. A ver cómo se soluciona ahora eso.

También ha puesto de manifiesto que el marco jurídico y constitucional, cuya misión es garantizar la pacífica y satisfactoria convivencia de todos, ya no sirve a tal fin. A base de retorcerlo o hacerlo rígido, a voluntad, lo ha roto. No en el BOE, sino en lo simbólico. Porque la Ley no se cumple tan solo por ser Ley --esto se llama rigorismo legalista y es una patología grave del Estado de Derecho--, sino porque la gente cree en ella y acepta cumplirla.

Tristemente, sospecho que, tanto al Gobierno como al Govern, esta fractura emocional les da igual. O, peor aún, se frotan las manos con ella. Ahora podrán convocar nuevas elecciones, catalanas y generales, y el sempiterno (no)problema de la unidad de España será el marco discursivo único de las campañas, no dejando sitio para la corrupción, el paro, el fin de las pensiones y todos los otros temas que, curiosamente, a ellos les perjudican y a las personas corrientes nos interesan. De alguna manera, los responsables políticos de este desastre pueden volver a comprobar que, al hacerlo todo mal, les salen las cuentas muy bien.