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[Este reportaje está escrito horas antes de la decisión del Supremo Tribunal Federal, que ha decidido enviar a Lula a la cárcel a la espera de una sentencia definitiva]

Ejecutan a la concejala Marielle Franco cuando vuelve a su casa en Rio de Janeiro. El diputado evangélico, Marcos Feliciano, le dedica un chiste: “Cuando a un izquierdista le pegan un tiro en la cabeza tarda en morir una semana, el tiempo en que la bala demora para encontrar su cerebro”.

Cometen un atentado contra un expresidente, tres tiros a los autobuses de la comitiva de Lula da Silva en Paraná. El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, comenta: “Recogen lo que plantaron”.

El segundo candidato favorito para las presidenciales de octubre en un discurso de precampaña hace el gesto de disparar sobre una foto del expresidente Lula da Silva. Se trata del diputado Jair Bolsonaro, y el hecho ocurrió horas después del atentado contra el petista.

El fiscal del Ministerio Público de Curitiba, Delton Dallagnoll, a cargo de investigar el mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña –operación Lava Jato–, promete que va a ayunar y rezar para que el Supremo Tribunal Federal se decida por encarcelar a Lula da Silva.

La lista podría continuar. No son comportamientos excepcionales, ni anécdotas que se salen del tiesto, sino ejemplos diarios del ambiente de violencia y polarización que se vive en Brasil. Si las declaraciones anteriores vienen de miembros del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo que se lee en las redes y se escucha en las calles solo empeora. “Hace tiempo que Brasil vive en un clima de guerra civil”, dice el filósofo Vladimir Safatle.

En el epicentro de este huracán de agresividad está Luiz Inácio Lula da Silva. No en vano, de los cuatro ejemplos anteriores, tres le sitúan como protagonista. El que fuera el presidente más popular de Brasil, que sacó a más de treinta millones de personas de la miseria y logró el “pacífico acuerdo social” entre los pobres y las élites, hoy representa la escisión de un país. Está condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, y tiene otras siete causas abiertas con la justicia. Una parte de la sociedad le manifiesta un odio atávico. Y la otra, pide su vuelta a la presidencia. Es el candidato favorito para los comicios de octubre, pero tiene un ejército –metafórico y literal– que le quiere ver entre rejas, eliminado, fuera de juego.

Lula es el candidato favorito para los comicios de octubre, pero tiene un ejército –metafórico y literal– que le quiere ver entre rejas, eliminado, fuera de juego

El Supremo, entre la espada y la pared

Las filias y fobias que provoca el expresidente aumentaron esta semana ante la espera del veredicto del Supremo Tribunal Federal (STF) que juzgará si le otorgan o no el Habeas Corpus que solicitaron los abogados del petista. Si lo concedieran, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) podría esperar en libertad el resultado de las apelaciones en los tribunales superiores a su condena en segunda instancia. Si lo rechazaran, podría entrar en prisión esta misma semana. 

Los magistrados del STF son conscientes de que en su veredicto del miércoles 4 de abril además de la libertad del expresidente Lula, está en juego la estrategia de la campaña electoral del mes de octubre –Lula asegura que si es necesario hará campaña desde la cárcel pero los resultados pueden ser muy diferentes.También se juegan la imagen, ya muy deteriorada, del propio Tribunal Superior Federal, y un posible recrudecimiento del clima de violencia que se respira en el país.

Los dos bandos han sacado todas sus cartas. El lunes 2 de abril mil juristas presentaron una petición al STF para pedir que no se lo dieran. La Fiscal General de la República, Raque Dodge, suscribió la petición al alegar que en 2016 el STF ya votó a favor de que pudieran entrar en la cárcel de manera inmediata los condenados en segunda instancia. Según estos magistrados, si el STF tomara una decisión contraria a la que tomó hace dos años, demostraría algún tipo de privilegio legal para el expresidente.

El mismo día otros mil juristas presentaron otra carta en la que solicitaban al STF que sí concedieran el Habeas Corpus, al considerar este mecanismo jurídico como un derecho fundamental de la Constitución que defiende la presunción de inocencia hasta una condena definitiva: “Los jueces del Supremo no deben verse empequeñecidos por repensar su decisión en favor de los derechos fundamentales”, decían en el comunicado. 

Los once magistrados del STF también sufren la presión de las calles. A primera hora del 2 de abril Rio de Janeiro se levantó con pancartas de “Lula libre” en los principales puntos turísticos de la ciudad. Autobuses tanto de defensores como de detractores del expresidente salieron de un centenar de ciudades para que sus manifestantes estuvieran el miércoles 4 en Brasilia a las puertas del STF para pedir eso de “libertad” o “cárcel”. Los grandes medios colaboraron con los anti lulistas y publicaron en sus páginas las convocatorias de protestas de “Vem para Rua” y Movimiento Brasil Libre (MBL), los principales movimientos anti Lula, con el lema de “Si no vienes, él vuelve”. 

Los contrarios al expresidente le consideran el culpable de los escándalos de corrupción del país, viven como una provocación que quiera presentarse a los comicios tras ser condenado. Piden su entrada inmediata en prisión como una muestra de que la lucha anticorrupción funciona. Lo seguidores del petista consideran que el expresidente sufre un juicio político, una sentencia injusta con pruebas insuficientes, y una condena que tendría como objetivo evitar que gane las elecciones de octubre y “concretar el golpe de estado que sufrió Dilma Rousseff”. 

La sombra de los militares 

El clima de hooligans de final de Champions con el que se vive este juicio hizo que la presidenta del STF, Carmen Lúcia, grabara un vídeo pidiendo “serenidad”. “El fortalecimiento de la democracia depende de la cohesión cívica para que todos tengamos una convivencia tranquila. Debemos respetar las diferentes opiniones”, insistió la jefa del Supremo. Al día siguiente el general del Ejército de reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa respondió: “Si el Supremo deja en libertad a Lula no quedará otra opción que la intervención militar para que las Fuerzas Armadas restablezcan el orden del país”. 

Las palabras del general suenan más amenazadoras en un momento en el que menos del 20% de los brasileños confía en el Congreso. El presidente de la República apenas tiene un 3% de aprobación, mientras que el Ejército es valorado muy positivamente por el 65% de la población, según el Ibope. El segundo candidato favorito por detrás de Lula, Jair Bolsonaro, es un exmilitar misógino, homófobo y racista que tiene a Donald Trump como modelo. 

El país del “hombre cordial” que definió el historiador Sergio Buarque de Hollanda en los años treinta hace aguas. Y no parece exagerado hablar de Brasil como el país del hombre violento. La propia presidenta del Supremo decía esta semana: “Vivimos tiempos de intransigencia y violencia, no podemos seguir así”. Amenazas de muerte a magistrados del Supremo, ejecuciones de activistas de derechos humanos, persecución a profesores de secundaria y de universidad, también a artistas contemporáneos calificados como “comunistas” por parte de grupos de extrema derecha como el Movimiento Brasil Libre (MBL) que tienen millones de seguidores en las redes. 

Algunos expertos señalan las elecciones de 2014 –que ganó Dilma Rousseff y fueron seguidas por un proceso de impeachment que duró año y medio y acabó con su destitución– como el punto de inflexión que marcó el clima de odio que se vive en Brasil y que parece aumentar cada día. Esos comicios marcaron una división simbólica entre lo que empezaron a llamar coxinhas (los conservadores de derecha) y petralhas (que agrupa toda la izquierda). Una división irreconciliable en la que los matices entre uno y otro grupo se difuminan y las diferencias se agrandan. 

Los escándalos de corrupción que han afectado a más de la mitad de los partidos del Legislativo, al actual Ejecutivo y a gobiernos anteriores han provocado una mayor radicalización entre los electores y un crecimiento del sentimiento de anti política

Los escándalos de corrupción que han afectado a más de la mitad de los partidos del Legislativo, al actual Ejecutivo y a gobiernos anteriores han provocado una mayor radicalización entre los electores y un crecimiento del sentimiento de anti política, aseguran algunos expertos: “Las redes sociales y las fake news de ambos grupos han sido claves para que los ánimos se caldearan. Los insultos y los tratamientos que se ven en las redes muestran una especie de “todo vale” que pone en cuestión los límites de la libertad de expresión. El brasileño está insatisfecho y destila odio”, dice Paula Martins, directora Ejecutiva de la ONG de Derechos Humanos, Artigo 19.

Una encuesta de la agencia Comunica Muda del pasado año señala “los números de la intolerancia” del internauta brasileño. Los comentarios de odio tenían como primer objetivo al Congreso Nacional. Las mujeres eran la segunda diana con frases misóginas y machistas. Los homosexuales era el tercer grupo vilipendiado, y después venían los alegatos racistas que ocupaban el cuarto puesto en el ránking.

Ese tipo de comentarios fueron los que predominaron pocos días después de la ejecución de la concejala y activista de Derechos Humanos, Marielle Franco. Las fake news publicadas en medios conservadores donde acusaban a Franco de estar relacionada con narcotraficantes se acumularon durante 48 horas. Una vez demostrada la falsedad de los relatos dos grandes medios como Globo y el diario Extra mostraron su rechazo ante los comentarios racistas, y violentos de sus lectores. Los editores de Extra publicaron un artículo para explicar a los brasileños el significado de los derechos humanos. 

Las reacciones ante el atentado que sufrió la semana pasada el expresidente Lula da Silva cuando hacía su precampaña por el sur de Brasil mantuvieron el mismo nivel de violencia, incluso entre figuras del Ejecutivo, como el caso del gobernador de Sao Paulo. “Es inconcebible que los políticos hayan reaccionado de esa manera. Nunca antes en la historia un presidente brasileño había sido tiroteado, si no se condena un acto así, qué es lo que nos queda. Los tiros que dispararon contra el autobús de Lula no fueron contra un candidato, sino contra nuestra democracia”, dijo el profesor de Ciencia Política de la Fundación Getúlio Vargas, Marcos Teixeira.

Los principales líderes de izquierda como Guilherme Boulos (PSOL) y Manuela D’Ávila (PCdoB) se han alineado junto al expresidente Lula para “defender la democracia que está en riesgo en nuestro país”, decían la pasada noche del lunes en el que podría ser el último acto público del sindicalista de San Bernardo. 

El filósofo y articulista de La Folha de Sao Paulo, Vladimir Safatle, asegura no sorprenderse por las reacciones que se han visto las últimas semanas en relación a la ejecución de la concejala o el atentado del expresidente, porque entiende que la sociedad cada vez está más iracunda, y advierte a la izquierda: “Nunca pensamos que puedan venir tiempos peores y creemos que la democracia está a salvo. Que no nos llame la atención un giro todavía más autoritario en Brasil”.