El 20 de febrero de 2018, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sometió a debate en el Pleno del Congreso una proposición para instar a que se dejen de reconocer distinciones y títulos nobiliarios. Fue rechazada por el voto conjunto de toda la derecha más el Grupo Parlamentario Socialista. Esta fue la posición favorable fijada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea.

********************

Muchas gracias, Presidenta y buenas tardes, Señorías. O mejor dicho, dado el carácter de este debate: buenas tardes compañeros diputados y compañeras diputadas.

Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, los índices de personas en riesgo de pobreza en nuestro país rondan el 28%, casi el 38% en personas adultas jóvenes. Frente a tales urgencias, ¿qué sentido tiene debatir sobre los títulos nobiliarios? Aunque parezca una cuestión banal, la relación entre los nombres propios y el reconocimiento institucional de distinciones no es necesariamente un tema menor. Y quizá tenga algo que ver también con la existencia de desigualdades sociales que arrastramos en la Historia.

Esta propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana propone instar al Gobierno a que deje de reconocer las distinciones y los títulos nobiliarios existentes, comprometiéndose asimismo a no otorgar otros nuevos en el futuro. Lo plantea trazando un vínculo con otros tres momentos de la historia moderna de España: el Trienio Liberal y la Primera y Segunda Repúblicas, momentos en los que el Estado se desentendió de reconocer este tipo de ensalzamientos que tienen su origen en la Edad Media. A diferencia de esos otros tres impulsos de democratización, con el advenimiento de la democracia tras la dictadura franquista, el Estado no sólo no se desinteresó por reconocer este tipo de distinciones sino que, al contrario, ratificó la legislación franquista de 1948 y revalidó los mecanismos hereditarios de tales distinciones. Eso permitió al Rey Juan Carlos I crear u otorgar otras nuevas, potestad que ha heredado el actual monarca Felipe VI.

Nuestro Grupo Parlamentario Confederal coincide en reconocer la importancia que tiene vincular simbólicamente esta propuesta con aquellos otros momentos históricos de avance en la igualdad de derechos. Estamos también convencidos de que debemos eliminar al máximo las diferencias de reconocimiento oficial entre las personas por razón de su origen, nacimiento o herencia. Pero si vamos a votar a favor de esta Proposición No de Ley, es sobre todo porque consideramos que no se puede mantener este residuo medievalista en el seno de un Estado democrático avanzado. Durante su mandato, el Rey Juan Carlos I concedió más de medio centenar de nuevos títulos, siendo los primeros el Señorío de Meirás y el Ducado de Franco con Grandeza de España, títulos que detentaron como primeros titulares, respectivamente, la viuda y la hija del dictador. Esto nos recuerda que en la existencia de títulos nobiliarios está inscrito el reconocimiento de privilegios históricos, muchos de los cuales se sustentan en regímenes o comportamientos contrarios –por decirlo de manera amable– a los valores democráticos.

No sé si se trata de una humorada o de un gesto de justicia poética que la dirección de mi Grupo haya encargado defender en esta tribuna el sentido de nuestro voto, en este debate sobre los títulos nobiliarios, a un diputado de apellido Expósito. En este punto me van a permitir que relate una pequeña historia personal. Cuando siendo muy joven empecé a interesarme por el origen de mi apellido, alguien me contó una historia que nunca he podido comprobar. En algún momento de finales de la dictadura, algunos asistentes sociales antifranquistas ejecutaron una acción simbólica sobre los nombres de los niños y niñas que tenían a su cargo. Liberados de la obligación que durante muchas décadas estuvo vigente de marcar a los hospicianos con apellidos como “Expósito” o “Iglesia”, decidieron nombrarlos en el Registro Civil con apellidos nobles de España. Descubierto el pastel, estos incluseros habrían sido obligados a registrarse de nuevo, esta vez con apellidos banales. Se trata seguramente de una historia apócrifa pero que hoy viene a cuento de lo siguiente: quienes llevamos inscrito en nuestro nombre nuestros orígenes plebeyos sabemos que la Ley 33/2006 del 30 de octubre se contradice en sus términos cuando afirma que “actualmente la posesión de un título nobiliario no otorga ningún estatuto de privilegio”. Miente esta Ley, porque el mero reconocimiento de unos apellidos sobre otros por parte del Estado es ya de por sí una forma de privilegio con la que tenemos que acabar.

Uno de los pasajes más popularizados de El Quijote es aquél en el que Alonso Quijano aconseja a Sancho cuando se encamina a gobernar la Ínsula Barataria: “La sangre se hereda y la virtud se aquista; y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale”. Esta cita nos recuerda que en el seno de la modernidad ha existido desde siempre una pugna entre el reconocimiento elitista que hereda la cuna y el reconocimiento socialmente consensuado que emana de las virtudes cívicas. Los momentos más virtuosos de esta Cámara los han protagonizado personas de origen plebeyo: la modista, hija de una costurera, que precipitó el reconocimiento del voto femenino; la primera diputada afrodescendiente; la voz digna de los jornaleros andaluces; la mujer de la zona minera de Gallarta que se sentó aquí detrás de mí en la Mesa de Edad de las primeras Cortes democráticas tras la Dictadura; y el primer diputado socialista en la historia del Parlamento español. Estos dos últimos casos, fíjense por dónde, ambos con padres marcados como “expósitos”.

En junio de 1985 esta Cámara votó una proposición semejante. Toda la oposición la suscribió unánimemente, pero fue derrotada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Hoy, con otras proporciones en el hemiciclo, tenemos una nueva oportunidad de dar un reconocimiento a esos virtuosos momentos plebeyos de esta Cámara, instando a que nuestra legislación garantice un poco más para el futuro la igualdad sin distinción de origen entre todos los ciudadanos y ciudadanas.

----------------------- 

Marcelo Expósito es diputado de En Comú Podem en el Congreso por Barcelona.