Una de las principales medidas en la protección de las víctimas de violencia de género, la inserción laboral, se ha deteriorado en el último año y sigue siendo insuficiente en España. Estas son las principales conclusiones del Informe sobre violencia de género. Incidencia en el ámbito laboral, publicado recientemente por UGT acerca de la participación de las víctimas de violencia en el mercado de trabajo.

Según el informe del sindicato, en 2016 la contratación de víctimas de violencia descendió un 0,6% respecto el año anterior. En total, se firmaron 801 contratos bonificados por esta situación –el 0,009% de todos los contratos–, y sólo 707 fueron suscritos por víctimas de violencia de género.

En términos de calidad del empleo, los datos del estudio de UGT también señalan la situación de precariedad de las mujeres víctimas de violencia machista. De los pocos más de 700 contratos bonificados que firmaron en 2016, solo 173 eran de tipo indefinido, frente a 534 temporales. De esta forma, más del 75% de la contratación bonificada fueron de duración determinada. UGT señala la gravedad de esta situación y denuncia la “escasa repercusión de los acuerdos de colaboración suscritos por el Gobierno” con las empresas que ofrecen este tipo de contratos.

Los datos presentados en el documento, cuya fuente es el Servicio Estatal de Empleo, también señalan que en el desglose por regiones son solo cuatro Comunidades las que superan el centenar de este tipo de contratos bonificados: Andalucía (125), Madrid (120) y País Valenciano (109) son las que realizan un mayor esfuerzo en la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. En el resto de Comunidades, el número de este tipo de contratos bonificados se sitúa por debajo de los cien, con Navarra (3), La Rioja (4), Extremadura (7) y Baleares (7) como las regiones que menos inserción laboral de las víctimas de violencia de género realizan. 

En referencia a las políticas implementadas por parte de las distintas administraciones a fin de revertir esta situación, UGT define como “insuficientes” las medidas recogidas en Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados. Un pacto que, según la organización, “no garantiza la mejora de los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género”.

Ante esta situación, el sindicato reclama una mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral de las mujeres maltratadas, así como un sistema de protección social que “no las penalice” y que “permita garantizar su independencia económica y su autonomía personal.”

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.