España lleva más de tres años sin adoptar una estrategia común de integración para las personas de origen inmigrante. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) lamenta, en un reciente informe, que el último Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración elaborado por el Estado date de 2014. Además, señala el ECRI, su posible sustituto, el Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España, no ha presentado ninguna evaluación de resultados y ha finalizado, sin una renovación por el momento, en 2016.

Este ciclo de supervisión del organismo del Consejo de Europa, el quinto, incide en la importancia de “elaborar una estrategia de integración coherente” en un país descentralizado como el nuestro. Si se quieren obtener efectos positivos reales en la población migrante, pone de relieve el informe, todos los agentes de las distintas comunidades autónomas, regiones y municipios deben cooperar.

La ECRI pone sobre la mesa una serie de recomendaciones para las autoridades españolas en materia de integración de las personas de origen inmigrante. La primera, establecer un sistema, uniforme y completo, de indicadores de integración. Para poder evaluar y mejorar las condiciones de vida de estas personas, es básico disponer de una serie de datos que permitan conocer su situación en importantes ámbitos como la sanidad o la vivienda. Un estudio sobre este tipo de medición ya recogía en 2010 que “diferentes informes precedentes destacan la necesidad de contar con indicadores de resultado y no sólo estructurales, referidos a dispositivos y/o recursos de apoyo de políticas de integración”. En 2014, el Observatorio Permanente de la Inmigración hizo propuestas en este sentido.

En lo que se refiere a la educación, el informe se extiende y concentra en la educación primaria. Hay que ponerse como objetivo que los niños de origen inmigrante finalicen la enseñanza obligatoria, sostiene la ECRI. Esta recomendación específica no es casual: España tiene la tasa más alta (32,9%) de la Unión Europea en abandono escolar entre estas personas, según los datos de Eurostat. Centrarse en reducir este número debe ser muy importante para cualquier política activa de integración; numerosos estudios inciden en la educación como factor decisivo a la hora de reducir las desigualdades de partida entre la población autóctona y la de origen inmigrante. El informe apunta a intensificar la formación a nivel preescolar para lograr este objetivo. Según palabras del presidente del ECRI, Jean-Paul Lehners, es necesaria también “una inversión sustancial en educación”. 

Otra recomendación incluida en el informe para España tiene que ver con el empleo. Si bien se recoge que “la integración general de los no nacionales en el mercado de trabajo está mejorando” (su tasa de desempleo había aumentado 20 puntos entre 2007 y 2012, según el INE), también se afirma que “ciertos grupos de migrantes se enfrentan a una serie de obstáculos para la integración”. Nuestras autoridades, dice el informe, deberían identificar a estos grupos con mayores dificultades y crear soluciones adaptadas, como pueden ser la enseñanza del idioma o la creación de espacios seguros para las mujeres, por ejemplo, para que su búsqueda de empleo sea más sencilla. Si no se realizan este tipo de políticas, puede seguir aumentando la enorme pérdida de capital humano que estamos experimentando: más del 50% de las personas de origen inmigrante está sobrecualificada, según un informe de la OCDE.

Como conclusión, el informe considera que España necesita, por todo lo recogido anteriormente, de un nuevo documento estratégico en cuanto a políticas de integración. La ECRI pide actualizar y agrupar todos los indicadores y medidas en un plan de acción que tenga en cuenta las nuevas realidades de las personas migrantes en un país que tiene al 62,2% de estas personas en riesgo de vivir en la pobreza y/o de ser objeto de exclusión social, según datos de 2015 de Eurostat.

-----------------------

Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.