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Quisiera decirles muchas cosas pero no tenemos mucho tiempo. Voy al grano. Nos estamos enfrentando a una gravísima crisis de Estado. Una crisis que viene incubándose desde hace muchísimo tiempo. Fue en 2007 cuando el president José Montilla alertó por vez primera del riesgo de desafección entre Cataluña y el resto de España. Era el tiempo en que de forma irresponsable se pretendía liquidar el Estatuto de 2006.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, no lo liquidó, pero lo dejó muy tocado. De hecho, Cataluña es hoy la única Comunidad Autónoma que está regida por un Estatuto que no fue ni el que sus ciudadanos ni su Parlamento quisieron. Y esa es una anomalía grave de la que venimos alertando desde 2010.

Una anomalía que solo podemos corregir a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto que culmine en un referéndum en el que los ciudadanos puedan aceptar o rechazar un nuevo acuerdo. Referéndum estatutario, referéndum constitucional, o consulta en los términos en que se acuerde.

La anomalía que tiene su origen en 2010 no ha hecho más que agravarse desde entonces. Se ha agravado a causa de la radicalización independentista y a causa de la ausencia de diálogo entre los gobiernos de Cataluña y España.

Desde el inicio de la presente legislatura del Parlament, los socialistas advertimos de los graves riesgos y los altos costes de situar a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.

Permítanme dos autocitas. La primera, del 12 de noviembre de 2015 en la investidura fallida de Artur Mas: “Las instituciones nos representan a todos y por lo tanto, nadie, en ninguna circunstancia, puede arrastrar a nuestras instituciones fuera de la legalidad, por muchos diputados o ciudadanos que lo pidan, precisamente porque las instituciones son de todos, la única forma de garantizar que las instituciones son de todos y han de representarnos a todos, es respetar la legalidad democrática de la que deriva su autoridad representativa”.

La segunda, del 10 de enero de 2016 en el debate de investidura de Carles Puigdemont: “La mayoría que han obtenido les habilita para gobernar, pero no para perseguir la independencia exprés, y menos aún si quieren hacerlo por la vía de desconocer la legalidad. En este camino no nos encontrarán, mejor dicho, nos opondremos a ello de forma extremadamente firme en defensa del interés de Cataluña y de toda su gente”.

El clímax de esta grave crisis de Estado se alcanzó los días 6 y 7 de septiembre en los que se consumó la ruptura de las instituciones catalanas con la legalidad. Se aprobó en esos días, de la peor manera posible, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Digo de la peor manera posible pues se incumplió el propio reglamento del Parlament, se pisotearon los derechos de la oposición, se vulneró la Constitución y se liquidó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Nunca tanto disparate tan concentrado en tan poco tiempo. No solo lo dijimos los partidos de la oposición. Advirtieron sobre ello con carácter previo los letrados del Parlament, el Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña y el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, suspendió de inmediato la vigencia de esas dos leyes por razones sustanciales, competenciales y procedimentales. A pesar de ello el gobierno de Cataluña siguió adelante con el empeño de celebrar el referéndum del 1 de octubre.

La jornada del 1 de octubre, que no pudo ser impedida por el Estado incluso a pesar de algunas actuaciones policiales desproporcionadas, no constituyó el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que se había comprometido, aunque no tuviera competencias para ello, el gobierno de Cataluña.

El president Puigdemont, el gobierno de la Generalitat y la mayoría independentista que lo sustenta, dan plena validez a los resultados de la jornada del 1 de octubre y extraen de ella un mandato democrático que según ellos pone en marcha las previsiones tanto de la ley del referéndum como de la ley de transitoriedad.

Permítanme un breve paréntesis. Los datos proporcionados por los propios organizadores de la jornada del 1 de octubre demuestran que un 38,47% de los catalanes con derecho a voto están a favor de la independencia, dato similar al 36% del censo que apoyó a las candidaturas de Junts pel Sí y de la CUP. Digo esto porque demasiado a menudo se presenta al independentismo como mayoritario, y si bien lo es en el Parlament, no lo es en la sociedad. La mayoría social no es independentista. Y en ningún lugar una minoría, por importante que sea, debe imponerse a la mayoría. Por lo tanto, no estamos solo frente a un problema Cataluña/España, sino que sobre todo tenemos un problema de división interna en Cataluña.

Cierro el paréntesis. Ciertamente, ni el president, ni el govern, ni el Parlament han declarado formalmente la independencia. Pero han manifestado su disposición a hacerlo en cualquier momento y 72 diputados han firmado un documento que así lo recoge.

Es evidente para cualquier persona que conserve un mínimo de objetividad que las instituciones catalanas se han situado fuera de la legalidad.

Eso es lo que explica la decisión de los bancos y de muchas grandes empresas catalanas de trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.

Eso explica también la reacción europea, contraria al proceso unilateral e ilegal de secesión impulsado por el gobierno independentista de Cataluña. Entre otras cosas por el grave precedente que supondría.

Y es obvio para muchos que las instituciones catalanas deben volver a la legalidad cuanto antes, bien voluntariamente, bien a través de los mecanismos legales oportunos.

Por cierto, y por si alguien tiene alguna duda al respecto, los socialistas catalanes y el conjunto del socialismo español defenderemos siempre la legalidad y la vigencia del Estado de derecho, así como la integridad territorial y la soberanía que reside en el conjunto del pueblo español.

El gobierno de España, para garantizar la vigencia del Estado de derecho en el conjunto del territorio, ha decidido activar el artículo 155 de la Constitución, para lo que ha solicitado la preceptiva autorización del Senado, que podría producirse este mismo viernes.

El artículo 155 de la Constitución es un mecanismo de coerción federal, como el que existe en muchas constituciones democráticas (Alemania, Suiza, Austria, Italia, Portugal, Estados Unidos) que nadie quisiera ver aplicado. Y desde luego no lo sería si no se hubiese producido una flagrante vulneración de la legalidad constitucional y estatutaria (y subrayo esta última) por parte de las instituciones catalanas. 

Por eso el PSC ha emplazado al president Puigdemont a recuperar la legalidad cuanto antes y por su propia decisión. Puede hacerlo, al menos, por uno de estos dos caminos: o bien convocando elecciones al Parlament de Cataluña a partir de sus competencias y de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, o bien acudiendo al Senado para comparecer en el trámite previo a la activación definitiva del artículo 155 para pedir y ofrecer un diálogo político.

Porque, amigos y amigas, estamos frente a un problema político que solo puede encontrar solución en la política.

Me gusta ser muy directo: más de dos millones de catalanes quieren separarse de España porque no conciben que España pueda ofrecer un mejor acomodo a las aspiraciones de Cataluña. Y otros muchos catalanes desearían un nuevo acuerdo que permitiese renovar el pacto constitucional de 1978. Yo entre ellos.

Y por eso he venido hoy aquí para pedirles ayuda en el establecimiento de un Pacto de Estado para Cataluña.

Y antes de que nadie se asuste: no pretendo reclamar privilegio alguno, ni romper la igualdad de derechos entre todos los españoles, ni quebrar la soberanía nacional. Pero sí busco resolver un problema político que en estos momentos nadie puede soslayar.

Permítanme una referencia antigua.

¿Fue un privilegio el retorno del Molt Honorable President Tarradellas a Barcelona? El era el depositario de las instituciones catalanas en el exilio. Y el presidente Suárez, verdadero hombre de Estado, vio en el retorno de Tarradellas una forma de iniciar el camino para que muchos catalanes pudieran comprometerse en la transición democrática que él estaba impulsando. Del retorno de Tarradellas se cumplieron ayer 40 años.

Sé que la expresión Pacto de Estado por un lado asusta y por otro a veces se banaliza. Pero permítanme que acuda a la wikipedia. Pacto de Estado es la denominación que se da en la práctica política a los pactos políticos entre partidos políticos de tendencias opuestas para enmarcar la acción del Estado a largo plazo en asuntos de trascendencia, sin consideración de qué partido ocupa el gobierno en cada momento.

¿Alguien duda de qué la relación entre Cataluña y el resto de España es un asunto de trascendencia?

¿Debemos resignarnos a que el único acuerdo de Estado sea la aplicación del artículo 155, que si bien permite el retorno a la legalidad no resuelve el tema de fondo? 

¿Cuál podría ser el contenido de ese Pacto de Estado?

Podría acabar aquí pidiéndoles que comprasen mi libro “La tercera vía. Puentes para el acuerdo” publicado este mismo año por Los Libros de la Catarata. Podría decirles que recuperasen los acuerdos de Granada elaborados por el PSOE en 2013. O la declaración de Barcelona, suscrita entre PSC y PSOE antes del verano. Brevemente les enunciaré algunos elementos que podrían contribuir a ese Pacto de Estado.

La primera cuestión es, precisamente, dar a esta cuestión un carácter de Estado, no de problema menor, circunstancial o pasajero.

La segunda cuestión es reconocer las características singulares de la sociedad catalana, su identidad nacional y su vocación de autogobierno.

La tercera cuestión es ser conscientes de la necesidad de hablarle a Cataluña, de contar con ella, con toda ella, no con unos o con otros, dirigirse a todos. No pensar en contentar a unos u otros, sino en beneficiar a todos, y con ello beneficiar también al conjunto de España. Esto no va de contentar a los independentistas, sino de seducir a una amplia mayoría.

Y a partir de aquí, abordar temas concretos que por desgracia llevan demasiado tiempo sin ser objeto de una negociación sensata. Al menos desde 2012.

Primero: habría que negociar a fondo las 46 demandas planteadas por el president Puigdemont al Presidente Rajoy. Salvo la demanda relativa al referéndum, los socialistas vemos posibilidades de acuerdo en una gran mayoría de ellas.

Segundo: habría que desarrollar el Estatuto de Autonomía vigente, e incluso, a través de las oportunas reformas legales, abordar algunas de las cuestiones que el Tribunal Constitucional consideró que no podían ser objeto de regulación por parte del propio Estatuto de Autonomía. 

Tercero: abordar la negociación del sistema de financiación autonómica.

Cuarto: acordar un ambicioso plan de inversión estatal en infraestructuras estratégicas para Cataluña. No pido más que un trato justo, un diseño global inteligente y una gestión compartida. El corredor mediterráneo y el servicio de cercanías son dos relevantes piedras de toque. 

Cinco: profundizar en el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña. Y concretamente creo necesario aprobar una Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, y asegurar la presencia de Catalunya y de las culturas catalana y aranesa en la UNESCO, a través de la representación española en dicho organismo internacional.

Seis: reconocer la importancia estratégica y simbólica de la ciudad de Barcelona, como gran capital catalana, española y europea, y sede de la Unión por el Mediterráneo. 

Siete: impulsar la reforma federal de la Constitución española.

En una anterior conferencia organizada por el Club Siglo XXI me extendí en el contenido de esa reforma que, como algunos de ustedes recordarán, debe recoger, desde el punto de vista territorial, y vista desde el catalanismo federalista que represento, lo que denominé “las cuatro erres”: la “erre” de reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña y de los derechos históricos hoy recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía; la “erre” de reglas de reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional, reconociendo las competencias que recogen singularidades y hechos diferenciales, con especial atención a las cuestiones relacionadas con la lengua, la educación y la cultura; la “erre” de recursos, fijando los grandes principios del sistema de financiación que debe ser suficiente, solidario, justo y equitativo, y que recoja los conceptos de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad, así como la figura de los Consorcios Tributarios; y la “erre” de representación, a través de un Senado o un Consejo Federal que haga de la cámara alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial. Saben ustedes que el federalismo aúna autogobierno y gobierno compartido, que debe ser posible a través de un Senado federal.

No me extiendo más. Pero les emplazo a empezar desde ahora mismo para crear la conciencia sobre la necesidad de este Pacto de Estado para Cataluña y trabajar sobre sus posibles contenidos. Un Pacto de Estado bueno para Cataluña y para España y que, además, proporcione confianza, argumentos y esperanza a quienes queremos combatir políticamente el secesionismo.

Y, desde luego, seguiré comprometido desde Cataluña a proponer soluciones, evitar frentismos y construir una alternativa inclusiva.

Muchas gracias.