¿Qué hacen dos policías municipales, encargados de quehaceres como prestar auxilios, garantizar la seguridad de espacios públicos y ordenar el tráfico, persiguiendo en moto a dos personas por la presunta venta de productos falsificados, cuya actividad legitimamos los consumidores?

La pregunta es vieja. Viene planteándose desde la persecución del top manta o la venta ambulante, criminalizada por tratarse de personas racializadas. Se trata de una actividad comercial que ha existido siempre en España con amplia aceptación social, pero que se convirtió en un problema de Derechos Humanos desde que en las dos últimas décadas la realizan también personas empobrecidas y señaladas por su color.

La vieja pregunta tiene una respuesta racial: hace falta ser de tez oscura. Por irritante que resulte, sabemos que ninguna autoridad local persigue en moto a los vendedores ambulantes de ajos, melones, flores o camisetas del Real Madrid que comercian en las aceras de todos los distritos de Madrid a diario. La desproporción de la respuesta de las autoridades locales, como lo es seguir en moto a vendedores ambulantes cuando no se sabe ni lo que venden, quita máscaras.

La vieja pregunta tiene respuestas económicas: autoridades locales con competencias vecinales al servicio de los intereses industriales de grandes empresas. Aunque la actividad comercial de subsistencia de los manteros la legitimemos los consumidores adquiriendo esos productos, la Policía de proximidad persigue este comercio con costosos medios represivos. La investigación de los delitos relativos a la propiedad industrial –el delito por el que se criminaliza al vendedor ambulante racializado– es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Policía de Aduanas. Va a ser difícil justificar que la Policía Local actuara de oficio y sin denuncia previa en la persecución de Mmame Mbage, el hombre senegalés de 35 años muerto este jueves en Lavapiés.

La vieja pregunta tiene respuestas tangibles: no importa que cualquier consumidor digital pueda adquirir a golpe de clic todos los productos falsificados que quiera, la evidencia es que se acosa al vendedor pobre y de tez oscura. Sólo ésta última condición se persigue en moto.

La vieja pregunta ha tenido una gran contestación social por su realidad racista, antidemocrática y contraria a la dignidad humana. Aquella contestación fue acogida por Ahora Madrid, el partido que gobierna la ciudad. Aquella novedad electoral albergaba la esperanza de que esta vieja pregunta tenga una firme respuesta política acorde con los Derechos Humanos y podamos dejar de hacérnosla. Y tenemos dos respuestas: o los policías locales han actuado al margen de la cadena de mando del Ayuntamiento, o tenemos una evidencia trágica de que las fronteras municipales permanecen intactas en su función represora.

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Javier García Pedraz es psicólogo y periodista. Miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Salud y Derechos Humanos.