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El debate para la legalización del aborto en Argentina ha llegado este año al Congreso tras seis intentos fallidos. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado a comienzos de marzo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, lucha por garantizar el acceso legal, seguro y gratuito al aborto hasta la semana catorce de embarazo. Propone que se pueda realizar en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, y que no requiera de autorización judicial alguna. Ha empezado a discutirse el 20 de marzo bajo el histórico lema: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”. El proceso, que consta de comisiones en las que cada diputado puede presentar “varios expertos para argumentar su postura”, durará cerca de un año y deberá ser aprobado por el Congreso y ratificado por el Senado.

Actualmente, en Argentina, el aborto es legal si la vida o salud de la mujer corre riesgo o si ha sido violada. Esta ley, denominada Interrupción Legal del Embarazo (ILE), no ha sido dotada de medidas que la hagan efectiva. Sólo nueve provincias de las 25 cuentan con protocolos para ponerla en práctica, por lo que en el resto del país o no se cumple o bien lo hace parcialmente y sin garantías.

La propuesta de Ley ILE se parece mucho a la aprobada en España en 2010, que permitía abortar hasta la semana catorce de embarazo “por el motivo que sea”, en clínicas públicas y privadas acreditadas. Las mujeres mayores de 18 años –que tengan todos los papeles “en regla”– tienen derecho a interrumpir libremente su embarazo de manera gratuita. Las menores de edad deberán acudir acompañadas del padre, madre o tutor. La propuesta ILE en Argentina apuesta por bajar la edad de consentimiento requerido hasta los 13 años.

Se estiman en 450.000 los abortos practicados al año en Argentina, una cifra difícil de contrastar al tratarse de prácticas clandestinas, según aclara el informe de Amnistía Internacional Argentina de 2017 que lo recoge. El Ministerio de Salud señala que es la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes según los datos oficiales publicados en 2016. Es decir: de 245 muertes maternas, al menos 43 fueron a causa de complicaciones en abortos. Mario Sebastiani, médico y autor del libro Aborto seguro y legal, asegura que hay mujeres que ingresan en hospitales víctimas de abortos mal practicados que mueren por causas que no son tipificadas como tal. Los datos pueden ser “trampeados” por las instituciones, “es una decisión del médico vincular la muerte con un aborto clandestino”.

El último estudio en el que Amnistía Internacional analiza la opinión pública argentina, en marzo de 2018, refleja que el aborto es una realidad cercana e impactante. Casi cinco de cada diez entrevistados, hombres y mujeres adultos de todos los ámbitos socioeconómicos, dice conocer a alguien que haya interrumpido voluntariamente un embarazo.

El “Pañuelazo” fue el detonante de que Mauricio Macri, presidente argentino, anunciase el traslado del debate de la cuestión al Congreso. La marcha masiva del 19 de febrero, una marea de pañuelos verdes insignia a favor del aborto, colocó de nuevo el tema en l agenda. La multitudinaria manifestación feminista de repercusión mundial del 8 de marzo lo reafirmó.

Las posturas del Congreso no son unánimes, tanto del lado del Gobierno de Cambiemos como en el de la oposición. Habrá “libertad de acción” para los legisladores con respecto a sus formaciones políticas, explicaba Macri durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso a principios de marzo. Sin embargo, el presidente recalcó que personalmente está “a favor de la vida”, pero que espera que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. La Iglesia ha reclamado un debate “sincero y profundo”, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, y el Papa Francisco se ha pronunciado en la discordia llamando a los argentinos “a defender la vida”.

Paralelamente, 18 diputados han presentado la Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer. Proponen que deben ser garantizados los derechos de la madre con una asignación especial en caso de violación, asistencia médica integral, “a no ser presionada por el medio externo para abortar” y el derecho a una Asignación Universal por cada hijo por nacer. Un subsidio que recibiría la mujer desde el inicio del embarazo: fue el “gesto coherente” tomado por la anterior presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante su reiterada oposición a la legalización del aborto durante sus dos mandatos.

En noviembre de 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio varias recomendaciones a Argentina. El informe invita al país a “crear las leyes necesarias que permitan a las mujeres acceder a servicios completos de salud reproductiva, incluida la educación sexual integral, la planificación familiar, prevención y respuesta a la violencia sexual y de género, segura, el aborto legal y la atención post-aborto”.

La despenalización no obliga a abortar

“El aborto debe abordarse como una problemática de salud pública, evitando criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que se ven obligadas a realizarlo en condiciones inseguras e insalubres, poniendo en riesgo su vida y su salud”, afirma Samanta Acerenza, diputada de Cambiemos, el partido del Gobierno, que apoya la ley en su crónica de la Revista Anfibia. Acerenza aleja el debate de puntos morales, filosóficos y personales. E insiste en que la despenalización del aborto no obliga a abortar, sino que legaliza y brinda seguridad a quien decide hacerlo, evitando situaciones de clandestinidad que causan la muerte a miles de mujeres.

El exministro de Educación, hoy en día senador, Esteban Bullrich, alude a la posible inconstitucionalidad de la ley que despenalizaría el aborto. “La Constitución argentina establece que la vida es desde la concepción; la ciencia demuestra que hay un cuerpo, y el Estado también lo hace al pagar un subsidio a una mujer embarazada”, aclara Bullrich. 

La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a “toda persona desde el nacimiento hasta los 18 años”. Sin embargo, en su adhesión a la convención, Argentina hizo una reserva ante dicho artículo matizando que se considerará niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Una idea que también está incluida en el Código Civil. “El ordenamiento jurídico argentino ha tomado la posición por la existencia de la vida desde la concepción”, señala Félix Lonigro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por ahora, según señala una exhaustiva encuesta realizada por la agrupación Economía femini(s)ta, el voto contra la despenalización es mayoritario. La oposición a la ley se acentúa en las provincias del interior –entendiendo como interior todo lo que no es Buenos Aires– debido a la gran influencia de la Iglesia. Las ausencias de estos diputados favorecerían el “no” de la propuesta. En la calle, las chicas que acuden a un encuentro de la activista en pro del aborto Cecilia Checha Merchán también son pesimistas al respecto, “aunque las redes sociales estén ardiendo”. El informe de AI y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) desvela que el 59% de la población argentina estaría a favor de la despenalización del aborto.

Abortar no es del todo “ilegal”

El Código Penal, en el Capítulo I “Delitos contra la vida”, penaliza “a todo aquel que realice un aborto con prisión de uno a cuatro años, y de seis años en caso de que se produjese la muerte de la mujer”. Estas condenas están dirigidas a médicos, farmacéuticos y aquellas personas “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo” y no para las mujeres que abortan.

Esta ley se aplica vagamente: apenas hay condenas y denuncias. Por lo que el asunto se convierte más en un tema filosófico-moral que práctico. Sin embargo, en algunas ocasiones recae contra la mujer. Así fue en el caso de Belén, una joven que sufrió un aborto espontáneo en marzo de 2014 en el hospital Avellaneda de la capital de Tucumán. Fue condenada a 8 años de prisión por un “homicidio agravado por el vínculo” tras ser denunciada por el mismo hospital al que acudió. Finalmente fue liberada tras dos años y medio en la cárcel por irregularidades en su detención.

La legislación actual sobre el aborto, aprobada y vigente desde 1921, exime de esta pena en los casos en los que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, si el embarazo se ha producido a raíz de una violación, o “si proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. 

En 2012, la Corte Suprema se pronunció con el fallo “F.A.L”, en el que se resuelve que las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial ni temor a sufrir una posterior sanción penal. También se exime de castigo al médico que practique la intervención. Para ello sólo sería necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.

En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación desarrolla el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE). En él se retoman las ideas del “F.A.L.” de 2012 y agrega consideraciones físicas, psíquicas y sociales a ser tomadas en cuenta a la hora de abortar legalmente, y aclara que el peligro para la salud de la mujer “puede ser potencial”. Las organizaciones feministas y pro Derechos Humanos que están trabajando al respecto (Amnistía Internacional, FUSA AC, Católicas por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Fundación Huésped en septiembre de 2017) recuerdan que lo preocupante es que no es efectivo en más de la mitad del país porque no se han establecido mecanismos prácticos para hacerlo posible.

Apenas 9 de las 25 jurisdicciones realizan abortos que el Protocolo ILE contempla, según este grupo de organizaciones. Otras siete, entre las que se incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con requisitos que dificultan el acceso al aborto seguro y, los ocho restantes, directamente no cuentan con normas ni medidas que respalden en ninguna medida el protocolo.

Aunque sin duda, lo más preocupante es la falta de acceso a la información. “Cuando una mujer acude a su médico normalmente no es aconsejada con el abanico de opciones que tiene. Hay un discurso hegemónico de los médicos. No se ofrece el aborto como opción, en algunos casos por miedo, en otros por creencias. Algunos tienen miedo a recetar Misoprostol –medicamento abortivo–, o no informan de que existe”, explica Checha Merchán, exdiputada del Congreso y actual parlamentaria del órgano de gobierno de Mercosur.

Josefina es estudiante de obstetricia de la UBA y reclama que en la universidad no les están educando en torno al aborto. “Todo lo contrario”, remarca. “Es más, paradójicamente, la formación obstétrica es patriarcal y violenta con las mujeres”. Además denuncia la falta de estudio de los casos particulares de cada mujer y que en el ámbito académico para el profesorado “abortar nunca sea una opción”. Los profesores que están a favor de la liberalización del aborto son una absoluta minoría y están relegados a asignaturas optativas.

¿Opciones? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un reciente estudio publicado en The Lancet, estima en unos 25 millones los abortos realizados cada año de forma insegura, lo que produce alrededor de 47.000 muertes de mujeres en todo el mundo. La mayoría de abortos peligrosos –el 97%– se produjo en países de África, Asia y América Latina, añade el informe. En los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro –este es el caso de Argentina.

Restringir el acceso al aborto, resalta la OMS, no reduce el número de abortos. Por ejemplo, en países de Europa occidental o Norteamérica las tasas de abortos son las más bajas. En España –donde el aborto está legalizado desde 2010–, se produjeron algo menos de 94.000 abortos en el año 2016, según datos del Ministerio de Sanidad español. Es decir, en Argentina, un país similar en número de habitantes a España, se producen casi cinco veces más abortos. 

Nadie asegura nada, pero por la calle se oye que abortar en clínicas privadas de forma clandestina suele costar unos 25.000 o 30.000 pesos –unos 1.000 euros–, una cifra nada desdeñable para una buena parte de la población. Habitualmente para estas intervenciones se utilizan métodos quirúrgicos, lo que sin duda conlleva muchos riesgos dependiendo de la salubridad del lugar donde se lleve a cabo. Sin embargo, desde hace unos años hay una alternativa más económica. Se llama Misoprostol, y es un medicamento abortivo –que también tiene otras aplicaciones– que puede ser usado “en casa” hasta la duodécima semana de embarazo mediante contracciones en el útero.

“El Misoporstol nos cambió a todas. Dejamos de tener miedo de caer o de que otras caigan en hospitales clandestinos”, dice Cecilia Merchán. Mientras, otras de sus compañeras de agrupaciones feministas en pro de la despenalización del aborto ojean el Manual para abortar con pastillas de Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. 

Mónica Macha actualmente es diputada y pertenece a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En 1999 inauguró en Morón –una población de la provincia de Buenos Aires– una consejería de embarazos no planificados, una iniciativa que se trasladó a otros puntos del país por distintos colectivos de mujeres. Crearon una serie de redes clandestinas, presenciales o por teléfono, que protegían y acompañaban a las mujeres que querían abortar hasta la última ecografía que lo confirmase. “Llegamos a las cero muertes por abortos en Morón. Ahora, desde que está Macri llevamos ya tres”, denunciaba consternada.

Desde que Macri está en el poder el precio del Misoprostol ha subido un 400%, hasta los 2000 pesos (unos 80 euros), aseguran agrupaciones como La Colectiva, Máximo Paz, Aquelarre, Mujeres en Red o Frente de mujeres Movimiento Evita. También hablan de que algunas farmacias se niegan a vender el medicamento incluso con receta o que exageran los precios para que sea imposible comprarlo. Para ellas, como feministas, con la situación de ilegalidad del aborto que se vive ahora mismo en Argentina, se impone un mandato estatal y patriarcal sobre la maternidad y los cuidados.

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 @beahpino