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“La unión hace la fuerza” es el lema de la presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2018. Una ironía, o tal vez una manera de conjurar uno de los períodos de menor impulso integrador en la historia de la Unión. Esta presidencia tendrá que lidiar con fuerzas centrífugas como el Brexit o los desplantes del Grupo de Visegrado –Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia–, así como preparar el camino para el turno de Austria, un país con un nuevo Gobierno aliado con la extrema derecha xenófoba de tintes neonazis.

Bulgaria es la nación más pobre de la Unión Europea. Más de una década después de su ingreso en 2007, sufre una crisis demográfica que le ha llevado a perder casi un veinte por ciento de la población desde 1990, una corrupción endémica y una inestabilidad política crónica. Como es tendencia en un número creciente de países europeos, el centro derecha de Boyko Borissov –un antiguo guardaespaldas del ex primer ministro Simeón de Bulgaria– se apoya en los populistas xenófobos y ultranacionalistas del partido Patriotas Unidos para gobernar en coalición. El actual viceprimer ministro, Valeri Simeonov, fue declarado culpable de un delito de odio contra la población romaní, a la que describió como "antropoides [subhumanos] feroces y arrogantes", y a sus mujeres como "perras callejeras".

El informe de Amnistía Internacional 2016-2017 sobre Bulgaria es desolador. Describe en detalle la inasistencia y abusos hacia los migrantes y refugiados, que muchas veces son detenidos, encarcelados y retornados ilegalmente, incluidos los menores no acompañados. Tampoco cuentan con atención legal ni sanitaria, y las devoluciones sumarias y abusos en las fronteras son habituales. Todo ello en un clima de xenofobia e intolerancia generalizados, en el que patrullas ciudadanas de vigilantes custodian la frontera con Turquía, realizando arrestos y devoluciones con el beneplácito del Gobierno.

Durante el tiempo que durará su presidencia en el Consejo de la Unión Europea, los representantes búlgaros han fijado cuatro prioridades para este semestre: el futuro de Europa; mejorar las relaciones con los Balcanes occidentales; el mercado único digital; y la seguridad y estabilidad, que abarcarán cuestiones como las políticas de refugiados o la coordinación en materia de defensa.

El país lucha por sacar pecho en europeísmo con el fin de entrar en la Eurozona y en Schengen, pero en casa gobierna con partidos euroescépticos y ultranacionalistas

En cuanto al futuro de Europa, el panorama no puede ser más arduo: Bulgaria no deja de ser un peso pluma en el Consejo y como mucho podrá aspirar a hacer seguidismo de la Comisión en las negociaciones del Brexit. También tendrá que lidiar, no sin cierta complicidad política y afinidad ideológica, con el creciente populismo nacionalista y el pugnaz frentismo antieuropeo que hace escuela en algunos socios como Polonia y Hungría. Borissov se apresuró a declarar que se mantendrá neutral en cuanto a la activación del procedimiento del Artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia por su deriva antiliberal y autoritaria, en un intento por sacar pecho en europeísmo con el fin de entrar en la Eurozona y en Schengen, pese a que en casa gobierna con partidos euroescépticos y ultranacionalistas.

Para un país histórica y geográficamente vinculado a la península balcánica, los Balcanes Occidentales no podían dejar de ser una referencia política para la presidencia búlgara. Sofía intentará, de algún modo, reforzar su influencia regional presentándose como adalid de sus vecinos balcánicos a la hora de fortalecer los lazos con Bruselas y aminorar la creciente influencia rusa y turca en la zona. El hito de esta presidencia será la cumbre de Sofía el 17 de mayo entre los líderes de los 28 miembros de la UE y los de los seis países candidatos de la región, con el objetivo de progresar en el largo camino de la integración e incluso de pactar una fecha concreta para la adhesión de alguno de ellos.

La cuarta prioridad –seguridad y estabilidad– se enuncia en clave de la nueva analogía seguridad-migración, una asociación conceptual por la cual sin seguridad y estabilidad no podrían alcanzarse los valores europeos. Esta correlación conceptual y operativa de migración, seguridad interna y terrorismo se está imponiendo en la agenda europea, distorsionando las fronteras políticas entre fenómenos relacionados pero muy diferentes. Tal y como denuncia el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, “dentro de las estructuras institucionales y normativas de la Unión Europea, el control de las fronteras y de la migración se ha ido integrando cada vez más en los marcos de seguridad, que se centran en la vigilancia policial, la defensa y la lucha contra la delincuencia más que en un enfoque basado en los derechos”.

En materia de migraciones, la agenda también viene muy cargada. Los búlgaros tendrán que vérselas y deseárselas para lograr un sistema sostenible de gestión de la migración con un “enfoque holístico”, como viene denominado en su programa, que incluya a terceros países de origen y tránsito –aunque para ello haya que omitir la necesidad de que estos sean seguros– y que aumente la eficacia de la política de retorno como prioridad clave. Bulgaria, además, tratará de impulsar los lazos con su vecina Turquía, con la que comparte 260 kilómetros de una frontera reforzada por una valla de tres metros de altura, construida por el Gobierno de Borissov.

Bulgaria tratará de impulsar los lazos con su vecina Turquía, con la que comparte 260 kilómetros de una frontera reforzada por una valla de tres metros de altura, construida por el Gobierno de Borissov

En cualquier caso, el país tendrá que facilitar y hacer avanzar las negociaciones para la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), actualmente en diálogo interinstitucional Consejo-Comisión-Parlamento, a través de la reforma del Reglamento de Dublín. Para ello, deberá trabajar en la creación de un sistema más justo de asignación de responsabilidades para las personas que buscan protección en Europa con la idea de que ningún Estado miembro se evada de sus responsabilidades marcadas por el derecho europeo e internacional. Esta asignación de deberes y obligaciones a cada uno de los Estados miembros habría de fundamentarse en un conjunto de factores más amplios y no solo en el criterio de primer país de entrada en la UE. Un cambio como ese en el Reglamento de Dublín beneficiaría a la propia Bulgaria, que debería seguir la senda del grupo informal de los siete países euromediterráneos (Italia, Francia, España, Chipre, Malta, Grecia y Portugal), que reclamaron el pasado 10 de enero en Roma una mayor solidaridad a la hora de asumir el peso de la inmigración por ser frontera exterior. De aquí surgiría un nuevo enfrentamiento entre los países sureños y el bloque de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), en plena confrontación con Bruselas en materia de inmigración, que podría enturbiar la próxima cumbre del Consejo europeo del 22 de marzo.

La presidencia búlgara también tendrá como reto participar en los debates de la conferencia intergubernamental de Naciones Unidas para un Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que tiene objetivos muy ambiciosos que no se reducen a impulsar los acuerdos de retorno, el control de la migración o la externalización de fronteras que impulsa Alemania.

Finalmente, Bulgaria tratará de cuadrar el círculo de juegos malabares defendiendo unos valores solidarios y europeístas desde su presidencia de la UE, al tiempo que aplica políticas antinmigración y pacta con los ultranacionalistas en casa. Intentará que le salga bien la peripecia mientras se marca algún punto de buen alumno europeo aleccionando a la futura presidencia de Austria, cabeza visible de la Europa más intolerante y fascista. Y todo ello con el objetivo de conseguir el visado para entrar en Schengen y elevar aún más, si cabe, la altura de las fronteras visibles e invisibles con sus vecinos del sur.